Terror oficial, por Teodoro Petkoff
La alcaldesa de Charallave, Marisela Mendoza, dejó bien claro que la refriega ocurrida ayer en la población que administra no fue un incidente confuso, de esos de los que nunca se sabe cómo comenzaron y sobre los cuales cada quien echa el cuento jalando la brasa para su sardina. No, todo lo contrario. Además de las imágenes de la televisión, que no dejan lugar a dudas, la eminente burgomaestre declaró que aquellos valles son territorio chavista y que espera que a la oposición «no se le vuelva a ocurrir realizar una marcha en los Valles del Tuy». La señora, pues, dejó bien claro que la emboscada, que sus huestes tendieron a los manifestantes opositores y que dejó una víctima fatal, no fue un choque casual, producto de un encontronazo infortunado, sino que fue un acto fríamente planificado, ejecutado y dirigido por los partidarios del gobierno, a partir de esa novísima «ley» que la alcaldesa ha establecido: aquel territorio está vedado para quien no comulgue con el chavismo. A quien se le ocurra meterse allí lo que le espera es plomo.
Si unimos este hecho, al ataque de que fue víctima, también ayer, una concentración opositora en la lejana población de El Palmar, allá en las profundidades de Guayana, que dejó más de una decena de heridos, y a las cayapas que en la Plaza Bolívar intentó la pandilla de matones que allí opera, primero contra la gente de Copei y luego contra la del MAS, podemos concluir que estamos en presencia de una línea de acción premeditada, ordenada desde arriba, y no de meros actos de grupos incontrolados. Tal pareciera, pues, que un gobierno que perdió la calle y que en ella ya no mueve sino raquíticos grupos de sus seguidores, pretende negarla a sus adversarios mediante el recurso de la agresión armada y la tentativa de amedrentamiento. Como es lógico, en un país donde el ambiente está marcado por la imagen de ese joven que en Charallave se batía a piedras con los pistoleros que le disparaban desde el techo de un jeep, un país, pues, donde la gente «se echó el miedo a la espalda», para decirlo con la frase de Bolívar, la irresposabilidad del gobierno al propiciar actos de violencia armada contra las manifestaciones o concentraciones opositoras, podría tener consecuencias aún peores de las que ya conocemos.
El gobierno debe suspender esta escalada de su violencia. Ciertamente, el país vive una situación nada ordinaria y el gobierno confronta un desafío inusual, con un paro de proporciones sin antecedentes en el mundo, pero nada de eso puede justificar el recurso a las armas. Chávez no puede creer que por la vía de movilizar a sus partidarios armados contra sus opositores -que ejercen un derecho legítimo a manifestar- está favoreciendo la búsqueda de soluciones. Es todo lo contrario. La violencia armada está perturbando seriamente el desarrollo de negociaciones que ahora reciben el refuerzo del «grupo de amigos». El reciente anuncio de Chávez, de abandonar la Mesa, aunque después negado por Chaderton ¿es lo que realmente se pretende con la acentuación del clima de conflictividad?
