«Se requiere apoyo internacional para investigar la gran red de corrupción en Venezuela»
Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, sostiene que el drama de la corrupción en Venezuela no es más que producto del incorrecto funcionamiento de las instituciones contraloras al resto de los entes del Estado. Recalca que el sistema de justicia ha sido complaciente y que la primera medida que se tome para acabar con las irregularidades en el sector público pasa por reformar desde el TSJ hasta el Ministerio Público
«Es mucho y muy difícil llevar a cabo todo lo que hay que hacer para adecentar a la administración pública venezolana. Hay que empezar pronto, mientras mas tarde empecemos, más vamos a tardar, más se va arruinar el país y será más difícil de cambiar», afirmó la directora de la organización Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas.
Desde el pasado viernes 17 de marzo se lleva a cabo en el país un operativo anticorrupción con en el cual se han detenido decenas de funcionarios de alto nivel, jueces y empresarios, involucrados en diferentes irregularidades. La ofensiva liderada por el gobernante Nicolás Maduro pretende —según sus propias declaraciones— acabar esta «batalla contra las mafias y la indolencia (…) caiga quien caiga».
A juicio de De Freitas, falta mucho para convencer que esta «batalla» no forma parte de un plan puntual y con motivaciones políticas, sino del convencimiento de la administración chavista de que existe un grave problema como lo es la corrupción generalizada en las instituciones del Estado.
Destacó que ante las grandes redes de corrupción que hay en el país es prioritario contar con un equipo capaz para investigarlas, apoyado en grupos internacionales con experiencia técnica y experticia financiera; pero que principalmente para iniciar los correctivos que deriven en una sana administración pública, es necesario cambiar todo el sistema de justicia.
Transparencia considera prioritario que para acabar con la impunidad se debe crear un Sistema Especial Internacional de Justicia contra la Gran Corrupción.
Hasta la fecha y en los recientes operativos realizados por la Policía Anticorrupción y el Ministerio Público, se han detenido 20 funcionarios de Petróleos de Venezuela, de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). También destaca el diputado oficialista Hugbel Roa «quien usaba su cargo para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban» y quien despachaba desde las oficinas de Petrocedeño ubicada en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Entre los delitos a imputar destacan el lavado de dinero, legitimación de capitales, asociación para delinquir, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, además de traición a la patria.
—¿Cree que los operativos anticorrupción realizados hasta ahora tienen más un motivo político que la intención real de acabar con la corrupción?
—Con lo ocurrido hasta ahora se podría pensar que es una oportunidad para iniciar un gran proceso anticorrupción, hacemos votos porque esto sea así, pero nos hace falta mucha más evidencia para poder creerlo. Demostrarlo no es solamente sancionar a los amigos de las personas que estaban relacionados con altos funcionarios públicos, sino que se investiguen los casos esté quién esté. Eso sería justicia.
En un plan de restructuración o anticorrupción no sirve solo cambiar los funcionarios, es prioritario cambiar los sistemas, los procesos y hay que separar a las empresas como Pdvsa de la gestión de gobierno, tiene que tener una gestión separada, diferente. El supervisor y el supervisado, por ejemplo, no pueden ser la misma persona y esto no solo lo estamos viendo en Pdvsa sino también en otras áreas.
—El fiscal Tareck William Saab informó que el Ministerio Público ha investigado 31 tramas de corrupción. ¿Este número es similar a los casos a los cuales Transparencia Venezuela ha hecho seguimiento?
—En Transparencia tenemos contabilizados 35 casos de corrupción, solo en Pdvsa, y esto haciendo seguimiento a las propias declaraciones del fiscal, pero no sabemos si es verdad que se han abierto las investigaciones porque no hay información detallada. De esos casos, siete pertenecen a Rafael Ramírez, otros tres a personas cercanas a Ramírez y otros funcionarios de alto nivel. No sabemos si han avanzado esas investigaciones.
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También Saab informó que se han procesado 167 personas, nosotros tenemos información solo de 20.
—¿Cree que deberían revisarse todas las gestiones de los funcionarios involucrados en la reciente trama de corrupción?
—De los funcionarios hoy detenidos es necesario la revisión de todas sus actuaciones cuando ejercieron otros cargos dentro de la administración pública. Debe ser así.
—¿Cómo se podría lograr tener una sana administración de las finanzas públicas para evitar irregularidades, cómo empezar?
—Por la justicia. La primera tarea sería una gran reforma del sistema, empezando por el Tribunal Supremo de Justicia en el cual se tendría que seleccionar a personas que estén más allá del bien y el mal, que nadie desconfíe de ellas. Necesitamos un sistema de justicia independiente, autónomo y con capacidad.
