Sentencian en Cuba a 20 personas con penas de hasta 20 años por protestas del #11Jul
A finales de enero la Fiscalía de Cuba publicó un informe en el que 790 ciudadanos fueron imputados por la presunta comisión de actos vandálicos en las protestas del 11 de julio de 2021
Un tribunal en Cuba condenó el lunes 14 de febrero por el presunto delito de sedición a un grupo de 20 personas -entre ellas cinco menores de edad- a penas de hasta 20 años en la cárcel; ciudadanos de ese país que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Así lo denunció la organización Justicia 11J en su cuenta en Facebook donde indicó que las sentencias se registraron en la provincia de Holguín. Según la activista de esta instancia, Salomé García Bacallao, es la primera que se hace de manera conjunta por el supuesto delito de sedición.
Destacó que la Justicia en Cuba redujo las penas a varios de los condenados asegurando que son «gestos» de la administración de Miguel Díaz-Canel ante «la presión nacional e internacional». Sin embargo, insiste en reclamar que la vía legal que se aplique sea la de la absolución en el caso de aquellas que ya fueron sentenciadas o las que próximamente irán a juicio.
Los 15 condenados mayores de edad, en su mayoría hombres de entre 18 y 59 años, han recibido penas de cárcel por debajo de la petición de la fiscalía. Ningún encausado ha sido declarado no culpable.
Hay dos condenados a 20 años de prisión, tres a 18 años, dos a 17, uno a 15, dos a 14, dos a 12 y dos a siete. Además, un joven de 18 años fue sentenciado a 5 años de «trabajo correccional sin internamiento».
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La edad penal mínima en Cuba son los 16, pero las personas de 16 y 17 años pueden recibir una reducción de hasta la mitad del tiempo de condena.
Resaltó la organización que las protestas en Cuba en julio de 2021 siempre fueron pacíficas hasta que fueron activados los «grupos paramilitares y militares» por parte del Ejecutivo para reprimir las mismas. Pide además que hayan mecanismos que permitan comprobar las denuncias de las torturas y tratos crueles que los que, al parecer, son víctimas los presos políticos.
Algunos activistas denunciaron que varios de los condenados fueron llevados directamente a prisión tras la lectura del fallo, pese a que la sentencia fijaba que podían quedar en libertad bajo fianza hasta el momento de la apelación.
El 24 de enero, la Fiscalía General de Cuba publicó un informe en el que 790 ciudadanos fueron imputados por la presunta comisión de actos vandálicos «que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden».
Según el diario oficialista Granma, el 21% de los investigados tienen antecedentes penales. Además, hace mención de que hay abiertos 117 expedientes contra los 790 cubanos señalados de los cuales el 69% están en prisión provisional desde julio de 2021 -unos 710.
Con información de 14 y Medio / Europa Press