Solicitud del fiscal Saab busca sepultar a VP y arrima más leña para detención de Guaidó

La solicitud del fiscal constituyente, Tarek William Saab, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pretende sepultar a Voluntad Popular (VP). Además, busca más argumentos para detener al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 60 países. El politólogo Luis Salamanca advierte que, aunque no está previsto en la legislación venezolana, no resultaría extraño que con el recurso de interpretación, se pretenda la inhabilitación política perpetua de Voluntad Popular. El director de Hercón, Marcos Hernández, cree que el objetivo es poner Guaidó a la par de Nicolás Maduro, considerado por Estados Unidos como terrorista

La solicitud del fiscal constituyente, Tarek William Saab, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre Voluntad Popular (VP) pretende sepultar al partido. Pero, además, busca más argumentos para detener al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 60 países.  Esta es la lectura que hacen analistas y dirigentes de partidos de la oposición.

Saab, este lunes 25 de mayo, pidió al máximo tribunal interpretar los artículos 31 y 32 de Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para determinar sí el partido de Guaidó, y fundado por Leopoldo López, debe ser considerado como «una organización terrorista».

El politólogo y abogado Luis Salamanca recuerda que Voluntad Popular, más allá de sus dirigentes no existe, jurídicamente, como partido para el Estado.  Refiere que, en 2017 y 2018, la organización no concurrió al proceso de legalización «cuando el gobierno se tiró una razia de los partidos y de la Mesa de la Unidad Democrática(MUD)».

En ese sentido, señala que quizás se busca sumar la solicitud de Saab al expediente de VP y vincular la asociación como terrorista con la Operación Gedeón, que el gobierno develó el 3 de mayo.

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Aunque no se conoce el alcance del recurso de interpretación interpuesto por el fiscal constituyente, Salamanca cree que «la solicitud es una respuesta, una retalación a los señalamientos que el gobierno de los Estados Unidos hizo al considerar a Nicolás Maduro como un presidente ilegítimo con vínculos terroristas».

Asimismo, el analista no descarta que con el argumento de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el gobierno busque cercar más y detener a Guaidó y a otros dirigentes.

«La Ley contra La Delincuencia Organizada es una ley espantosa y cualquier cosa puede ser usada por el gobierno para incluir allí. Además, los artículos 31 y 32 son amplios y se prestan para eso. Un acto terrorista es el uso del terror y de la violencia con fines políticos contra la población civil. ¿Ahora, qué acto terrorista cometió Voluntad Popular? Aquí el asunto es que se usa a los jueces para imponer prisión a las personas, todo forma parte del menú del régimen para atacar a sus adversarios», subraya Luis Salamanca.

El politólogo y abogado advierte que, aunque no está previsto en la legislación venezolana, no resultaría extraño que con el recurso de interpretación introducido por el fiscal Tarek William Saab se pretenda la inhabilitación política perpetua de Voluntad Popular. Una decisión de este tipo significaría «poner la lápida al partido».

Por su parte, el constitucionalista Juan Carlos Apitz explica que «según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y la propia doctrina de la Sala Constitucional, ese recurso de interpretación de ley, interpuesto por el fiscal Tarek William Saab, no corresponde sea conocido por la Constitucional. Debe conocerlo en tal caso,  la Sala Penal. Por tratarse de una interpretación de un texto legal, debe conocerla la Sala afín con lo solicitado».

A juicio de Apitz, el procedimiento empleado es «una truculencia». Atribuye esto al hecho de que están de guardia la Sala Constitución y la Sala Electoral del TSJ, según su propia resolución 003.

VP a la par de Maduro

Para el director de Hercón, Marcos Hernández, calificar de terrorista a Voluntad Popular (VP) significa llamar terrorista también a Guaidó. «Una decisión de este tipo por parte del TSJ, pondría a Guaidó a la par de Nicolás Maduro que está que está siendo denominado terrorista por sus prácticas y acciones por los Estados Unidos. El gobierno siempre buscará la construir semejanzas incluso para ir en igualdad de condiciones si emerge una negociación», señala.

«El gobierno de Maduro continúa construyendo escenarios posibles con miras a encauzar más complejidades en materia política articulada a la electoral. La pretensión de tildar de terrorismo a Voluntad Popular, partido al que como Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y otros le prohibieron participar en elecciones, es como originar un desorden para mantener fuera de contexto electoral al partido de Guaidó y Leopoldo López», afirma Marcos Hernández.

Enfatiza que los referidos dirigentes son dos figuras incómodas para el gobierno. Guaidó por su interinato y López por sus posturas y estrategias para desplazar del poder a la revolución. «Todo tiene un orden dentro del tablero político electoral, la pandemia pasará y vendrán momentos políticos que pondrán en aprieto al gobierno de Maduro por sus fraguadas crisis económicas, política y social, crisis conectadas al existencialismo humano y La paz social del país», indica.

Agrega que, hace unos días, la Primera Dama de la república, Cilia Flores, dijo claramente: «Esta vez no te vas a escapar Guaidó”. Hernández cree que el gobierno sigue valiéndose de sus entramados políticos para blindarse.

«Esto solo busca terminar de construir un expediente final para una posible aprehensión a Guaidó», puntualiza.

Criminalización sin argumentos

El diputado Edgar Zambrano, miembro de la dirección nacional de Acción Democrática (AD), destaca que cuando un poder del Estado ataca una organización política en los términos establecidos por la Fiscalía, «se debería estar en presencia de elementos categóricos , contundentes  y creíbles». Añade que no se observan los los soportes aportados para controvertir  los señalamientos tan gravosos como los de terrista que se pretenden endilgar a Voluntad Popular.

«Los partidos políticos son instituciones de la democracia. Universalmente los países de desarrollo sustentable tienen su base en las organizaciones partidistas integradas a la institucionalidad de la república, en gobierno desarrollan visiones y proyectos orientados por políticas públicas ensambladas en sus proyectos, en oposición ejercen la función contralora , supervisión , activando un contrapeso útil y necesario para los fines del Estado . Pero no los señalamientos hechos por el fiscal Tarek Saab», esgrime.

El diputado Zambrano recuerda que, hasta ahora, el gobierno de Maduro ha desarrollado «una política sistemática reflejada en diferentes actuaciones que ateniéndonos a los hechos puede alcanzar otros actores y organizaciones».

Por su parte, el diputado Luis Barragán (Vente Venezuela) destaca que una solicitud como la presentada contra VP debe contar con pruebas irrefutables. En ese sentido, indica el parlamentario que «las supuestas incursiones terroristas de Voluntad Popular y otros partidos de la oposición dependen de la caprichosa interpretación que haga el régimen que no por casualidad capitanea a los llamados colectivos armados.  La Asamblea Nacional debe pronunciarse al respecto».

Persecusión y venganza

Barragán cree que tras la gestión del fiscal Saab hay, en efecto, un acto de retaliación política.  «Ese recurso de interpretación requiere un poco más de rigor jurídico tratándose del Ministerio Público, así fuese de la usurpación.Hay una decidida retaliación política que no encuentra el lenguaje o el eufemismo jurídico para expresarse. Entonces, queda en una caricatura», afirma.

El parlamentario expresa que son injustos los señalamientos contra VP. Añade que la Fracción 16-J advierte una vez más que «resulta imposible cohabitar con un régimen de estas características».