Temen que minería se legalice en el Parque Nacional Canaima

1.033 hectáreas del Parque Nacional Canaima estaban intervenidas por la minería hasta el primer trimestre de 2020, de acuerdo con una investigación del Correo del Caroní

Texto: Laura Clisánchez / Correo del Caroní

La comunidad indígena de Santo Domingo de Turasen en el municipio Gran Sabana rechazó la instalación y operación de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) en sus tierras y la responsabilizó de fomentar y formalizar la extracción aurífera en zonas protegidas, entre ellas, el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1994.

El pronunciamiento es una respuesta de la comunidad a la intención de instalar una oficina de esta empresa estatal minera en Santa Elena de Uairén, capital del municipio. Aunque no hay detalles sobre la eventual instalación, los indígenas temen que esta sea la antesala a un aval del Estado para emprender la minería en zonas protegidas como el Parque Nacional Canaima, donde ya hay explotación minera.

A través de un comunicado, la comunidad acusó a la institución de  implementar políticas públicas que fomentan la desunión y que debilitan las estructuras organizacionales de los pueblos indígenas.

*Lea también: Detienen en Colombia a alias «Pico» y otros cabecillas de la Operación Gedeón

La comunidad expresó que la instalación del ente no cumple desde el inicio con el principio de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, ni con el mandato de respetar la soberanía, sustentabilidad, visión sistémica, desarrollo bajo principios ecológicos y el respeto a las comunidades indígenas.

“En 20 años no se ha podido desplazar ni romper con una élite corrupta y desprestigiada, sin canales de comunicación política con la mayoría de los pueblos indígenas”, sentencian en el comunicado.

La comunidad exige a las autoridades gubernamentales cumplir a cabalidad lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en cuanto a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre cualquier acción que se quiera cometer en sus territorios ancestrales que además pueda afectar su modo de vida.

Esto tomando en cuenta que la minería en los territorios ancestrales ha traído consigo violencia, contaminación ambiental y enfermedades relacionadas con la malaria y la desnutrición dentro de los pueblos originarios.

“Si nosotros como pueblo indígena pemón controlamos los acontecimientos que nos afectan y afectan nuestras tierras y recursos, podremos mantener y reforzar nuestras instituciones, culturas y tradiciones, y promover nuestro desarrollo de acuerdo con nuestras aspiraciones y necesidades”, versa el documento.

Depredación minera en Canaima

De acuerdo con el trabajo de investigación Depredación minera frente a los ojos del tepuy Roraima, 1.033 hectáreas del parque ya estaban intervenidas por la minería hasta el primer trimestre de 2020.

Esta área no forma parte del proyecto del Arco Minero del Orinoco, pero los pueblos temen que, con la instalación de una oficina de la Corporación Minera Venezolana, se acelere la depredación minera en el territorio sin ningún tipo de protección legal al que se pueda acudir.

*Lea también: Diputado en Carabobo cree que es «inviable» reactivar refinerías en Venezuela

En junio de este año, la ONG SOS Orinoco pidió reclasificar el Parque Nacional Canaima en la categoría de peligro crítico e incluirlo en la Lista de los Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro por los daños que la minería ocasiona en el territorio.

La Corporación Venezolana de Minería comenzó a funcionar en 2013 y está adscrita al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Aunque la mayor parte del municipio Gran Sabana está fuera del perímetro del AMO, el proyecto estatal incluye el bloque especial Ikabaru dentro de este municipio y a pocos kilómetros de Santa Elena de Uairén.