Saab afirma que justicia venezolana es más eficiente que en Colombia y Chile
Tarek William Saab informó que fue desmantelada una red en el Saime de Apure que estaría dando cédulas a ciudadanos irregulares
El fiscal designado por la ya extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, aseveró este jueves 7 de octubre que al lograr una «condena ejemplar» sobre los dos funcionarios de la Policía del Táchira señalados de ser los responsables de dejar ciego al joven Rufo Chacón, el caso «retumba» en países como Chile y Colombia -que respaldan a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela- al comparar la actuación del Ministerio Público bajo su gestión con lo de los países mencionados.
En su ya acostumbrada alocución de los jueves, Saab aseveró que «brilla por su ausencia» la aplicación de justicia contra los funcionarios que lesionaron o agredieron a manifestantes en Colombia y Chile; declaraciones que surgen mientras que la directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Rosa Orozco, así como un grupo de víctimas solicitaron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) “tomar las medidas necesarias” para que se investiguen debidamente crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y puedan obtener justicia.
Colombia y otros países elevaron ante la CPI una denuncia por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad por parte del Estado venezolano y es un proceso del cual se espera respuesta para saber si seguirá o no su curso. Las autoridades venezolanas por su parte han presuntamente entregado pruebas de su actuación contra crímenes de lesa humanidad y desde hace algunas semanas se ha hecho énfasis en las acciones que habrían tomado en pro de la defensa de los DDHH en el país.
«Es una vergüenza que estos países, integrantes del Cartel de Lima, pretendan dar lecciones sobre derechos humanos a través de sus ONG pagadas (…) En nombre del Ministerio Público, garantizo que siempre vamos a estar a la vanguardia. Nuestras puertas están abiertas para nuestras cifras y expedientes sean revisados; para que se constante cómo se defienden los derechos humanos aquí», destacó Saab.
Subrayó que las protestas que ocurrieron en Chile representó un «caldo de cultivo» contra un grupo de migrantes venezolanos en la nación austral, quienes fueron víctimas de acciones violentas tras registrarse la quema de sus pertenencias por parte de ciudadanos chilenos.
Aprovechó la ocasión para saludar el envío de una misión de observación por parte de la Unión Europea para las elecciones de noviembre.
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Desmantelada «mafia» del Saime en Apure
Por otro lado, Tarek William Saab informó que fueron detenidos varios funcionarios del Saime en el estado Apure por supuestamente estar inmersos en una red que daba documentos falsos a irregulares colombianos, así como a ciudadanos mexicanos y estadounidenses presuntamente vinculados con narcotráfico, grupos paramilitares y organizaciones criminales.
Refirió que tras la detención de dos hombres de nacionalidad colombiana, a quienes se les encontró una cédula venezolana, dijeron que habían pagado unos $1.000 para obtener el documento de identidad, el cual fue forjado con la misma foto de uno de ellos que sale en su documentación colombiana.
Estas personas habrían pagado a los del Saime del municipio Biruaca para tener dicha acreditación. En ese sentido, informó que fueron arrestados Maycol Forero, colombiano, quien portaba la cédula venezolano a nombre de José Querales con la misma fotografía de la cédula colombiana; Jhon Laverde, colombiano, Daisis Querales, enlace entre los colombianos y el Saime; Jhonatan Caraballo, técnico de Oficina del del organismo en Apure; Irwin Pérez, jefe del Registro Civil del municipio Biruaca, fue quien validó la partida de nacimiento forjada de uno de los colombianos para introducirla en el Saime; Carmen Celis, fiscal del Registro Civil e Identificación del CNE, fue quien validó la partida de nacimiento que le entregó Pérez.
Junto a ellos fueron aprehendidos por el Dgcim el perito del Saime Aris Solórzano, quien tramitaba documentos a personas extranjeras (colombianos y estadounidenses) a cambio de dólares; José García, encargado de Bóveda; César Ochoa, trabajador de atención al público, considerado enlace con los grupos criminales para tramitaciones de cédulas y pasaportes; Vicente Millán, personal de Mantenimiento, presunto enlace con los grupos criminales para tramitaciones de cédulas; Angel Bolívar, trabajador del Saime, enlace con los grupos criminales para tramitaciones de cédulas.
Estas personas fueron imputadas por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia agravada, asociación para delinquir, uso de documento público falso, forjamiento de documento público, alteración de libro y documentos públicos, obtención ilegal de lucro. Además, dijo Saab, se dictó una orden de aprehensión contra otro de los implicados identificado como Johan González.
«Los funcionarios venezolanos que lamentablemente se dejen comprar por estos grupos, recibirán todo el peso de la ley. Están actuando como apátridas al asociarse con grupos extranjeros para dañar la paz republicana», fustigó.
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Golpe duro a las estafas inmobiliarias en Bolívar
Tarek William Saab también informó sobre la detención de cuatro personas por estar presuntamente involucrados en un caso de estafa inmobiliaria en el estado Bolívar. Al parecer, estos sujetos habrían usado una empresa llamada Inmobiliaria Grandes Inversiones para hacer un grupo de empresas en 2014 con las que ofertaban terrenos, apartamentos, locales comerciales y town houses; iniciaban la construcción para captar clientes y cuando recibían el dinero completo, paralizaban la obra con tan solo el 12% de avance.
Los señalados fueron identificados como Evinger Claudelid Flores Vargas, Carlos Mascia Cisterino, Víctor Hugo Albornoz Torres y Marcos Carrillo París y actualmente están evadidos de la justicia en otras naciones; por lo que indicó el fiscal que solicitaron a Interpol alerta roja de captura para que paguen por su delito en Venezuela. Se les acusa de presuntamente cometer los delitos de estafa inmobiliaria y asociación.
«Contra estos mafiosos y hampones no puede haber clemencia. Estamos pidiendo a Interpol que personas que han delinquido en nuestro país sean detenidos y entregados a la justicia venezolana. Pedimos que no se encubran en ser supuestos perseguidos políticos, que parece que eso abunda. Cometen sus crímenes en Venezuela y aparecen recubiertos con el manto de refugiado o perseguido», exclamó.
