¡Terrorismo!, por Teodoro Petkoff
Pocos actos más graves han ocurrido en este país en estos años de rata, que el atentado terrorista cometido contra varios miembros de la directiva de Fedecámaras, del cual salió gravemente herida a balazos su ex presidenta Albis Muñoz. No nos engañemos. Es terrorismo político puro y simple y si bien no se puede atribuir en este momento ninguna responsabilidad a nadie en particular, no es nada improbable que la brutal acción provenga de alguno de los grupos armados que se identifican con el gobierno, lo cual, por supuesto, no significa que éste tenga que ver con el hecho, aunque sea evidente su responsabilidad en la impunidad que les ha garantizado hasta ahora. Se sienten guapos y apoyados. El procedimiento no fue de hampa común. Fue hampa política.
Su propio lenguaje los delató. En el país actúan abiertamente grupos violentos y armados, ante los cuales las autoridades permanecen «extraña- mente» pasivas. En distintos lugares se han producido actos violentos y armados, inspirados, sin duda, en el discurso de Chávez y en el de algunos de sus acólitos. Ese explícito discurso de odio y discriminación hacia la mitad del país que lo rechaza, la brutalidad y agresividad de su lenguaje, los ataques desconsiderados, despiadados, hacia los gremios empresariales y en particular hacia Fedecámaras, la llamada «radicalización» y los atropellos derivados de ella, las amenazas permanentes hacia todo el que protesta, en especial contra los sectores obreros que han reaccionado contra las arbitrarias estatizaciones, no cabe duda alguna que encuentran eco en los grupos paramilitares que pululan en todo el territorio nacional y que extraen de aquéllas palabras la motivación para sus actos de salvajismo terrorista.
Frente a este atentado terrorista, el gobierno se encuentra ante una de sus más delicadas responsabilidades. El costo nacional e internacional para el gobierno podría ser enorme de no esclarecerse plenamente el atentado. Por razones obvias, no debería resultarle muy difícil identificar a los delincuentes y es su deber proceder con toda rapidez a detenerlos y llevarlos a juicio. Esto no puede pasar por debajo de la mesa. La impunidad en este caso sería absolutamente criminal.