Por otra parte, para desentrañar toda esa gran red de corrupción es necesario que las personas que se seleccionen cuenten con conocimiento de las nuevas técnicas de investigación, análisis forenses, auditorías de procesos, entre otros.
Se requiere mucho apoyo internacional en este sentido para poder agregar capacidad a la debilidad institucional de Venezuela. Tenemos años sin que se hagan unas verdaderas investigaciones de las tramas de corrupción y hasta ahora se desconoce quiénes son las personas que trabajan en el área de lucha contra la corrupción.
—El caso venezolano luce bien complejo. ¿Cree que será una larga batalla esa lucha contra la corrupción?
—La tarea es gigantesca, nadie se puede engañar con que va a ser fácil tomar decisiones. Se necesita construir equipos transparentes de lucha contra la corrupción, necesitamos tribunales capaces, con personas seleccionadas entre los mejores y, repito, con apoyo internacional, porque este tipo de crímenes son muy complejos.
Los tamaños de las redes que se construyen entre funcionarios, empresas, grupos financieros, bufetes de abogados y analistas son gigantescos para poder lavar una gran cantidad de dinero. Los esquemas utilizados para desviar el dinero también son muy complejos, como el usado en el último caso Pdvsa Cripto, donde se utilizó el sistema de las criptomonedas. Son muy poderosos, además. Tienen mucho dinero para comprar la justicia completa de cualquier país.
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—¿Desde el punto de vista de procedimientos administrativos internos qué debe cambiar?
—Es prioritario transparentar toda la información pública, cualquier documento en cualquier formato que esté en manos de cualquier órgano del Estado tiene que ser público y de manera proactiva, no esperar a que alguien se la pida. Modificar leyes, darle capacidad a la gestión contralora, sancionar e impedir el nepotismo, los funcionarios deben además de hacer su declaración jurada de bienes, presentar su declaración de intereses y si tienen vinculaciones con empresas o sociedades.
Algo que es importante para acabar con los incentivos que genera corrupción, es la eliminación de los fondos paralelos al presupuesto como el Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional), las empresas estatales se deben convertir en empresas que generan recursos e impuesto al Tesoro nacional, la restructuración es total.
—¿Y desde el punto de vista del marco legal del país?
—Es importante también la aprobación de leyes importantes como la Ley de extinción de dominio que permitiría quitarle los bienes a los corruptos antes de las sentencias firmes y antes de que los transfieran a otras personas familiares o conocidas. También contar con la Ley de transparencia y acceso a la información, reformar la ley contra la corrupción para incluir algunos delitos como la ´sextorsión´ que en Venezuela se ha incrementado al usarse el sexo como moneda de soborno y extorsión.
—¿Cree que entre los propios funcionarios se han normalizado las irregularidades que ocurren en la administración pública?
—Hay que hacer cambios culturales importantes, la gente no puede esperar que su familiar que está en el gobierno le consiga un contratico, no puede ser, la tarea no es solamente en la estructura del Estado, es también la mentalidad y la cultura de los venezolanos.
La Policía Nacional Contra la Corrupción condujo una revisión en la Sunacrip tras la detención de Joselit Ramírez, señalado de estar incurso en una trama donde se desviaron 3.000 millones de dólares de Pdvsa a través de criptomonedas
El patrón de corrupción en Venezuela
La corrupción en el país es un tema recurrente desde que el gobierno de Hugo Chávez tomó el poder en el año 1999. El Plan Bolívar 2000, una misión social a cargo de militares, fue el primer caso de gran calado al detectarse un desfalco de 100 millones de dólares. Por esta investigación fue detenido en 2016, el militar retirado Víctor Cruz Weffer por presuntos casos de corrupción.
De acuerdo a lo que señala Mercedes De Freitas a TalCual, en los seguimientos que Transparencia ha hecho de la gestión pública, desde 2003 comenzó a perfilarse el patrón de gran corrupción en Venezuela. Todo ello además en un entorno de grandes ingresos petroleros.
«Desde 2003 comenzó a perfilarse este patrón de gran corrupción cuando se llevaron a cabo varias decisiones en diferentes áreas que afectaron la institucionalidad del país, entre ellos, la política de controles, las expropiaciones, los cambios en el sistema de justicia con la ampliación de los magistrados del TSJ y con afiliaciones al partido de gobierno», apuntó.
La debilidad de las instituciones es un hecho. «La Contraloría General de la República es hoy nada. Es prácticamente un cero. De hecho, apenas cuenta con 0,30% del presupuesto de la Nación», afirmó.
