Seguridad jurídica, por Carolina Gómez-Ávila
Twitter: @cgomezavila
A los pies de Maslow, todos estamos en peligro de extinción y nos mueve el instinto, no la reflexión. Pero incluso en esos entornos hay individuos —y más frecuentemente, grupos de individuos— que tienen herramientas para sobreponerse y tratar de aportar al bien común, entendiendo que el bien común no es el de otros, sino el que necesitamos que todos disfruten para poder asegurárnoslo nosotros mismos.
Un ejemplo claro de eso es que no hubo progreso económico para los pueblos durante las guerras, así que la paz es un bien común para la sociedad. Quizás no todos sus miembros se beneficien del progreso económico que se puede dar gracias a la paz, pero la mayoría no puede obtenerlo si no la hay. Esto hace que la paz sea un bien común, uno muy deseable.
La seguridad jurídica también es un bien común. Cuando hay discriminación jurídica los miembros de la sociedad no pueden prever por sí mismos las consecuencias de sus acciones.
Como la paz, la seguridad jurídica es una condición básica para optar al progreso económico. Si la seguridad jurídica se tramitara a través de un diálogo o negociación, sería evidente que la administración de justicia está en manos de funcionarios arbitrarios que proceden impunemente. De lograrse un acuerdo con individuos así, solo podría considerarse que se ha logrado una suspensión temporal y condicionada del abuso y no una seguridad jurídica estable.
Para que la seguridad jurídica sea estable —es decir, que en realidad sea seguridad jurídica— los funcionarios arbitrarios deben ser apartados del aparato de administración de justicia. Se espera que eso pase a través del propio sistema judicial, porque dispone de mecanismos que permiten su depuración. Pero, para eso, debe haber un número suficiente de funcionarios no corrompidos en puestos clave, que los pongan en práctica.
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Estas reflexiones son elementales. Por supuesto que las tienen que haber hecho, una y otra vez, actores tan interesados en el progreso económico como los empresarios. Pienso en empresarios que tienen más de 20 años quejándose de inseguridad jurídica y que optaron por malearse hasta engranar en el mecanismo de arbitrariedades que permite que algunos de ellos prosperen y otros no, aunque el pueblo no lo haga.
Un panorama desolador para quienes no son parte de ese grupo que aplaude y confirma que puede tener éxito en un entorno totalmente corrompido. Hay empresarios que no forman parte de ese grupo y no quieren hacerlo. Necesitamos que lo manifiesten para que los acompañe el pueblo, que entiende la necesidad de la libertad empresarial bajo leyes confiables. Un pueblo que también necesita seguridad jurídica.
Carolina Gómez-Ávila tiene más de 30 años de experiencia en radio, televisión y medios escritos y escribe sus puntos de vista como una ciudadana común.
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