Se cumple un año de polémicas sentencias del TSJ que propiciaron protestas en 2017
Una decisión que cambió el rostro de Venezuela se registró tal día como hoy pero en 2017, cuando el TSJ emitió un decreto en el que asumía las funciones parlamentarias de la Asamblea Nacional y que le quitaba la inmunidad a los diputados de la Cámara, de mayoría opositora. Eso y las declaraciones de Luisa Ortega Díaz al decir que había una «ruptura al hilo constitucional» fue el origen de las protestas antigubernamentales
El pasado 28 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia emitió dos sentencias polémicas en contra de la Asamblea Nacional, que serían la génesis de las protestas antigubernamentales de ese año, que dejó más de 150 fallecidos en cuatro meses de actividades violentas en las calles de Venezuela y la condena de la comunidad internacional al gobierno de Nicolás Maduro.
Al considerar que el Parlamento continuaba en «desacato», debido a la reincorporación de los diputados del estado Amazonas al Hemiciclo (situación cuestionada por supuestas irregularidades durante las elecciones de 2015 en la entidad por supuesta compra de votos), a través de las sentencias 155 y 156 el TSJ se adjudicó tal día como hoy la potestad de definir los límites de la inmunidad de los parlamentarios, y asumir las competencias de la Cámara en virtud del estatus de «desacato».
El 31 de marzo, la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz -que para ese entonces era aliada del chavismo y que había permanecido en silencio por un prolongado espacio de tiempo- denunció que con estas decisiones se había roto el orden constitucional y manifestó su preocupación por tal evento.
Mientras se producía esta declaración decenas de ciudadanos guiados por dirigentes de la oposición venezolana participaban en una segunda protesta callejera en Caracas, unas manifestaciones que, hasta ese momento, se mantenía tibias y no participaban más de un centenar de personas.
Días después de las sentencias, el 1 de abril, el Supremo dio marcha atrás en las controvertidas decisiones e informó de que «suprimía» algunas partes del polémico mandato, dejando sin efecto la decisión de asumir las competencias del Parlamento.
Pero la denuncia de Ortega fue combustible para el antichavismo que se había desanimado tras un 2016 de numerosas manifestaciones en pro de un referendo revocatorio presidencial que finalmente fue negado por el Supremo y por el Consejo Nacional Electoral.
Miles de ciudadanos salieron a las calles de Caracas el 1 de abril para pedir al entonces defensor del pueblo, Tarek William Saab, que declarara la «falta grave» de los magistrados que firmaron las sentencias y así poder destituirlos en el Parlamento.
Saab se mantuvo imperturbable con el argumento de que el Poder Judicial finalmente reculó en ambas sentencias.
El ánimo de los manifestantes, que se multiplicó en los 23 estados del país, fue en aumento y con ello la respuesta de las fuerzas del orden que, según denuncias de varios organismos internacionales, cometieron abusos y causaron la muerte de algunos de los participantes.
Entretanto, el mandatario Nicolás Maduro se atrincheró en el palacio presidencial de Miraflores mientras su imagen caía en la comunidad internacional que le reprochaba su accionar «antidemocrático».
Durante el fragor de las protestas, el Día del Trabajador, el 1 de mayo, Maduro propuso elegir una Asamblea Constituyente (ANC) sin el referendo previo que indica la Constitución, lo que generó el rechazo de numerosos gobiernos y estimuló la animadversión en las calles que ahora se llenaban de gente repudiando esos comicios.
Una vez que el número de muertos, heridos y detenidos ya era mayor a un centenar en cada una de estas categorías, la Asamblea Nacional designó, en un acto realizado en la plaza Alfredo Sadel el 21 de julio de ese año, nuevos magistrados que fueron perseguidos de inmediato por el TSJ señalado de romper el hilo constitucional y que derivaría su posterior constitución en «el exilio».
Nada de lo que ocurrió dentro del país petrolero ni la estampida de advertencias que se hicieron desde el extranjero detuvo la cuestionada elección que se concretó el 30 de julio -en la que solo participaron afectos al oficialismo- entre protestas que ocasionaron una decena de muertos y significó el fin de las manifestaciones.
Aunque el chavismo se ufana de haber obtenido con esas elecciones una victoria de paz, el costo político de sus decisiones aun hoy lo sigue pagando, después de que Estados Unidos declarara a Maduro como un «dictador» y se emprendieran sanciones sistemáticas desde decenas de países contra su Administración.
El Gobierno venezolano estrenó los poderes de la ANC, integrada solo por oficialistas, para destituir el 5 de agosto a Ortega Díaz que denunció la «ambición dictatorial» de Maduro, y fue sustituida por Tarek William Saab.
La mayoría de las familias de las víctimas de la oleada de protestas reclaman aún hoy justicia por estos casos al punto de que la Corte Penal Internacional decidió abrir un examen preliminar a Venezuela por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones como en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores.
Con información de EFE
