Sin instituciones políticas no hay democracia, por Marta de la Vega
Importante la advertencia de Robert Dahl en La democracia. Una guía para los ciudadanos (1999) sobre el uso de la palabra democracia, que se refiere tanto a un ideal como a una realidad efectiva, que solo es una realización parcial del objetivo. Ninguna democracia real ha alcanzado a llenar todos los criterios ideales que la definen en la teoría. Pero ella no es posible sin instituciones. Las instituciones son reglas de juego que permiten la gobernabilidad y aseguran la gobernanza, dos términos complementarios sin los cuales no hay una democracia verdadera sino mera fachada o cascarón vacío.
Para Dahl, las siguientes instituciones políticas de las democracias a gran escala, es decir, de un país democrático, que miden el grado de democraticidad son: I. Cargos públicos electos. 2. Elecciones libres, imparciales y frecuentes. 3. Libertad de expresión. 4. Fuentes alternativas de información. 5. Autonomía de las asociaciones. 6. Ciudadanía inclusiva.
La principal institución política que asegura el funcionamiento de una democracia es el Estado. Como señala Abal Medina en su Manual de Ciencia Política, “El estado es, ante todo, una estructura institucional generadora de reglas”. Sin embargo, siguiendo a Przeworski (1990), esas reglas que configuran el orden legal son el fruto de un acuerdo o pacto entre el estado y la sociedad y quedan consagradas en el contrato social, o constitución, lo que constituye la condición indispensable para la gobernabilidad del sistema.
La gobernabilidad, siguiendo el Diccionario de Política de Bobbio es “la relación que se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político derivado de la solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de atender estas de forma eficaz, estable y legítima”. El Banco Mundial (2017) “define la gobernanza como el proceso mediante el cual los grupos estatales y no estatales interactúan para diseñar y aplicar políticas, trabajando en el marco de un conjunto de reglas formales e informales que son moldeadas por el poder”.
Ninguna de las seis instituciones políticas destacadas por Dahl está presente en la Venezuela actual. Tampoco las condiciones básicas que definen la democracia. No hay separación de poderes entre las ramas del poder público, porque no hay pesos ni contrapesos que impidan que un poder subordine a los otros ni hay modo alguno de poner límites al poder del gobernante sobre los ciudadanos. No hay Estado de derecho o imperio de la ley, según el cual nadie está por encima de las leyes ni está exento de cumplir las normas. No se respetan los procedimientos; no se aplica el principio de legalidad. Se imponen las interpretaciones de las leyes a conveniencia, la discrecionalidad, la arbitrariedad y la transgresión convertida en norma, en función de intereses particulares y de una parcialidad política excluyente.
La justicia no funciona como medio de dirimir conflictos y aplicar sanciones a quienes transgreden el ordenamiento jurídico porque este no responde a lo establecido en la Constitución como acuerdo o pacto social que acoja a todos los ciudadanos en una democracia constitucional. El aparato del poder judicial es un mecanismo de control social y de persecución política de quienes no se pliegan a la voluntad de dominación del jefe y acólitos de la camarilla militar civil criminal y mafiosa que controla las instituciones.
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La desinstitucionalización resulta de imponer criterios adscriptivos en la selección de los cargos públicos, por lealtad política, afinidad ideológica, clientelismo, amiguismo o pago de favores; en relación con los procedimientos, se adoptan interpretaciones laxas de las leyes que rigen los distintos procesos, como es el caso del cronograma electoral recién publicado para las elecciones presidenciales, que violenta los lapsos legales previstos y hace casi imposible el cumplimiento sucesivo de las etapas respectivas, a fin de impedir el derecho al voto y favorecer la permanencia ilegítima en el poder de la cúpula dominante. La hegemonía comunicacional y la desinformación sirven para consolidar la vocación totalitaria del régimen castro-chavista-madurista.
Al politizar las instituciones, se pervierten su sentido y función. El derrumbe de las instituciones ha favorecido el personalismo y la pérdida de las reglas de juego que rigen el funcionamiento del Estado y de sus principales órganos de poder. La destrucción institucional se aceleró con la asesoría cubana, desde 1999 hasta nuestros días, primero con Chávez y hoy con Maduro, para construir una estructura supuestamente revolucionaria que ha desmantelado las bases de una república civilista democrática hacia el socialismo bolivariano del siglo XXI, figura que no se encuentra en la Constitución vigente.
Este es el horizonte que enfrentan las fuerzas democráticas unidas bajo el liderazgo indiscutible de María Corina Machado para impulsar, desde un país martirizado y en ruinas, el rescate de la decencia, la dignidad y la transformación estructural de Venezuela hacia una verdadera democracia.
Marta de la Vega es investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB.
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