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Pero también, los abusos financieros cometidos desde incluso el Poder Ejecutivo, en detrimento de la principal empresa estatal Pdvsa (sobreprecios, emisión de bonos, uso de información privilegiada, y de la autoridad monetaria del país: el Banco Central de Venezuela (BCV) desde la exigencia de Chávez del «millardito».
—Venezuela está entre los países más corruptos en la región y en el mundo, ¿por qué ha ocurrido esto?
—Esta situación ocurre porque las instituciones no están cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y legales. Hay una autoridad que se debe encargar de las políticas públicas; otras instituciones deben hacer seguimiento, monitoreo a la gestión, exigir rendición de cuenta, hacer auditorías y contraloría permanente; y también otras instituciones que deben investigar posibles ilícitos y castigarlos. Este es el deber ser.
En el país existe un marco legal, no es el mejor del mundo y en todos estos años se ha reformado y reformado para minimizar los sistemas de contrapeso.
La institucionalidad responsable de la gestión se convirtió totalmente opaca. En Venezuela no tenemos información del presupuesto de la nación desde el año 2010, por ejemplo, a pesar que están obligados a rendir cuentas por la Constitución y las leyes de administración financiera. Además, las instituciones se han vuelto tan laxas que se creó una gran cantidad de incentivos para la corrupción, entre ellos, el control de cambio, el control de precios, que un mismo funcionario tuviera el doble cargo de supervisor y supervisado.
Es decir, todo ello desvirtuó las funciones de las instituciones y no están cumpliendo con su rol, atribuciones y competencias, sino que abusan de ellas.
En el lado de la instituciones contraloras como la Asamblea Nacional que desde hace años no convoca a los ministros o a cualquier otro funcionario para que explique la crisis que vive el país, de los casos judiciales que se investigan nacional e internacionalmente. No existen votos de censura y ha habido suficientes causales para ello. Vimos además como desde el alto gobierno se premiaba a un funcionario cuando había sido objeto de alguna censura.
—¿Cuál cree que ha sido las responsabilidad de la Contraloría General en todo lo que ocurre?
—La Contraloría General de la República no hace su trabajo de verificar las declaraciones juradas de patrimonio, de dar seguimiento a los informes de gestión ni tampoco los publica. El que tiene que hacer que el resto de la institucionalidad rinda cuentas tampoco rinde cuentas. No castiga, no sanciona, se queda callado y se convierte en un cómplice del incumplimiento de las instituciones del Estado.
Por otra parte, tenemos un sistema de justicia (TSJ, tribunales y Ministerio Público) que durante décadas no ha hecho investigación de los casos más importantes, en los cuales se han robado miles de millones de dólares, entre ellos los casos de la Misión Vivienda, Odebrecht, de Money Flight, de los casos de salud, de las compras con sobreprecio que se investigó en Argentina, entre otros. Es decir, tenemos un sistema judicial que ha sido complaciente. El Tribunal Supremo ha sido una herramienta para la censura y para mantener la opacidad.
—¿Cree que la reforma de la Ley de Licitaciones fue el primer detonante de la corrupción en el país?
—En este tema me gustaría responder primero lo siguiente: en Venezuela, primero se violaron las leyes existentes y luego las reformaron para legalizar lo que ya se venía haciendo de manera irregular.
La Ley de Licitaciones Públicas se reformó varias veces y en una de las últimas modificaciones se aprobaron varios aspectos que consideramos graves, una de ellas era que todos los contratos amparados en un acuerdo con gobiernos de otros países no requería licitación ni procedimientos; de allí entonces todos los acuerdos con los grandes aliados como China, Rusia, Turquía, Portugal, Italia, Argentina, Brasil y Ecuador, entre otros, permitió al gobierno venezolano contratar sin ni siquiera publicar los términos de esos contratos, no fue transparente. Todo Odebrecht se dio debido a esto, los acuerdos con Petrocaribe, el Sucre.
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-Vemos que una de las consecuencias de la corrupción es la merma en la calidad de vida de la población, debido a que no cuentan con una adecuada infraestructura hospitalaria, de servicios públicos o de transporte.
—Es importante que los ciudadanos entiendan que la corrupción atenta contra los servicios públicos, contra las vías de comunicación, que complica asuntos cotidianos y que vulnera los derechos humanos.
En el país, no hubo y no hay contraloría de las obras públicas inconclusas, las cuales se convirtieron en cadáveres de la corrupción. No hubo y no hay sanciones por ello.
