Tierras a Irán: desde la intervención estatal a la «entrega» a gobiernos extranjeros
De llegar a concretarse la entrega al gobierno de Irán de un millón de hectáreas de tierras productivas por parte de la administración de Maduro, sería además de una medida sin precedentes en la historia venezolana, inconsulta y un exabupto por la extensión involucrada, ya que representa 13% de las 7,8 millones de hectáreas cultivables con las que cuenta el país
Regularizar las tierras a través de la entrega de títulos y devolver las áreas productivas expropiadas ha sido un clamor del sector agrícola y pecuario venezolano en los últimos 10 años. Pero ahora no solo las autoridades gubernamentales hacen caso omiso a esta petición, sino que prevén entregar tierras cultivables a gobiernos extranjeros pasando incluso por encima de la Constitución.
Recientemente, el viceministro de Interior para Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Kousheshtabar anunció que el mandatario venezolano Nicolás Maduro en su última visita a ese país firmó diversos acuerdos, uno de los cuales estaba referido el cultivo de un millón de hectáreas por parte de Teherán en suelo venezolano. Según la agencia de noticias IRNA, el funcionario explicó que debido al déficit de agua de Irán, necesitan siete millones de hectáreas de tierras agrícolas en el extranjero para garantizar la seguridad alimentaria de sus 80 millones de habitantes.
Hasta la fecha, la administración de Maduro no ha informado sobre los alcances de este acuerdo, lo que genera mayor inquietud.
Analistas, juristas y representantes de los gremios agrícolas y pecuarios muestran preocupación por la falta de información al respecto, pero consideran que cualquiera sea el convenio, deberían darse las tierras en concesión a empresas de ese país y no al gobierno iraní.
El artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que «el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional».
Carlos Machado Allison, Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, profesor del Instituto de Estudios de Administración (IESA) y de la Universidad Central de Venezuela (UCV), reiteró que las tierras venezolanas no se pueden entregar a otros gobiernos y que solo pudieran darse en concesión al sector privado y con autorización de la Asamblea Nacional.
«No sabemos el contenido del acuerdo, si es el gobierno de Irán que va a utilizar esas tierras o son productores de ese país, que son dos cosas distintas. Porque entregarle a un gobierno millones de hectáreas es un acto de pérdida de soberanía a través de un acto ejecutivo», dijo.
En cuanto a si se requiere o no autorización de la AN, el artículo 150 de la Constitución de 1999 establece que «la celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional».
El abogado y profesor de Derecho Administrativo, Luis Alfonso Herrera Orellana explicó que de acuerdo con esa disposición, si el acto de adjudicación de tierras dictado con base en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, así como en las reglas de la concesión a favor de una empresa privada o estatal extranjera, califica como un contrato de interés público nacional. «Y entiendo que, en este caso, hay suficientes razones para calificar así el acto de entrega de tierras, entonces sí se necesita esa aprobación (el voto favorable de la mayoría de los presentes en la sesión que se discuta el asunto), y si no se obtiene la cesión, de nuevo, sería nula por inconstitucional».
Coincide con que de acuerdo a la Constitución la cesión directa al gobierno iraní sería nula, por inconstitucional. «Pero si la cesión es a una empresa privada iraní, o incluso a una empresa estatal de ese u otro país, ya no aplicaría la prohibición constitucional».
Sin embargo, explicó que la Ley de Tierras vigente no contempla la figura de la «concesión» para permitir la participación de privados en la explotación y aprovechamiento de las tierras con vocación agraria que, en general, son de dominio público, es decir, de propiedad estatal de la República u otros entes estatales, y solo contempla la figura de la adjudicación.
«Ahora bien, al ser muy escueto lo que la referida ley establece respecto del contenido de la adjudicación, esta podría adoptar las características jurídicas de la concesión. Pero, en todo caso, se debería emplear el término adjudicación y no concesión», dijo Herrera Orellana.
Armando Chacín, presidente de Fedenaga (Federación Nacional de Ganaderos), mostró su preocupación sobre el tema, ya que — a su juicio— de llevarse a cabo el convenio incrementaría la inseguridad jurídica que ya hay en Venezuela. «Creemos que debe resolverse primero el conflicto de tierras que aún persiste en el país».
