Tecnología para mafiosos, por Javier Ignacio Mayorca
El Reino de los Países Bajos extraditó a EEUU a un inglés que formaba parte de una red internacional señalada de diseñar y comercializar dispositivos de comunicaciones inmunes a toda vigilancia. Entre sus principales clientes estaban, por supuesto, venezolanos
Twitter: @javiermayorca
De la noche a la mañana, los usuarios del exclusivo servicio de comunicaciones Anom encontraron que la web para manejar sus cuentas había sido confiscada, nada más y nada menos, que por solicitud conjunta del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y de la Policía Federal Australiana.
Para aplicar esta medida, no importó que la página de Anom estuviese registrada en un diminuto archipiélago de las Islas Británicas en el Océano Índico. De todas formas, los ingleses también participaban en esta pesquisa internacional, bautizada Trojan Shield.
Ahora, al entrar al dominio de Anom se muestra un formulario. Si el usuario de este servicio es lo suficientemente arriesgado —o ignorante— para intentar la recuperación de su cuenta, deberá llenarlo. Al pulsar la tecla send, su información estará en manos de policías de 17 naciones.
Anom es una tecnología de comunicaciones que, según registros judiciales de EEUU y los Países Bajos, es «de criminales para criminales».
Entre sus clientes figuran sujetos de la delincuencia organizada transnacional de numerosos países. En la lista, desde luego, no podía faltar Venezuela.
Los detalles de Trojan Shield todavía no son del conocimiento público. Sin embargo, gracias a una declaración del fiscal Randy Grossman, divulgada en junio de 2021, se sabe que la plataforma de Anom era manejada por la policía de investigación estadounidense mucho antes de que la página fuese formalmente confiscada.
Anom, por lo tanto, era un señuelo diseñado para mafiosos.
En ese mismo mes, la Europol afirmó que durante Trojan Shield fue posible detener a 800 personas, lo que la convertía en la “más grande operación jamás efectuada contra las comunicaciones encriptadas de los criminales”.
«Puro lavado de dinero»
La historia pequeña de esta vasta investigación apenas comienza a saberse, gracias a una decisión de la Corte Suprema de los Países Bajos, que ratificó la sentencia de extradición contra Aurangzeb Ayub, un holandés de origen británico que fungía como agente de ventas de la tecnología.
Ayub, de 39 años de edad, era solicitado internacionalmente, en atención a una acusación presentada en noviembre de 2019 ante la Corte del Distrito Sur de California. Le imputan participación en una organización de tipo mafioso, según los términos establecidos en el estatuto RICO. La misma ley estadounidense usada para desmantelar a la famosa familia Gambino.
Gracias a mensajes interceptados durante la investigación, se constató que Ayub había negociado la entrega de varios dispositivos a criminales de Suiza y Venezuela. Para enero de 2021, estos sujetos aún sin identificar públicamente habían recibido los aparatos para comunicación encriptada del propio neerlandés.
Pero no fueron los únicos. De hecho, gracias a Trojan Shield fueron intervenidas las comunicaciones de 300 sindicatos del crimen, dispersos en cien países. En total, el grupo de Ayub entregó 9500 teléfonos.
Según la acusación presentada en California, junto a este neerlandés operaban otras dieciséis personas: Joseph Hakan Ayik, Domenico Catanzariti, Maximilian Rivkin, Abdelhakim Aharchaou, Seyed Hossein Hosseini, Alexander Dmitrienko, Baris Tukel, Erkan Yusef Dogan, Shane Geoffrey May, James Thomas Flood, Srdjan Todorovic, Shane Ngakuru, Edwin Harmendra Kumar, Omar Malik, Midwad Zakhimi y Osemah Elhassen.
El «administrador» del grupo sería Ayik, un turco que reside en su país natal junto al sueco Rivkin. Igual función tendría Catanzariti, de origen australiano. Los demás de la lista serían distribuidores de la tecnología dispersos en Europa, América y Asia. Los más cercanos a Venezuela son Todorovic y Elhassen, residenciados en Colombia.
