Terrorismo: en 2020 vuelve a ser la excusa contra los partidos como en 1963
El asalto al tren de El Encanto fue el evento que desencadenó la máxima represión durante el gobierno de Rómulo Betancourt que le llevó a encarcelar a diputados de los partidos de izquierda, acusándolos de ejercer el terrorismo. 57 años más tarde la historia podría cerrarse sobre sí misma declarando a Voluntad Popular como organización terrorista
El 29 de septiembre de 1963, un grupo integrado por hombres y mujeres pertenecientes a una unidad de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) enfrentaron a los guardias nacionales que custodiaban el tren de El Encanto, que conectaba a Caracas con Los Teques, Miranda, en una operación cuyo objetivo era apoderarse de un lote de armas que supuestamente iban a ser transportadas ese día por ese sistema de transporte.
Cinco de los guardias resultaron muertos, mientras que ocho mujeres y dos niños fueron heridos. Al día siguiente del hecho, los máximos dirigentes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Gustavo Machado y Domingo Alberto Rangel, respectivamente, emitieron una declaración en la que repudiaban la acción y deslindaban del hecho a sus respectivas organizaciones políticas. No obstante, un día más tarde y a pesar de que eran diputados al Congreso de la República, fueron objeto de arresto domiciliario.
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Para el 3 de octubre corría la versión de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) allanaría la inmunidad parlamentaria de los diputados del PCV y el MIR. Una semana más tarde, el entonces presidente de la República, Rómulo Betancourt, expresó lo siguiente: “En Venezuela la lucha contra los terroristas ha entrado en una etapa definitiva. El gobierno no pedirá ni dará cuartel”.
Lucha contra el terrorismo
Jesús Faría, Pompeyo Márquez y Simón Sáez Mérida, entre otros diputados de estos partidos, fueron aprehendidos junto a los ya mencionados Machado y Rangel. Las dos organizaciones políticas de la izquierda quedaron inhabilitadas políticamente y lo estuvieron hasta que Rafael Caldera en su primer gobierno (1969-1973), en un proceso que llamó “pacificación”, los devolvió a la arena política.
Con la acción del fiscal Tarek William Saabm, que ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia dictaminar que el partido Voluntad Popular ejerce el terrorismo, la historia parece volverse sobre sí misma 57 años después. Varios de los partidos de la oposición han sido ilegalizados y la operación Gedeón, una fallida y rocambolesca incursión de grupos irregulares para actuar contra el gobierno de Nicolás Maduro, podría ser una manifestación de posibles acciones armadas contra el Ejecutivo.
Paralelismos en el terrorismo
El historiador Agustín Blanco Muñoz observa claros paralelismos entre la acción del gobierno de Betancourt y la del Fiscal del gobierno de Nicolás Maduro: “Betancourt toma la decisión de que son partidos que ejercen el terrorismo, que son criminales; la gente de la dirección del MIR y del PCV, fueron acusados de participar de hechos terroristas. En el tren del Encanto hubo cuatro militares muertos, ahí comienza todo un proceso que, en el quinquenio de Raúl Leoni (1963-1968), fue más criminal que el de Betancourt. Hubo una persecución a todo lo que fue la izquierda radical, a la que se acusó de terrorista”.
Indica Blanco Muñoz que lo que hicieron Betancourt y Leoni fueron acciones con “miras a inhabilitar estos partidos». Asegura que el fenómeno no tuvo comparación con la persecución de políticos durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
A juicio de Blanco Muñoz, la acción contra VP es un zarpazo; sin embargo, acota que este partido ha dado pasos políticos que por lo menos pueden calificarse de improvisados y que, con acciones como la “operación libertad” del 30 de abril de 2019, evidencian que la organización transita un plan violento.
Sistema autoritario
Para el politólogo y profesor de la Universidad Metropolitana Guillermo Tell Aveledo, más allá de los vínculos que se pueda tener por parte de dirigentes de Voluntad Popular con la operación Gedeón, la narrativa del gobierno de Nicolás Maduro y el fiscal Saab apunta a que todo disenso, pacífico o no, es peligroso y vinculado al terrorismo.
“Incluso cuando las manifestaciones son pacíficas y son violentamente reprimidas aducen por supuesto una narrativa de violencia donde toda la carga de la violencia no parece ser causadas por alguna acción del Estado y arrastra a todas las actividades políticas de las fuerzas democráticas”, sostuvo.
Asegura que a más grave implicación de esto es que, como VP es un partido de suma importancia dentro de la oposición, todo aquello que haya tenido contacto con esa organización, sale perjudicado. “Se trata de que todo el movimiento democrático está tachado de cómplice de esta narrativa. Es una pendiente resbaladiza propio del sistema autoritario en el que estamos”, advierte.
“Aquí no hay nada nuevo, es la misma represión de los 60, más intensa y profunda”, expresa Agustín Blanco Muñoz sobre esta vuelta de historia que se observa en Venezuela.
Sin embargo, resalta que, a diferencia de los años 60, las acciones contra la administración de Nicolás Maduro constituyen lo que llama “golpismo contra golpismo”. Explica que Hugo Chávez irrumpió en el espacio político por intermedio de un golpe de Estado, y que mantuvo su actitud contra la institucionalidad durante su gestión de gobierno, algo que, a su juicio, continúa Nicolás Maduro. Pese a ello, llama la atención en lo inconveniente de las acciones violentas.
“Vamos a reflexionar sobre la violencia, ¿dónde benefició a las mayorías? ¿Lo hizo con la revolución de octubre de 1917? ¿Lo hizo en Venezuela con las llamadas guerras intestinas? De igual manera, ¿dónde la democracia ha resuelto el tema de las mayorías? ¿Dónde se logró la independencia, la solidaridad, la igualdad, el respeto a los DDHH? ¿Cuál es la libertad que nos ha otorgado la violencia?», cuestionó el historiador Agustín Blanco Muñoz.
Implicaciones
Guillermo Tell Aveledo destaca el principio según el cual la medida de libertad de un régimen es la misma que la que éste permite el disenso. Y advierte que luego que se declare terrorista a VP puede haber acciones contra dirigentes y activistas.
“No debería tener implicaciones en tanto que son tipos penales muy específicos y tendrías que ver pruebas de colusión, de conspiración, una carga muy elevada de pruebas, pero por supuesto no estamos en un estado de derecho. Sabemos que hay ciudadanos venezolanos que, asistidos de derechos, no gozan de procesos donde se respeten sus derechos siquiera a ser acusados claramente. Así que no habría límites para lo que pudieran hacer y consideran políticamente viable”, precisó.
Señala que si el gobierno está envalentonado para hacer esto (la declaratoria de terrorista) es que se siente fuerte y no amenazado, pues sabe que no está afectando solo al liderazgo de la oposición, sino uno que es apuntalado por Occidente.
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