Si negociación en México lleva a un acuerdo sería en el largo plazo, advierten analistas
El pasado 28 de septiembre culminó la segunda ronda del actual proceso de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria sin que hasta el momento se haya anunciado la fecha para una tercera ronda; mientras, el país se acerca a la fecha de las elecciones regionales y locales. Expertos consultados por TalCual aseguran que las dificultades para llegar a un acuerdo se mantienen y este no llegará en lo inmediato
El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición reunida en la Plataforma Unitaria iniciaron, el pasado 3 de septiembre, un nuevo proceso de negociación en la búsqueda de superar la crisis política y económica de Venezuela.
Se trata del quinto proceso de conversaciones entre el Ejecutivo chavista y la oposición, que sucede a los fallidos intentos de llegar a un acuerdo realizados en Miraflores (2014), República Dominicana (2016-2018), Oslo-Barbados (2019).
Aunque las aspiraciones máximas de cada bando complican la posibilidad de llegar a un acuerdo (la oposición busca unas elecciones presidenciales con las respectivas garantías de transparencia y Nicolás Maduro quiere que se levanten todas las sanciones financieras que sobre el país han impuesto Estados Unidos y países de la Unión Europea), la severa situación por la que atraviesa Venezuela, así como el aislamiento de dirigentes opositores con respecto a los electores son factores que presionan para que las partes puedan ceder en sus posiciones y se allane el camino para llegar esta vez a un acuerdo que destrabe el juego político y abra las puertas a la reactivación económica del país.
Con el anuncio de la participación de la Plataforma Unitaria en las elecciones del 21-N y la liberación de algunos presos políticos (Freddy Guevara) se dio una muestra de avance en el proceso de negociación y surgieron expectativas sobre la normalización del juego político en ocasión de las elecciones regionales y locales.
Más de un mes después de haberse iniciado las negociaciones, el proceso de diálogo parece una vez más destrancado. Luego de la segunda ronda de conversaciones, que se inició con tensiones luego que la delegación de Nicolás Maduro solicitara la incorporación a la misma del empresario colombiano-venezolano Alex Saab, preso en Cabo Verde, culminada el 28 de noviembre, no se produjo acuerdo parcial alguno y hasta el momento no se ha anunciado la fecha para una tercera ronda.
Analistas políticos entrevistados por TalCual tienen pocas expectativas sobre las posibilidades reales del proceso de negociación que se desarrolla en México. El doctor en Ciencias Políticas y abogado Luis Salamanca ve pocas probabilidades de que se logre un acuerdo que normalice el juego político y permita la reactivación económica, mientras el politólogo y psicólogo social Ricardo Sucre Heredia estima que, si se llega a alcanzar un entendimiento, será en un plazo mínimo de tres años.
Hasta el momento, el proceso de negociación ha generado dos acuerdos parciales, uno de unidad en el reclamo de la soberanía de Venezuela sobre el territorio Esequibo, y otro de conformación de una mesa social para atender la emergencia especialmente en el área de salud. La invitación por parte del Consejo Nacional Electoral a la Unión Europea para que envíe, observadores internacionales a las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre es visto también como un avance del acercamiento entre los bandos enfrentados.
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Salamanca y Sucre Heredia coinciden en que en esta ocasión hay mayores oportunidades para un entendimiento entre los dos bandos enfrentados, en comparación con los fallidos intentos anteriores, y esto, explican, se debe a la situación particular de cada sector involucrado en la disputa. A pesar de ello, advierten que el camino para normalizar el juego político será largo y lleno de obstáculos.
Estado desaparecido
«El gobierno está quebrado, quiere dinero, por lo que necesita recuperarse económicamente y que le laven la cara y digan que Nicolás Maduro es el presidente legítimo, pero ninguna de las dos cosas las va a lograr, al menos en pleno. La ilegitimidad es un hecho consumado, lo que ocurrió en 2018 (elección presidencial sin la concurrencia de la oposición) solo se puede lavar con otra elección presidencial», explicó Luis Salamanca acerca de las motivaciones del Ejecutivo chavista para buscar un entendimiento en la mesa de negociación.
Resaltó que la ilegitimidad formal y material del gobierno la da el hecho de que el Estado desapareció de la vida de los venezolanos, excepto como arma, como represión de naturaleza política, pero no para defender a los ciudadanos.
«Desde 2015 ha habido tanta división, fraccionamiento y confrontación interna que el pueblo, al menos el elector opositor, tiene fatiga electoral. Entonces, tienes que buscar superar ese cansancio derivado de no lograr los objetivos que te trazaste de cambio de gobierno y de régimen. Además, la gente está cansada de ver tanta confrontación interna, de ver una fractura constante en la oposición», advirtió Luis Salamanca.
Para Ricardo Sucre Heredia, lo que puede presionar al gobierno es el deseo de tener una gestión. «Nicolás Maduro está consciente de que no puede seguir poniendo pañitos calientes. Tener una gestión pasa por una solución integral del conflicto. Veo eso como factor, más que las sanciones, aunque a lo mejor en su mente cree que solo con las sanciones puede (tener una gestión), pero se dará cuenta luego de que no es suficiente».
Con respecto a la oposición, señala que el problema que tiene es su fragmentación, lo que pone en entredicho la posibilidad de que pueda cumplir con lo que acuerde en la mesa de negociación.
