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Tamara Suju: Hay responsabilidad de Cuba por crímenes de lesa humanidad en Venezuela



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Tamara Suju Instituto Casla
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Luisa Quintero | enero 14, 2021

La presidenta del Instituto Casla, Tamara Suju, denunció la existencia de nuevos centros clandestinos que formarían parte de la Dgcim, así como la dirección de funcionarios y militares cubanos en torturas cometida por este cuerpo de seguridad


El Instituto Casla, en conjunto con la Organización de Estados Americanos, presentó su informe 2020 sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, donde se dedicó un capítulo especial a la responsabilidad del régimen de Cuba en este tipo de delitos dentro del país.

La presidenta del Instituto, Tamara Suju, aseveró que -de acuerdo a testimonios de víctimas- funcionarios y militares cubanos estarían dentro de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y participarían de forma directa o como supervisores de las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas detenidas en las diversas sedes de ese órgano de seguridad en Caracas. 

Los cubanos, al igual que oficiales y funcionarios iraníes, darían cursos en las escuelas de operaciones psicológicas, ubicadas en Fuerte Tiuna, con el objetivo de crear planes para el control de la población, afirmó la abogada. 

El Instituto Casla señaló en su informe 25 nuevas incidencias de violaciones graves a los derechos humanos que involucran al menos 141 personas, cometidas entre 2014 y 2020. En 14 de 25 incidencias estuvieron presentes denuncias de violencia sexual, que incluyen tocamientos, agresiones sexuales y violaciones.

Además, la organización documentó torturas contra presos políticos por alimentos ligados con vidrios molidos, pérdida uñas de manos y pies por golpes con martillos, asfixia con gases tóxicos, bolsas plásticas e incluso con las manos; ahogamientos; descargas eléctricas. 

*Lea también: ESPECIAL | La República que tortura

El Instituto Casla logró documentar un nuevo método que usarían los cuerpos de seguridad llamado “la manicura”, que consiste en introducirle agujas en las manos y pies a los detenidos mientras se encuentran esposados; además del uso de tortura sonora por parte de la Dgcim, que ha causado imsonio, ansiedad, llanto y ataques nerviosos a los detenidos. 

Víctimas y familiares también denunciaron que en el Centro de Procesados Militares de Los Teques, mejor conocido como cárcel de Ramo Verde, se usa la presión con objetos metálicos en el rostro mientras están arrodillados, desnudos y esposados. En algunos casos, la presión ejercida es tan fuerte que ocasiona cortes.

También denunciaron la existencia de una celda de castigo en el sótano 3 del edificio de la Dgcim en Caracas llamada “la caja de muñecas”, que busca ocasionar asfixia y ahogamiento a los detenidos que han denunciado estar entre tres y hasta cuatro días en ese sitio; al igual que “congelamiento”, con el objetivo de causar hipotermia a las víctimas.

La abogada Tamara Suju también denunció que han identificado tres nuevas zonas clandestinas de tortura que serían propiedad de la Dgcim, ubicadas en las urbanizaciones de Los Naranjos, San Bernardino y la sede de las FAES en el 23 de Enero (llamada La Casa de los Sueños 3). “Solo el hecho de que estas celdas existan y continúen remodelando lugares como estos denota el grado de represión sistemática de la dictadura”, aseveró. 

Suju señaló que el Instituto Casla considera “irrelevante e inutil” hacer recomendaciones “a un régimen ilegal que omite las recomendaciones de organismos internacionales, reprime, tortura, persigue a la disidencia política”, aunque sí recomendó a la comunidad internacional a que no cesen en sus esfuerzos para ayudar a recuperar la democracia en el país. 

Tamara Suju además llamó a los Estados suscritos al Estatuto de Roma a apoyar las denuncias contenidas en el examen de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, y que pasaría a la fase 3 este año.

Apoyo internacional

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, destacó el informe presentado por el Instituto Casla, y mencionó que a pesar de todos los informes realizados «la impunidad continúa (…) La evidencia se acumula pero no caduca y estos crímenes no prescriben. Seguiremos trabajando por fortalecer las pruebas que señalan la responsabilidad de los dictadores e insistiremos en la necesidad de tomar acciones por parte de las instancias de justicia internacional».

Almagro recordó que «lamentablemente» la justicia para los casos de violaciones sistemáticas de DDHH demora mucho, «en muchos casos ha llegado parcialmente y luego de que cayeran las dictaduras y esos procesos ignominiosos», pero sobre Venezuela se han realizado «acciones concretas que están encaminadas y tienen que ser internacionales».

La OEA se ha pronunciado de acuerdo a la acumulación de evidencias e informes, reiteró Almagro en su intervención, «también lo han hecho los últimos Altos Comisionados, las misiones de determinación de hechos. Es urgente que la CPI actúe y abra investigación».

Además, el secretario general de la OEA dijo que «estamos viendo el funcionamiento del terrorismo de Estado venezolano y cubano (…) Ese es el tema de hoy, de tener la impunidad como terrorismo de Estado por parte de una dictadura criminal que le ha costado tanto sufrimiento, tanta crisis humanitaria y migratoria al pueblo venezolano».

Mientras que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, dijo que este es «un momento clave para reflexionar sobre lo que está pasando en el terreno en Venezuela. A pesar del rechazo de la mayoría de los venezolanos y la falta de legitimidad por parte de la comunidad internacional, Maduro se está acercando más al poder absoluto por medio de métodos ilegales». 

La europarlamentaria señaló que la instalación de una Asamblea Nacional con los diputados electos en los cuestionados comicios del 6 de diciembre complica los esfuerzos para iniciar un diálogo real y significativo, al tiempo que considera que «la represión va a aumentar aún más. Es un momento clave para el futuro de Venezuela y la comunidad internacional debe responder de forma clara y firme».

Por ello, dijo que es necesario que la comunidad internacional se centre en tres elementos claves: «Reconocimiento al presidente Guaidó y la Asamblea Nacional elegida en 2015 hasta que se celebren elecciones libres y justas, sanciones y justicia».

Tenemos que responder con firmeza al régimen y ampliar las sanciones selectivas, señaló la vicepresidenta del Parlamento Europeo, quien además indicó la importancia en que la comunidad internacional siga apoyando las denuncias ante la CPI sobre torturas cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. 

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