Sindicatos y sindicalistas, un tema olvidado, por Gioconda Cunto de San Blas
Twitter: @daVinci1412
El año 2022 abrió de manera trágica para el movimiento sindical venezolano, sin que hayamos observado de la ciudadanía y menos aún de quienes se dicen líderes, una reacción proporcional a la gravedad de los hechos. Por una parte, Ángel Jonás Espinoza, secretario general del sindicato Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT) en el estado Bolívar, fue asesinado el 13 de enero a plena luz del día cuando conducía por las calles de Puerto Ordaz. Dos días más tarde, Jean Mendoza, secretario general del sindicato de la transnacional chilena Masisa, fue arrestado por reclamar a la empresa el incumplimiento del contrato colectivo de los trabajadores, sin que valiera la inmunidad sindical garantizada en las leyes.
No son casos aislados. En 2011, un informe de Provea reveló que desde 2005 hasta ese año, hubo al menos 273 asesinatos a sindicalistas y trabajadores en todo el país. A su vez, la Coalición Sindical de Venezuela informó en julio de 2021 que en los últimos 10 años ha habido 151 detenciones inconstitucionales a líderes sindicales en el país.
Desde que en 2000 el entonces presidente expresara su decisión de «demoler a la CTV» se aplica una política de estado antisindical en Venezuela que desdice de su pretendida calificación como «gobierno obrerista». En estos 22 años de régimen «revolucionario», la política antisindical ha avanzado hacia formas más hostiles contra quienes reclaman sus derechos: obstáculos al registro de organizaciones sindicales, despidos, procesos judiciales viciados y encarcelamiento, juzgamiento en tribunales militares…
Ante esto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó oportuno en marzo de 2018 activar la Comisión de Encuesta para Venezuela, el procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT, que en cien años solo se había activado 12 veces.
Entre otras precisiones, el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT apunta que «en Venezuela se configuró en los últimos 20 años una política de Estado antisindical con el propósito de debilitar y acabar con el sindicalismo […] desde el Ejecutivo Nacional, con el respaldo del Poder Judicial y el Ministerio Público y la complicidad de la Defensoría del Pueblo, en un marco jurídico restrictivo a la movilización, concentración y huelga».
Queda claro para la OIT que «ejercer la libertad sindical en Venezuela implica un riesgo a la libertad» ya que «el gobierno no respeta ni las normas nacionales ni los convenios de la OIT que garantizan la libertad sindical». Tales afirmaciones son respaldadas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet cuando en la actualización de su informe, en marzo de 2020, expresó que «también persisten restricciones a la libertad sindical a través de desalojos y la detención arbitraria de líderes sindicales».
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Mientras tanto, el régimen no solo ha creado sindicatos paralelos pro gobierno (un oxímoron) sino que ha enfrentado los movimientos sindicales con «consejos de trabajadores» para el control obrero (Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras), «cuerpos de combatientes» y «milicias obreras» (Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana), para ejercer un control vertical y militarista de las relaciones de trabajo, y «patriotas cooperantes» (Sistema de Protección Popular para la Paz), instancia promovida por el Ejecutivo Nacional para convertir a los ciudadanos en delatores.
El control anticonstitucional impuesto desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el ejercicio libre electoral de sindicatos y asociaciones es una piedra más en el propósito expreso de debilitar las asociaciones profesionales y obreras.
Todo esto ha producido un decaimiento del movimiento sindical venezolano que abarca no solo a los sectores tradicionales ferrominero, petrolero y similares sino también al mundo académico, a los universitarios y a las instituciones de investigación científica, dependientes financieramente del estado. Ejemplo de esto es la convención colectiva única de trabajadores del sector universitario, firmada en 2011 con un único interlocutor: la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Universitarios de Venezuela (FTUV), organización al margen de las legítimas asociaciones y sindicatos que históricamente han defendido a sus representados en las discusiones de contrataciones colectivas universitarias en el pasado.
Como lo menciona Provea en su informe 2021, todavía hay una fuerza sindical que, aunque débil, resiste. Por tanto, tiene «el reto de unir fuerzas para […] el logro de la restitución de la democracia y la vigencia de los derechos humanos laborales». No podrán hacerlo solos. Hará falta también que los líderes de la oposición venezolana aporten su decidido apoyo a la causa sindical.
Gioconda Cunto de San Blas es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Investigadora Titular Emérita del IVIC.
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