«¿Quién de la oposición tiene la fuerza para mantener un acuerdo? Ahí es donde radica la desconfianza del gobierno, porque se puede acordar un cronograma, pero mañana pueden venir Leopoldo López, María Corina Machado o Antonio Ledezma y dicen que no les gusta y la oposición que firmó no podría manejar eso. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Tiene la Plataforma Unitaria la fuerza política para decirle a los otros grupos esto es lo acordado y lo que va? No veo los acuerdos así», expresó el docente universitario.
Indicó como ilustrativo de esa división en la oposición las dificultades de seguir una línea en el caso de la compañía Monómeros, donde los factores no terminan de ponerse de acuerdo en lo que debe hacerse para el manejo de estos activos del Estado venezolano.
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Lo que se puede lograr
Para Luis Salamanca, lo que se consiga en la mesa de negociación depende de lo que Nicolás Maduro esté dispuesto a ceder.
«Las exigencias de la oposición son máximas, cronograma de elecciones y unas presidenciales adelantadas. He propuesto personalmente que, como está muy lejos 2024 (año en que corresponde realizar elecciones presidenciales) y el gobierno no quiere dar elecciones anticipadas, el acuerdo gire en torno a un referendo revocatorio en condiciones de respeto a lo establecido en la Constitución sobre el derecho de los venezolanos a revocar un mandato, pero las elecciones adelantadas o el referendo revocatorio son opciones que a Nicolás Maduro no le interesan», detalla el experto.
«El revocatorio –continúa Salamanca– significaría la salida de Maduro en 2022 y una elección democrática sobrevenida para elegir presidente de la república en 30 días. Así que Maduro no va a aceptar hacer un referendo en condiciones democráticas, torpedearía el proceso de convocatoria, y todos sabemos que el CNE no manda en esa materia, porque es una cúpula al mando de Maduro, por lo que si Maduro no está dispuesto a eso la oposición no estará dispuesta a que se levanten las sanciones».
Insiste Salamanca en resaltar que las aspiraciones de los bandos enfrentados son maximalistas y contradictorias entre sí, por lo que se anulan.
«Lo que están tratando de hacer los opositores es ver si el gobierno se compromete a algo que se parezca a una elección democrática, pero Maduro se espanta, como el diablo al ver la cruz», acotó.
«Existe un interés en los dos grupos porque están conscientes de la realidad de que ninguno puede anular al otro. Tal vez en los anteriores procesos había esa expectativa, pero sin eso como punto de partida, se puede avanzar hacia algún mecanismo para regularizar el conflicto político y permita que los dos grupos puedan crear confianza entre ellos y puedan avanzar en cosas sustantivas», precisó Sucre Heredia.
Coincide con Salamanca en señalar que el punto central de la oposición es el de una elección presidencial competitiva, que garantice la alternancia en el poder, aunque con respecto al gobierno chavista, estima que el interés es poder tener una gestión, el poder gobernar sin sentirse amenazado.
«Ambas partes tienen interés en lograr una convivencia, en reconocer que ambas existen, modificar la estructura del conflicto venezolano, que es una guerra existencial, pero que no termina en ninguna parte. Eso llevará a la discusión los temas gruesos», aseveró el analista.
Duda, no obstante, en que el acuerdo pueda llevar a un revocatorio en 2022, porque al gobierno no le conviene. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de que esto pueda ocurrir porque el Ejecutivo puede considerar que las posibilidades de triunfo de la oposición disminuyen debido a la fragmentación de este sector político. «Lo que veo es la posibilidad de acordar una elección más equitativa hacia 2024», expresó.
El país que se tendrá
Luis Salamanca, escéptico sobre el posible logro de un acuerdo en la actual mesa de negociación, prevé que la situación del país empeore en lo sucesivo.
«Si no hay acuerdo para una elección democrática, Maduro continuará al frente de un gobierno que lo que hace es quitarle ceros a la moneda, lo que es un círculo vicioso que solo puede romperse con una elección democrática. A la oposición no le gusta pensar en términos de mediano o largo plazo, así que vamos a llegar inevitablemente a 2024 bajo este mismo modelo político, por lo que la oposición debe prepararse para esa fecha, no puede dejar que llegue ese año para comenzar a discutir una estrategia».
En opinión de Ricardo Sucre Heredia, tal vez del proceso de negociación se puedan obtener medidas más liberalizadoras en lo político y en lo económico.
«Veo que el efecto para la gente en lo cotidiano es que se puede crear un clima de menos angustia. Actualmente las sanciones están allí, pero hay gente invirtiendo. Se puede lograr cierta flexibilización en cosas que tengan impacto en la comunidad, pero un levantamiento total de las sanciones no lo creo, una economía en pleno funcionamiento no lo veo», apuntó.
Recalcó que una solución para 2022 es poco probable: «Es un proceso que llevará cuatro o cinco años. Tienes que construir algo integral, como dice el memorando de entendimiento y, salvo que las partes se cansen, esta situación se puede mantener en el largo plazo. No sé si el país tenga la fuerza para resistir eso. Lo integral depende de la confianza en que nadie va a desertar del acuerdo».
En atención a todo lo expuesto, los analistas insistieron en señalar que no será en ocasión de las elecciones del 21-N cuando se normalice el juego político del país, por lo que habrá que esperar a 2022 para conocer cuál será el punto hacia el que se enfoquen las negociaciones políticas.