Tres presos de la operación Armagedón inician huelga de hambre por retrasos en juicio
El 14 de febrero de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas solicitó liberar al grupo de la operación Armagedón. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha emitido medidas cautelares de protección a favor de los capitanes Luis de La Sotta, Carlos Macsotay Rauseo y el capitán Antonio Scola Lugo, pero no se han cumplido por parte del gobierno venezolano
Tres presos políticos militares acusados en la llamada operación Armagedón iniciaron una huelga de hambre el jueves 21 de septiembre por los retrasos en el inicio de juicio desde hace cinco años y tres meses.
El capitán de Corbeta Carlos Macsotay Rauseo inició la huelga de hambre la mañana del jueves. En la tarde se sumaron el mayor de la Aviación Ricardo González Torres y el teniente de Navío Antonio Scola Lugo como medida de presión para que inicie el juicio contra el grupo de la operación Armagedón o se produzca la extinción de la causa y la liberación de todos los detenidos, en este caso por el cumplimiento de pena mínima.
Luego de 1937 días privado de libertad y en espera de la celebración de la audiencia de apertura a juicio desde diciembre de 2018, la mañana de este jueves el preso político militar, Capitán de Corbeta Carlos Gustavo Macsotay Rauseo se declaró en huelga de hambre en Ramo Verde! pic.twitter.com/lDAUKB9Avz
— Natsibet Rivero (@natsibbet) September 21, 2023
La «operación Armagedón», denominada así por el gobierno de Nicolás Maduro, tenía como supuesto objetivo la desestabilización de los poderes públicos, a través del sabotaje de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvo al capitanes de Corbeta Luis Humberto de la Sotta y Carlos Macostay Rauseo, el teniente coronel Ruperto Molina Ramírez; los mayores Abraham Américo Suarez Ramos, Adrián de Gouveia de Sosa y Ricardo Efraín González Torres; el teniente de Navío Antonio Scola Lugo; y los capitanes de Fragata Elías José Noriega Manrique y Luis Alberto Cunes.
Las detenciones de los nueve militares se hicieron el 17 de mayo de 2018 en diferentes bases militares, tras la filtración de un documento que obtuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y fue usado durante la audiencia de presentación ante el Tribunal Militar 1° de Control, a cargo de la jueza Claudia Pérez de Mogollón, para privarlos de libertad. El 11 de diciembre de 2018 se ordenó el pase a juicio, que no ha iniciado.
El grupo, acusado de intigación a la rebelión y contra el decoro militar, fue objeto de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, que no fueron investigadas por los tribunales militares o la Fiscalía General, donde se denunciaron estos delitos. Una parte permanece recluida en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) Ramo Verde, en Los Teques, mientras que De La Sottta permanece en Fuerte Tiuna.
El 14 de febrero de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas solicitó liberar al grupo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha emitido medidas cautelares de protección a favor de De La Sotta, Macsotay y Scola Lugo, pero no se han cumplido por parte del gobierno venezolano.
