Trabajadores y gremios protestan contra la represión: «El salario también está preso»
Dick Guanique, representante de Vanguardia Laboral, aseveró que todos los derechos de los trabajadores «están siendo conculcados. La libertad de los presos políticos, el cese a la represión, el incremento salarial, son necesidades, son aspiraciones que hoy tiene todo el pueblo de Venezuela»
Gremios y representantes de partidos de izquierda protestaron contra las «acciones represivas» desatadas por la administración de Nicolás Maduro hacia trabajadores, dirigentes civiles y sindicales y sociedad civil tras las elecciones presidenciales de 2024. En un documento, exigieron a la Defensoría del Pueblo que se pronuncie sobre estos temas.
Desde Plaza Morelos, al centro de Caracas, decenas de trabajadores reclamaron la detención de al menos siete dirigentes sindicales, la libertad inmediata de todos los presos políticos, al igual que expresaron su rechazo a la estigmatización, persecución y hostigamiento contra la activista de derechos humanos Martha Lía Grajales y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, agredidas hace una semana frente al Tribunal Supremo de Justicia en una vigilia.
También junto a los presos políticos, «el salario mínimo venezolano también está preso, está ahogado como consecuencia de una política nefasta, neoliberal y reaccionaria que ha generado el gobierno. Le pedimos al gobierno nacional que libere al salario mínimo, que aumente el salario a los trabajadores que en este momentos están en una situación crítica», aseguró Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV (Sinatra UCV).
Al igual que otros gremialistas, dijo que el sueldo mínimo de 130 bolívares –menos de un dólar a tasa oficial del BCV– es más bajo que países como Bangladesh o Myanmar. Rechazó la bonificación impuesta desde el mismo Ejecutivo, pues lo calificó como «una sustitución ínfima, están maquillando el salario».
Dick Guanique, representante de Vanguardia Laboral, aseveró que todos los derechos de los trabajadores «están siendo conculcados. La libertad de los presos políticos, el cese a la represión, el incremento salarial, son necesidades, son aspiraciones que hoy tiene todo el pueblo de Venezuela».
«Nosotros no somos terroristas, no andamos en conspiración. Nosotros estamos exigiendo que se respete la Constitución y eso no es un delito aunque se haya criminalizado esa labor, aunque se nos persiga por esa solicitud», reclamó Guanique, quien recordó el reciente arresto de Rusbelia Astudillo, abogada y defensora de derechos de los jubilados.
Por su parte, Carlos Salazar, representante de la Coalición Sindical, indicó que «la desaparición y ausencia del salario no es de ahorita, viene desde el año 2022 (…) Hoy que el salario mínimo son cuatro bolívares diarios se acabó el cálculo prestacional, se acabó de las vacaciones, se acabó el cálculo de los aguinaldos, se acabó la seguridad social de nuestros trabajadores».
Asimismo, reclamó a Nicolás Maduro que informe qué ha pasado con el aporte especial de pensiones establecido en mayo de 2024. «Queremos respuestas sobre ese 9%, sobre la protección del salario y libertad para nuestros compañeros de trabajo».
Trabajadores detenidos y hostigados
Según la Coalición Sindical, al menos siete dirigentes sindicales se encuentran detenidos en el país, sin tomar en cuenta la reciente detención arbitraria de la abogada Rusbelia Astudillo. En la protesta, criticaron la presencia de cuerpos de seguridad como efectivos del Sebin y la PNB, cuestión que calificaron como «hostigamiento».
«Queremos desmontar toda campaña y matriz de opinión que viene tejiendo algunos sectores del gobierno para tratar un sicariato moral contra dirigentes sociales», afirmó Eduardo Sánchez.
Los trabajadores plantearon los casos concretos de Juan Valor, detenido en el estado Bolívar, y Oglis Ramos Garrido, quien fue detenido en el estado Apure hace más de 75 días y su familia desconoce su paradero. También exigieron la excarcelación de Enrique Márquez y que se entregue el salvoconducto a la abogada María Alejandra Díaz, asilada en la Embajada de Colombia.
En el documento entregado a la Defensoría del Pueblo, los movimientos de trabajadores solicitaron al defensor Alfredo Ruiz que investigue de forma imparcial las agresiones sufridas por un grupo de madres de presos políticos poselectorales ante el TSJ. Pidieron al máximo tribunal que entregue los vídeos de las cámaras de seguridad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
