Tribunal de Bonaire sentencia a Pdvsa a pagar $41 millones por deudas acumuladas
Adicionalmente, las autoridades de Bonaire ordenaron el pago de una tarifa mensual de 560.000 dólares para mantener el almacenamiento de crudo en las instalaciones bonaerenses
Un tribunal de primera instancia de Bonaire sentenció a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a pagar un monto de $41,69 millones por deudas acumuladas con la petrolera bonaerense Bonaire Petroleum Corporation (Bopec).
De esta manera Pdvsa perdió nuevamente una demanda internacional por impagos, pues el monto se calculó a partir de las deudas acumuladas de la petrolera en este territorio a partir de un contrato firmado para el manejo de la refinería y del terminar marítimo de un complejo ubicado en Kaminda Turistiko Brasil, sector del suroeste de la isla.
La denuncia se efectuó en mayo por Constantijn Michiel van Liere, fiduciario de Bopec después de que la petrolera bonaerense se declarara en quiebra.
El acuerdo entre las empresas de Venezuela y Bonaire se remonta a enero de 2002, mediante la firma de un contrato de almacenamiento y rendimiento. Bopec almacenaba el crudo venezolano en sus depósitos del terminal marítimo y lo reexportaba en nombre de Pdvsa. A cambio, solicitaba una tarifa en dólares por el servicio, que según el último ajuste vigente desde 2016, era de 40 centavos de dólar por el total de barriles que podían permanecer en los tanques.
Esta cooperación requería también la participación de una cadena de compañías, como Pdvsa Petro, subsidiaria que cumplía con la función de vender el crudo venezolano a «clientes fuera de su propio grupo». Por lo tanto, Bopec prestaba el servicio de reexportación concretamente a esta subsidiaria.
Además, parte del capital accionario de Bopec fue adquirido por Propernyn BV, una compañía de Pdvsa establecida en lo que era antiguamente las Antillas Neerlandesas, pero tras su disolución como Estado fue trasladada a Países Bajos.
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Los problemas empezaron en septiembre de 2017, cuando Pdvsa detuvo los pagos a Bopec por el servicio de almacenamiento y reexportación. A partir de este punto, Bopec entró en quiebra por carecer de músculo financiero suficiente para pagar la nómina y efectuar los mantenimientos necesarios en las instalaciones.
Tras la demanda, la defensa venezolana argumentó que un tribunal de Bonaire no tenía la jurisdicción para reconocer los reclamos, por lo que el litigio debía pasar po un arbitraje, como se estableció inicialmente en el contrato.
No obstante, el juez descartó esta objeción y respaldó la exigencia del demandante sobre la urgencia al momento de tomar una decisión, considerando que el almacenamiento y manejo de petróleo en el terminal marítimo «conlleva costos operativos considerables».
Adicionalmente, ordenó que Pdvsa pagase una tarifa mensual de 560.000 dólares para mantener el almacenamiento de crudo en las instalaciones bonaerenses.
La defensa jurídica venezolana enfrentó problemas, en gran medida porque, aunque Bonaire reconoció la presidencia interina de Juan Guaidó, no hizo lo propio con la figura del «gobierno interino» y todos los funcionarios e instituciones que dependen del interinato.
Por este motivo, el presidente de la junta directiva ad-hoc de Pdvsa, Horacio Medina, asegura que no pudo participar en el juicio para defender los intereses del país, según declaraciones recogidas en una publicación del periodista Javier Ignacio Mayorca.
