Súmate denunció que Tibisay Lucena ocupa presidencia del CNE de forma «ilegítima»

Para la ONG Desde el 2013 el CNE viola el artículo 16 de la Ley de Procesos Electorales al no consignar ante la AN la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente

La organización no gubernamental, Súmate denunció que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena ejerce el cargo de forma ilegítima porque su período de ejercicio venció en 2018.

A través de un comunicado Súmate destacó que «hasta la fecha, el órgano electoral no ha informado públicamente o a través de la Gaceta Electoral la designación del nuevo presidente y vicepresidente del CNE». Del mismo modo, detalló que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Electoral, el presidente del organismo estará en el ejercicio de sus funciones durante tres años y seis meses y Lucena fue designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el período 2014-2018.

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«Súmate recuerda que, en el año 2014, el Tribunal Supremo de Justicia designó a Tibisay Lucena, a Sandra Oblitas y a Luis Emilio Rondón como rectores, así como a seis rectores suplentes, luego de que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista para ese año, se declarara en omisión legislativa para designar a los rectores con períodos vencidos, como parte de una estrategia para favorecer a los diputados de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela en su afán de controlar el CNE. En ese momento, Súmate alertó que la actuación sincronizada entre los organismos del Estado irrespetaba el principio democrático de la independencia de los Poderes Públicos», preciso la ONG en el texto.

Para la organización la designación de nuevos rectores y suplementos el órgano electoral no fue hecho por la estrategia entre el TSJ y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de declarar en desacato a la AN.

Súmate considera que el directorio del CNE debe dar cumplimiento a lo establecido en las leyes electorales. En este mismo orden recordó que Constitución Nacional señala que el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad civil por abuso o desviación de poder o por violación de la Constitución o de la ley.

«Es importante destacar que esta omisión por parte del CNE representa un desacato al Poder Legislativo, al no reconocerlo como órgano de control sobre el gobierno y la Administración Pública Nacional, lo cual queda en evidencia con la negativa de publicar en la Gaceta Electoral los resultados de las elecciones legislativas, que se realizaron en el año 2015, como lo ordena el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales», reza el texto.