Tribunal constitucional de Perú ordena la liberación inmediata de Alberto Fujimori
La Corte IDH solicitó a Perú no efectuar la liberación de Alberto Fujimori hasta que la Justicia revisara un recurso de familiares de las víctimas de su mandato, pero el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, insistió en varias oportunidades que las autoridades peruanas debían proceder con la liberación
El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la tarde de este martes 4 de diciembre la liberación inmediata de Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó lo contrario el año pasado.
«Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori», reza un auto del TC.
Aunque el tribunal reconoció la gravedad de los delitos por los que Fujimori fue condenado en 2009, resaltó que se le concedió un indulto humanitario en 2017, anulado por la Corte Suprema en 2019 y cuyos efectos fueron restituidos en una sentencia de marzo de 2022.
*Lea también: Corte IDH ordena a Perú abstenerse de liberar a Alberto Fujimori
Esta última sentencia tiene autoridad de cosa juzgada, y el tribunal señaló que el favorecido lleva casi seis años indultado sin que se haya hecho efectiva su libertad, lo cual constituye una vulneración al derecho fundamental.
Además, se consideró la edad avanzada y la salud deteriorada de Fujimori, quien ha cumplido aproximadamente dos terceras partes de su condena.
La Corte IDH solicitó a Perú no efectuar la liberación hasta que la Justicia revisara un recurso de familiares de las víctimas de su mandato, pero el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, insistió en varias oportunidades que las autoridades peruanas debían proceder con la liberación.
Alberto Fujimori se impuso en el Perú a través de un autogolpe en 1992, al ordenar el cierre inconstitucional del Congreso y asumir el control total de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas junto con su asesor Vladimiro Montesinos.
Fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas en los Barrios Altos y La Cantuta, bajo los delitos de homicidio calificado, secuestro y lesiones graves. Además, se le acusó de usurpación de funciones, peculado y falsedad ideológica, corrupción y espionaje. Actualmente cumple su condena en el penal de Barbadillo en Lima.
Con información de La República y France 24
