Terror y arbitrariedad como normas, por Marta de la Vega
El coronel Marino José Lugo Aguilar fue hallado muerto el 17 de abril de 2024, aparentemente ahorcado después de su reciente detención por el Sebin y sometido a «interrogatorios» durante tres días en el Helicoide por la Dgcim en relación con la trama de corrupción vinculada con Rafael Ramírez, Tarek El Aissami y otros altos funcionarios de la empresa estatal petrolera Pdvsa, de la que fue director de mercado nacional. Había sido detenido por la policía anticorrupción de la Policía Nacional Bolivariana. El personal de estos organismos ha sido capacitado en Rusia y Cuba.
Según testimonio de Alberto Ravell, la médica forense Lisbeth Moreno confirmó la muerte del coronel Lugo a manos de sus torturadores. El militar llevaba tres días en interrogatorios forzosos por parte de los funcionarios de los organismos mencionados. La forense señaló que el detenido murió por polifracturas, ahogamiento y un paro respiratorio ocurrido a las 9 de la mañana. Es, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, el decimocuarto detenido por razones políticas que, desde 2015, muere en custodia del Estado venezolano y el tercero, con Leoner Jesús Azuaje Urrea, presidente de Cartón de Venezuela, vinculado al PSUV, encontrado muerto por supuesto suicidio en su lugar de reclusión en el Helicoide bajo las órdenes del Sebin, el 20 de abril de 2023, con graves signos de tortura comprobados por análisis médicos forenses.
Ambos, entre los indiciados en el caso de la corrupción «criptopetrolera» liderada por El Aissami. Juan Almeida, el hacker chavista operador de El Aissami y vinculado al mismo entramado, de 43 años, también apareció muerto el 15 de mayo de 2023 bajo custodia de las fuerzas de seguridad del Estado. Todos jóvenes, sus muertes responden a un patrón sistemático de represión extrema convertido en política de Estado que contraviene varios tratados internacionales y el artículo 43 de la Constitución vigente.
Terrorismo de Estado, a fin de provocar pánico y aplastar cualquier disidencia o conducta considerada traición a la «revolución» incluso entre sus propios seguidores. La asamblea legítima de 2015 se pronunció respecto de la muerte de Almeida y solicitó aplicar el Protocolo de Minnesota. Dado que en Venezuela no hay gobierno democrático ni independencia del poder judicial, es un procedimiento recomendado por la ONU para que la investigación recopilada cumpla con los requisitos que sirvan de evidencia ante órganos imparciales de justicia.
No olvidemos los asesinatos por torturas que conmocionaron al país como el de Fernando Albán, quien fue detenido en el aeropuerto Simón Bolívar al regresar de la sede de la ONU en Nueva York donde denunció violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Fue vinculado al atentado con drones a Maduro en una parada militar, en agosto; concejal del partido Primero Justicia a punto de terminar su mandato, fue lanzado del décimo piso de la sede del Sebin el 8 de octubre de 2018, aunque se quiso simular su suicidio.
Terrible también el caso del capitán retirado de la Marina Rafael Acosta Arévalo, llevado agonizante en silla de ruedas a un tribunal militar, donde murió ante el juez como resultado de las atroces torturas a las que fue sometido después de haber sufrido desaparición forzada desde Guatire en el estado Miranda, cerca de la capital, del 21 al 26 de junio de 2019. Irónicamente su muerte ocurrió mientras se encontraba en Caracas la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.
Siguiendo el informe de Amnistía Internacional «Morir ante un juez: detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo», el capitán Acosta murió el 28 de junio en la sala en donde se llevaría a cabo la audiencia de presentación sin que se le hubiera prestado ningún auxilio médico en los momentos previos a su fallecimiento. Esta información contradice la versión oficial de las autoridades venezolanas, quienes difundieron que la víctima habría muerto en el Hospital Militar Vicente Salias. A pesar de la opacidad en relación con esta tragedia, los hallazgos de la organización de derechos humanos refieren que uno de los dos imputados, y después condenado, declaró que condujeron al secuestrado a un sótano en uno de los centros clandestinos de detención en donde fue torturado repetidamente.
El periodista y dirigente vecinal Carlos Julio Rojas, quien estuvo hace un tiempo arbitrariamente detenido y preso en la cárcel de Ramo Verde, liberado con medidas cautelares, fue llevado contra su voluntad en un vehículo sin placas por dos hombres vestidos de negro y rostros ocultos con capuchas, no identificados, mientras caminaba con su esposa en la noche del 15 de abril de 2024 en la zona de La Candelaria en Caracas. Luego apareció con «orden de aprehensión» acusado como «instigador» y «operador» logístico del presunto magnicidio contra Nicolás Maduro del 25 de marzo pasado en la Plaza Diego Ibarra del centro de Caracas.
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Siguen detenidos después de su desaparición forzada Rocío Sanmiguel, abogada experta en la fuente militar y defensora de derechos humanos, presidenta de la organización civil «Control ciudadano». Los dirigentes de Vente Venezuela Dignora Hernández y Henry Álviarez, secuestrados a plena luz del día, sin hablar del secuestro, tortura y vil asesinato en Santiago de Chile del teniente primero Ronald Ojeda, pese a ser asilado político del Estado chileno.
Es apenas un muestrario rápido de indefensión ciudadana ante crímenes de Estado en total impunidad. Ante la inminente estampida del apoyo chavista a su candidato y la derrota de este, aumenta la persecución. Los organismos represivos complacientes del tirano inventan nuevas conspiraciones, órdenes de captura y manipulación del discurso público para blanquear sus crímenes.
Sebastiana Barráez relató el 16 de enero de 2024 en Infobae otro ejemplo de arbitrariedad. Otilio Peñaloza Moreno, amigo de Diosdado Cabello y del ministro de tierras Wilmar Castro Soteldo, es poderoso dueño de extensas fincas como el hato «Peñalero», de 14.000 ha., en el Estado Apure y se vale de militares para obtener privilegios. Se presentó con la guardia nacional y civiles armados a sacarle el ganado a once familias en el pequeño fundo «El Cordereño» en el municipio Muñoz y a quitarles el terreno porque «su hija lo compró».
Este es el país al que nos ha llevado la camarilla destructora de las instituciones que ejerce el poder con absoluta discrecionalidad desde hace cinco lustros. Es la cleptocracia mafiosa a la que nos enfrentamos cívicamente hoy para recuperar la decencia, la libertad y la democracia.
Marta de la Vega es investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB.
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