«Sentía que estaba muerto»: Amnistía solicita a la CPI investigar torturas a adolescentes
Amnistía Internacional señaló que, cuatro meses después de estos sucesos, al menos 198 adolescentes «siguen sometidos ya sea a detención injusta, a acusaciones penales infundadas, o a las graves secuelas psicológicas y físicas de los abusos perpetrados por las autoridades venezolanas»
Amnistía Internacional exigió este jueves 28 a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que incluya las detenciones arbitrarias y torturas de adolescentes dentro de su investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
En su última investigación, la oenegé expuso las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, al igual que las graves violaciones al debido proceso en los casos de seis adolescentes arrestados entre el 29 y el 31 de julio, durante la represión ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro contra los manifestantes que reclamaron los resultados de las elecciones presidenciales.
Entre las torturas documentadas contra los niños y niñas están las golpizas con puñetazos y patadas, choques eléctricos, asfixia y amenazas de muerte o sexuales, con la intención de forzarles una confesión.
«Me contó llorando que lo habían torturado. Lloraba y lloraba. Yo lo abrazaba, pero por donde le tocaba para abrazarle, le dolía (…) Mi hijo me dijo que después de toda la electricidad sentía que estaba muerto», dijo la madre de un joven de 16 años que fue golpeado por militares con un bate de béisbol en espalda y torso, le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y le dieron choques eléctricos en los pezones, lo que le hizo perder el conocimiento al menos dos veces.
El adolescente fue puesto junto a otras personas detenidas en una fila en el suelo «para que militares, uno por uno, fueran dándoles patadas, todo ello con la intención de que grabara un vídeo donde decía que le habían pagado para atacar instalaciones del Estado», reseñó Amnistía.
«Me dijo que lo que hacía era aguantar la respiración. Que le quitaban la capucha, respiraba y que le gritaban ‘¡graba!’ y que otra vez la capucha. Así pasaron rato (…) Me dijo que de la electricidad sentía que su mandíbula se le estaba desviando», contó la familiar de otro adolescente de 17 años.
Según lo que le contó a sus familiares, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le pusieron una capucha en la cabeza con gas pimienta para asfixiarlo en reiteradas ocasiones, le jalaron de forma violenta del cabello, le tiraron al suelo y le dieron numerosas patadas en torso, piernas y cabeza; además le dieron choques eléctricos a través de la mano.
«Además, una policía mujer le comenzó a pegar en el oído alegando que lo que le faltaban eran los golpes de una madre, en alusión a la madre fallecida hace años. Debido a la intensidad de estos golpes, habría estado cuatro días sin casi poder oír».
«Cuando se trata de proteger y respetar los derechos humanos, hemos llegado al punto en el que podemos esperar lo peor del gobierno de Nicolás Maduro. Detener, torturar, criminalizar, y castigar a niños y niñas cruza una línea que ningún Estado debería cruzar jamás. Exigimos la liberación inmediata e incondicional y la reparación de todos los niños y niñas que actualmente sufren la crueldad interminable de las autoridades venezolanas», aseguró la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
Amnistía señaló que, cuatro meses después de estos sucesos, al menos 198 niños y niñas «siguen sometidos ya sea a detención injusta, a acusaciones penales infundadas, o a las graves secuelas psicológicas y físicas de los abusos perpetrados por las autoridades venezolanas».
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En el mes de septiembre fueron excarcelados más de 100 adolescentes, indicó Amnistía en base a datos de organizaciones nacionales. A mediados de noviembre se excarceló a otros 25, aunque siguen sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos como terrorismo.
«Estas violaciones y crímenes contra menores se enmarcan en patrones más amplios de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos a la integridad personal y a la libertad, y a un juicio justo, perpetrados por el gobierno de Maduro. Mientras Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil sacan a la luz nuevas y más oscuras formas de estos abusos de poder, los Estados de todo el mundo deben sumarse al clamor global y exigir que se respeten los derechos humanos en Venezuela, empezando por los derechos de los niños y niñas», insistió la secretaria general de Amnistía.
También solicitó a la comunidad internacional que, de forma pública, privada y financieramente, apoyen la investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI, al igual que las investigaciones penales abiertas contra funcionarios venezolanos bajo el principio de jurisdicción universal, y el escrutinio de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.
En el primer mes tras las elecciones, las autoridades informaron la detención de al menos 2.200 personas, que se suman a las más de 300 que estaban detenidas por razones políticas antes del 28 de julio.
«Además de este aumento sin precedentes de las detenciones arbitrarias por motivos políticos, que no solo incluían a niños sino también a personas que viven con una discapacidad, la represión también incluyó muertes ilegítimas, más denuncias creíbles de tortura, desapariciones forzadas, ataques generalizados contra la sociedad civil, represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos y graves violaciones de las garantías de un juicio justo», señaló Amnistía.
