Hija del ministro del Trabajo viola derechos laborales botando a empleados de Fogade
Estos empleados de Fogade son William Prieto, secretario general del sindicato Sutrafogade, y William Guzmán, delegado de prevención. “Éramos incómodos para la institución porque denunciábamos”, dice Prieto
Dos trabajadores del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) denuncian que fueron despedidos formalmente de sus puestos de trabajo durante el mes de septiembre, tras quejarse de los bajos salarios que perciben en la institución y tras confesar que durante la cuarentena no se les otorgó más la bolsa de comida que el organismo ofrece mensualmente. Estos empleados están identificados como William Prieto, secretario general del sindicato Sutrafogade, y William Guzmán, delegado de prevención.
Los conflictos laborales entre Fogade y estos dos empleados datan de inicios de 2020. En el mes de enero, ambos trabajadores ya habían sido notificados de una calificación de despido, habían sido desalojados de la institución, se les prohibió el ingreso a la sede y también les quitaron los carnets que los identificaban como empleados.
Prieto trabajaba en el departamento de correspondencia y Mujica era el asistente administrativo de la gerente general de Administración y Finanzas. Ninguno de los dos firmó su carta de despido en febrero, continuaron asistiendo a Fogade y cumpliendo el horario desde la sede del sindicato.
Las molestias de las autoridades de Fogade con estos dos empleados se originaron por las protestas encabezadas por estos dirigentes sindicales, que agrupaban hasta 350 trabajadores de un total de 450, en reclamo a sus derechos laborales como salarios, seguro HCM, planes de vivienda, beneficios estudiantiles, entre otros, según cuenta William Prieto.
A pesar de esa primera notificación de despido, durante las medidas especiales por la pandemia del coronavirus, tanto Prieto como Guzmán seguían percibiendo en sus cuentas sus salarios de 1,5 millones de bolívares y un bono de alimentación por Bs. 5 millones, ya que la bolsa de comida y artículos de higiene no se entregó más en medio de la cuarentena.
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Un día después de que fueron sacados de sus puestos de trabajo (en febrero), “Mileidy Galán, gerente de Administración y Finanzas, metió a unas personas ajenas a la institución en el departamento de correspondencias y revisaron todo”, asegura William Prieto. Ante la irregularidad, el dirigente sindical grabó lo ocurrido y lo denunció.
Esta acción le costó a ambos trabajadores de Fogade una denuncia en la Fiscalía 67 por supuestos atropellos contra la mujer. “Estábamos acusados de haber agredido a la gerente Galán. Dijimos que eso era mentira, mostramos los videos y dijimos que exigíamos respeto a nuestros derechos”, detalló Prieto. Desde entonces, no ha habido más comunicación con la Fiscalía, pero la Inspectoría del Trabajo abrió una calificación de despido.
William Prieto asegura que su calificación de despido sostiene que la causal es el irrespeto a la autoridad. Dice que los testigos que presentó la gerente Mileidy Galán son falsos, porque ni los conocen y que alegaron que ambos trabajadores nunca acudían a sus puestos de trabajo. “Esta calificación estaba sustentada por Galán y por Verónica Mujica, gerente de Infraestructura”, expuso William Mujica. Su caso no avanzó más por la pandemia.
En septiembre, William Prieto volvió a quejar porque Fogade no les estaba garantizando la bolsa de comida y, días después de esta denuncia, Arlen Piñate, presidenta de Fogade e hija del ministro del Trabajo Eduardo Piñate, firmó la carta de despido de ambos empleados, además con una nota que explica que la decisión es “inapelable”.
Tanto para Prieto como para Guzmán la resolución de Arlen Piñate es una retaliación. “Éramos incómodos para la institución porque denunciábamos. La actitud de Arlen Piñate fue de llegar a violentar los pocos beneficios que nos quedaba”, asegura William Pietro, quien trabajó por 20 años en Fogade. William Mujica lleva 28 años en la administración pública.
La segunda quincena de septiembre, cuando ambos trabajadores se dieron cuenta que fueron despedidos, acudieron a la Inspectoría del Trabajo y esta decisión no estaba en el expediente. Fueron a Fogade y las nuevas autoridades les explicaron que existe una decisión administrativa, pero les dijeron que “iban a buscar la manera de reengancharlos”, pero les aclararon que “hay órdenes desde el Ministerio del Trabajo de que no entren de nuevo a la institución”.
Los dos empleados quieren demandar en tribunales para solicitar la nulidad de esa decisión; sin embargo, les preocupa que estos trámites pueden tardar entre ocho meses y un año. Además, revelan que en la Inspectoría del Trabajo no hay material ni para sacar copias del expediente. “Cada juego de copias cuesta nueve millones de bolívares y no tenemos para sacarlas. Nuestros compañeros reunieron en un pote Bs. 11 millones para ayudarnos”, dice Prieto.
Mientras tanto, ambos trabajadores viven de las dádivas de sus familiares y allegados, pues aunque era poco lo que percibían por sus labores, les hace falta.
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