Indicó que a varios productores agropecuarios les han devuelto sus propiedades, pero que a muchos no se les ha concretado el ofrecimiento de las autoridades estatales.
«Hemos entregado al gobierno y a la Asamblea Nacional una lista de 500 unidades de producción para que sean revisadas caso por caso, y sean devueltas a sus dueños. Nos da dolor no ser tomados en cuenta a pesar del compromiso que tenemos con el país en la producción de alimentos y a pesar de la adversidad», apuntó Chacín.
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En el año 2005, el gobierno de Hugo Chávez inició una severa política de expropiación forzosa de empresas, muchas de las cuales fueron fincas en plena producción. Alrededor de cinco millones de hectáreas fueron expropiadas de la mano del Instituto Nacional de Tierras (INTI). La excusa gubernamental para tal medida fue la «cruzada contra el latifundio» y aseguraron que las personas mantenían los terrenos sin ningún tipo de producción. Pues 15 años han pasado y la mayoría de las tierras en manos estatales y otras que pasaron a las comunas, se encuentran abandonadas.
«Desde ocupaciones temporales hasta expolios, han sido las acciones ejercidas desde el poder con la finalidad de tomar las propiedades, utilizar la capacidad instalada de las unidades productivas. A pesar de que las formas de afectación al derecho de propiedad han mutado en el tiempo, una de ellas se ha mantenido constante, estas son las conocidas invasiones, en sus diversas formas: conatos e intentos de invasión», recordó Cedice Libertad en un informe.
Agregó Herrera Orellana que el Estado ha multiplicado las formas de intervención en los más variados ámbitos del sector económico y en la estatización de las tierras — así como todas las que sean adquiridas por expropiación— al calificarlas como bienes del dominio público.
Por otra parte, Chacín duda que se ejecuten inversiones sustanciales en los proyectos de producción de alimentos en el país, si el acuerdo se aprueba con el gobierno de Irán o si no se resuelve el problema legal sobre la tenencia de tierras. «Nosotros sostuvimos reuniones con representantes de 14 embajadas y todas nos señalaron que inversionistas en sus países tienen interés en participar en los planes de desarrollo productivo en Venezuela, pero consideran que no hay seguridad jurídica ni respeto por la propiedad privada».
El abogado Herrera Orellana también considera que el acuerdo con Irán podría profundizar la inseguridad jurídica. «Si la medida no estuvo precedida de algún procedimiento de naturaleza licitatoria, si no se garantizó en ese procedimiento transparencia y acceso a la información de la ciudadanía, si no se obtuvo aprobación de la AN en un debate democrático antes de tomar la decisión, y si no se conocen ni los beneficiarios de la medida y las condiciones de la cesión o adjudicación, sin duda, aumenta una vez más la inseguridad jurídica y política que impera en Venezuela, y quienes sean autorizados a aprovechar las tierras no tendrán garantía jurídica alguna de su inversión».
Para Machado Allison, la propiedad de la tierra es muy importante, porque sin ello no hay incentivos para invertir. «Si se tiene solo una tenencia temporal que depende de un funcionario público, el productor sembrará menos, para resguardar o salvar el patrimonio que le quede en caso de una expropiación».
El presidente de Fedeagro, Celso Fantinel señala que «es imposible que se dé en Venezuela», un acuerdo como lo manifestó el representante iraní cuando ofreció la información.
«Que se pierda soberanía, eso es imposible. Imágínate que hagan un muro en las hectáreas que les entreguen y hagan lo que quieran en esos terrenos», indicó.
Recordó Fantinel otras intenciones similares en América Latina, como el caso de Uruguay donde representantes de Arabia Saudita intentaron comprar tierras y los uruguayos se han opuesto contundentemente.
«Primero hay que ordenar la casa y apoyar a los productores venezolanos. No creo que Irán venga a apropiarse de tierras venezolanas porque la Constitución lo prohíbe y es muy clara. Una cosa es que quieran venir a trabajar la tierra como lo hicieron mis padres italianos u otros europeos, que sean propietarios de una finca, que la compren en buena lid y se inserten en la sociedad», destacó.
Las tierras cultivables
Uno de los aspectos que más sorprenden del anuncio es la cantidad de tierras que se plantean entregar. Venezuela tiene una gran cantidad de áreas productivas, pero la falta de una política agrícola y pecuaria idónea — además de la crisis que ha generado la política económica del país— ha llevado al país a importar cantidades significativas para cubrir las necesidades alimentarias de la población.
