Torino: Ley antibloqueo promueve corporativismo estilo chino
Torino Economics afirma que la ley antibloqueo implica una usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional (AN)
El pasado 8 de octubre, la constituyente aprobó la denominada ley antibloqueo, la cual, de acuerdo con lo expuesto por Nicolás Maduro, busca hacer frente a las sanciones impuestas por la administración estadounidense actualmente dirigida por Donald Trump.
No obstante, Torino Economics, la unidad de investigación de la consultora Torino Capital, señala en su más reciente informe sobre Venezuela que la aprobación de este tipo de leyes por parte de la ANC implicaría una usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional (AN), lo cual en primera instancia ya pone en cuestionamiento la referida ley, reseña Banca y Negocios.
Torino Economics añade que el instrumento jurídico promovido por el gobierno de Maduro no supone más que la «legalización» de lo que se viene gestando a nivel normativo a partir del 2016, momento desde el cual se ha prorrogado 28 veces el decreto de estado de excepción y emergencia económica emitido en enero de ese año, en medio de la denominada «guerra económica», el cual ha otorgado a Maduro poderes equiparables a los que permitiría la ley antibloqueo.
Consecuentemente, las presiones ejercidas por las sanciones estadounidenses en lugar de derivar en la salida del poder de la administración de Maduro han promovido el fortalecimiento de los vínculos con países adversos a las políticas de EEUU. Un buen ejemplo de esto es la reciente visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a Rusia, durante la cual se anunció el desarrollo de 264 proyectos bajo la ley antibloqueo.
De esta manera, de la misma forma en que Venezuela sirvió de plataforma para la introducción de China en América Latina durante el gobierno de Chávez, se observa cómo actualmente la administración de Maduro ha utilizado estas alianzas como un camino de salida a las presiones ejercidas por las sanciones, mientras que países con regímenes como el iraní buscan oportunidades para estrechar lazos comerciales dentro de la región, destacando que la semana del 4 de noviembre el canciller iraní inició una gira por el continente.
Si bien es cierto que, el gobierno de Maduro se ha caracterizado por la búsqueda y construcción de artilugios «legales» para ejecutar de manera amplia sus políticas gubernamentales, la ley antibloqueo representa la consolidación legal de este modus operandi con rasgos anárquicos, siendo una de sus fortalezas generar asimetrías informativas cada vez más palpables, señala Torino Economics.
De esta manera, en medio de grandes presiones para sostenerse en el poder, y obtener recursos económicos, la ley antibloqueo faculta al ejecutivo nacional para crear y autorizar mecanismos o fuentes de financiamiento, al tiempo que puede celebrar «todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios» para la protección de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República.
En relación con los mecanismos de endeudamiento, estaría sujeta su vigencia a esta ley, por lo cual se crea una mayor incertidumbre y desconfianza; especialmente considerando la deuda en default que posee la República y que puede llegar a costarle la filial estadounidense de Pdvsa, Citgo, la cual se encuentra actualmente sumida en litigios legales.
Por otra parte, se abre la puerta a las políticas de privatización de empresas públicas, pues se señala la disposición de reorganizar la constitución de empresas en manos del Estado, incluso aquellos que fueron expropiadas o están en proceso judiciales.
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No obstante, debido a la falta de institucionalidad, no hay garantías de que estas empresas no vuelvan a ser expropiadas una vez finalice la vigencia de la ley, o inclusive antes, asumiendo que vuelvan a ser rentables y productivas, y aunque esta ley incluye un artículo para proteger la inversión privada, esto no garantiza de modo alguno que vaya a ser así, por lo que la ley en sí misma, no genera la confianza necesaria y suficiente para incentivar al sector empresarial e impulsar la inversión.
Es así como se fomenta una especie de corporativismo chino «a la venezolana» (o State Corporatism, como se lo conoce en la literatura económica), donde se deja las puertas abiertas a la discrecionalidad en cuanto al ingreso de capitales foráneos, incluso facilitando aún más el acceso de empresas de países afines al régimen, sin ninguna clase de contraloría del origen de dichos fondos.
Además, se seguirá incentivando, en consecuencia, lo que se conoce como “sociolismo” en Cuba, “blat” en Rusia y «enchufismo» en Venezuela, así como la constante creación de mercados negros e ineficiencias microeconómicas, típicas de gobiernos de corte socialista o con un fuerte y marcado componente estatal.
