Trasladan a dos presos militares procesados por supuesto intento de magnicidio
El Gobierno sustenta esta operación de traslados de presos militares y comunes en una supuesta reforma que realiza al Sebin y al Dgcim, en un intento por lavarles la cara ante la Corte Penal Internacional
Los generales Alejandro Pérez Gámez y Héctor Hernández da Costa fueron trasladados desde la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleita, donde se encuentran recluidos desde 2018, a la cárcel de Ramo Verde.
La información fue difundida por el periodista Javier Ignacio Mayorca, quien acotó que otros cuatro civiles involucrados en la misma causa por la que acusan a los dos militares, fueron llevados a las prisiones Yare y El Rodeo II.
Llevados desde la Dgcim Boleíta a Ramo Verde los generales Alejandro Pérez Gámez y Héctor Hernández da Costa, procesados por el caso denominado "magnicidio frustrado". Cuatro civiles involucrados en la misma causa fueron llevados a Yare y El Rodeo II
— Javier I. Mayorca (@javiermayorca) June 2, 2021
Estos seis trasladados afrontan la misma acusación de «magnicidio frustrado», basada en el ataque con drones que sufrió Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 en la Avenida Bolívar de Caracas, mismo caso por el cual fueron arrestados el diputado de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Juan Requesens, y el exconcejal del municipio Libertador, Fernando Albán, quien falleció bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
De esta manera, el régimen continúa con su proceso de traslado de presos políticos, pues al menos unos 50 han sido transferidos centros de detención de sedes de organismos de seguridad nacional como el Sebin, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Dgcim a cárceles comunes.
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Hace apenas unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que tenía conocimiento de al menos 50 traslados de presos políticos a cárceles comunes, una acción cuestionable por la transparencia que ha prelado en el proceso, con nula información a los abogados y familiares de los privados de libertad.
El Gobierno sustenta esta operación en una supuesta reforma que realiza al Sebin y al Dgcim, en un intento por lavarles la cara para cumplir con las observaciones elevadas por la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios de estos órganos.
La ONG Foro Penal también ha cuestionado el proceso, bajo el argumento de que es contrario al Código Orgánico Penitenciario y acotando que ya el Gobierno ha ejecutado traslados irregulares antes de la publicación del decreto N° 4.610, que ordena la transferencia de la custodia de los presos del Sebin y del Dgcim a cárceles comunes.