Con la recepción del teléfono, los usuarios de Anom debían cancelar una cuota periódica, de acuerdo con la región donde estuviesen. La tarifa para Australia era de 1700 dólares por seis meses; para los clientes de Europa, hasta 1500 euros, y en América, 1700 dólares por el mismo lapso.
Un precio pequeño para garantizar la impunidad. Los teléfonos operaban a través de protocolos de internet, con servidores en locaciones consideradas «seguras», pues estaban ubicados lejos del largo brazo del FBI. Además, eran revisados periódicamente para constatar que funcionaban ajenos a toda vigilancia.
El usuario, además, podía solicitar a través de la página (ahora confiscada) que se borraran los mensajes de determinados lapsos. Esta actividad fue considerada como una evidencia del interés de la organización por obstruir la justicia.
En el juicio de extradición de Ayub, se reveló cómo este hombre ayudó a uno de sus clientes a eliminar mensajes incriminatorios luego de haber sido allanado por un cuerpo de seguridad.
«La policía se llevó todo (…) Limpie esto lo antes posible», le indicó el suscriptor.
Posteriormente, la misma persona solicitó a Ayub información sobre lo que había hecho.
«Sí. Todo está bien2, fue su respuesta.
Esas comunicaciones borradas se referían, básicamente, a actividades de tráfico de drogas y legitimación de capitales.
«Esto es puro lavado de dinero2, afirmó uno de los distribuidores de Anom, radicado en España.
En su promoción personalizada, los vendedores se jactaban de que sus clientes podrían operar “clandestinamente”.
Tal y como estaba diseñado el sistema, es poco probable que solamente fuese utilizado por elementos de la delincuencia organizada. El mapa divulgado por el Departamento de Justicia indica que los dispositivos dotados con el programa Anom fueron entregados en países como Irán, Irak, Turquía, Marruecos, Guinea Ecuatorial y Nigeria, donde también actúan grupos calificados de terroristas.
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Breves
-El último informe sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia, presentado este mes por la oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, debe ser leído con detenimiento. La región Catatumbo, conformada por los departamentos Norte de Santander y Cesar, fronterizos con Venezuela, registró en 2021 un incremento de 6% en los cultivos de coca. En toda esa área hay 42.576 hectáreas sembradas con el arbusto, que da origen a la cocaína. Según el reporte, en 79% de los enclaves también se hace un procesamiento primario de la hoja, para transformarla en pasta base. Todo esto, según el documento, gracias al «enorme flujo de refugiados venezolanos desempleados». Naciones Unidas calcula que en este sector son capaces de producir 393 toneladas del alcaloide al año. La mayor actividad ocurre en lugares como Tibú y La Gabarra. El informe no hace referencia a los cultivos en Venezuela, pero si se observa el mapa levantado por el órgano internacional es claro que el límite entre uno y otro país no impedirá la extensión de los arbustos hacia el territorio nacional, tal y como lo han advertido centros de pensamiento como InSightCrime. El informe de la ONU advierte además que en Catatumbo se desarrolla «una compleja y difusa guerra» entre actores colombianos y de otros países: el ELN, el EPL, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por citar algunos. «La cercanía con la frontera (…) explica la importancia en la cadena de producción de la cocaína, que se ve dinamizada por la presencia del Cartel de los Soles, responsable del transporte de la cocaína en territorio venezolano».
-Escribió un lector de esta columna: «El 18 de octubre, me detuvieron dos policías nacionales en moto, saliendo de la autopista Francisco Fajardo a la altura de La California. Decían que estaba radiado por haber ocasionado el accidente de un motorizado, y haberme ido en fuga. Había visto a esos mismos policías cuando pasé frente al módulo de Tránsito del distribuidor Altamira. Tenían que llevarme al comando para rendir declaración, con el carro retenido. Yo negué todo el hecho. Me quitaron los documentos del carro, pero me devolvieron la cédula. Me dijeron que llamara a un familiar para que me apoyara, y así lo hice. Apagué el carro y les dije que no me movería hasta que no llegara quien iba a apoyarme. De repente, me devolvieron los papeles y me dijeron que me fuera. Me siguieron por dos cuadras, y luego desaparecieron». El lector concluye que esta es una nueva modalidad de extorsión: «Querían sacarme dinero».
Javier Ignacio Mayorca es periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