No está claro cuántas tierras cultivables existen en el país debido a la opacidad de las autoridades gubernamentales, pero el sector sostienen que la cifra se encuentra entre 20 millones y 34 millones de hectáreas. Aunque en este contexto, un millón de hectáreas que se prevé otorgar a Irán representa 3% de los terrenos aprovechables, pero sigue siendo un tamaño significativo de tenencia de tierras por parte de un único actor.
El profesor Carlos Machado Allison alertó que no existe una base de datos confiable en el INTI y ni «la ha habido desde 1995». No obstante, recordó que el total máximo utilizado en Venezuela para la producción agrícola vegetal es de 2,5 millones de hectáreas cuando se producían diez millones de toneladas de caña de azúcar y cuatro millones de toneladas de maíz. Pero advierte que es necesario utilizar la tecnología idónea para aprovechar cualquier tierra para cultivar, algo de lo que carece el país.
«La banda llanera, es decir, Portuguesa y Barinas cuentan con buenas tierras para producir. Mientras que el sur de Cojedes, Guárico, sur de Anzoátegui, Monagas y una parte del Orinoco son utilizados principalmente para ganadería extensiva», explicó.
Armando Chacín resaltó que para el sector que representa, el posible acuerdo con Irán es un tema difícil de procesar, ya que entre otros detalles, desconocen cuáles de las millones de hectáreas aprovechables serán las que se entreguen a esa nación. Lamenta que las tierras que el INTI ha cedido a algunos venezolanos no hayan sido bien aprovechadas. «Las ayudas del gobierno se acabaron y la mayoría de la gente no quiere sembrar porque sienten que ya no es negocio. No quieren producir, lo que quieren son los beneficios que traen los planes gubernamentales».
Según datos del presidente de Fedenaga, Venezuela tiene 34 millones de hectáreas para producir alimentos, y que el máximo de terrenos en el que se llegó a producir fue de 10 millones de hectáreas, por lo que considera que hay capacidad para atraer capitales en el sector.
«Hay tierras para los venezolanos, hay tierras para los inversionistas extranjeros, pero tenemos que ganar confianza, no solo de la seguridad jurídica, sino también de financiamiento, de buenos servicios públicos y seguridad personal», afirmó.
Celso Fantinel añade un elemento que se debe tomar en cuenta en este acuerdo: el financiamiento y la adecuación de las tierras que se requieren para la siembra. Se deben resolver temas como lo que está sucediendo con las invasiones, con el irrespeto a la propiedad privada y a las normas, la inseguridad jurídica, los problemas de agua y electricidad y la escasez de combustible.
«Ese millón de hectáreas igual hay que acondicionarlas y al estar diseminadas por el país, haría necesario hacer un plan integral, lo que es cuesta arriba. ¿Quiénes son los inversionistas que vendrán? Hemos visto inversionistas árabes y chinos en los campos venezolanos, por lo que si hay algún venezolano que no puede mantener su unidad de producción puede venderla a algún interesado, esta es la forma correcta de proceder», apuntó.
Recordó el presidente de Fedeagro que las importantes sumas de dinero que se necesitan invertir en los campos venezolanos. «Para sembrar una hectárea de papa se deben invertir unos 8.000 dólares o de maíz se necesitan unos $2.200, de caña de azúcar un monto cercano a $2.800 y de maíz unos $1.500. Es decir, es necesario contar con las condiciones favorables para acometer ese gran cúmulo de inversiones. Apenas la cartera de préstamos obligatoria para el sector agrícola va por $100 millones y se requieren $1.500 millones para despegar. Mientras que se gasta en importaciones de alimentos unos $2.000 millones».
Considera que el país tiene un capital de 20 millones de hectáreas que se pueden cultivar y que si hubiesen contado con las inversiones que se requerían, se pudieron haber aprovechado para aumentar la producción. Recalcó que en estos momentos la producción nacional abastece 45% del consumo, a pesar de que actualmente se produce en 1 millón 200 mil hectáreas, lo que está por debajo de los 2 millones de hectáreas en las que se produjo en el año 2012.
«Tenemos la capacidad para crecer. Venezuela si se puede convertir en una despensa para el mundo», afirmó Fantinel.
