Tribunal de Curazao ordena cierre de cárceles para migrantes venezolanos
Durante una visita a la cárcel, un juez determinó que los migrantes venezolanos estaban recluidos bajo un régimen aún más estricto que los presos que habían sido condenados penalmente. Se calcula que en Curazao viven en situación migratoria irregular unos 17.000 venezolanos
El Tribunal Superior de Curazao ordenó el viernes 15 de julio el cierre de los centros penitenciarios para migrantes y refugiados venezolanos, alegando que se trata de una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Como resultado del fallo, nueve venezolanos -cuatro mujeres y cinco hombres- alojados en una prisión con delincuentes comunes fueron liberados de inmediato, según los medios locales.
Curazao es un estado constituyente del Reino de los Países Bajos y, por tanto, aceptan legislación europea dentro de su territorio. La isla no cuenta con un procedimiento de asilo reconocido internacionalmente, pero los venezolanos pueden invocar la Convención Europea de Derechos Humanos.
Debido a que el cuartel de inmigración, al que Países Bajos ha aportado millones de euros para su mejora, aún no está listo, los venezolanos detenidos por las autoridades migratorias fueron ubicados en una sección de la prisión principal en Koraal Specht.
Las autoridades de Curazao decidieron trasladar a todos los presos comunes del bloque 1 a otro lugar y designar esa zona como un lugar de detención para los ciudadanos extranjeros sin documentos de residencia, incluso los solicitantes de asilo.
Durante una visita a la cárcel, un juez determinó que los venezolanos estaban recluidos bajo un régimen aún más estricto que los presos que habían sido condenados penalmente.
Mientras los condenados y procesados penales pueden tener acceso a un polideportivo, biblioteca, talleres y vista al exterior, los migrantes venezolanos tenían que permanecer 18 horas en celdas oscuras, “no tenían vista al mundo exterior, pocas oportunidades recreativas y ninguna actividad diaria significativa”.
Se calcula que en Curazao viven en situación migratoria irregular unos 17.000 venezolanos.
En octubre de 2021, Amnistía Internacional (AI) denunció en un informe que las autoridades de Curazao y de Países Bajos violaron los derechos de personas venezolanas que buscaban protección internacional en la isla.
A raíz de este informe, una delegación de AI viajó a la isla pero el Gobierno de Curazao rechazó recibir a sus representantes y les prohibió visitar los cuarteles donde estaban detenidos migrantes venezolanos.
