Tribunal dicta privativa de libertad contra activistas de Bandera Roja y defensor de DDHH Gabriel Blanco
Entre los detenidos, también se encuentra el sindicalista Emilio Negrín, y los activistas sociales y políticos Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez
El Tribunal 4to de Caracas con competencia en Terrorismo, dictó la noche de este sábado 9 de julio, privativa de libertad para los activistas del partido político Bandera Roja; así como también para el defensor de derechos humanos, Gabriel Blanco.
Así lo dieron a conocer los abogados de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia -quienes asisten legalmente a varios de los detenidos.
La audiencia de presentación de los detenidos inició pasada la cinco de la tarde y se prolongó hasta cerca de las nueve de la noche de este sábado 9 de julio, mientras que en las afueras del Palacio de Justicia familiares y allegados permanecieron varias horas aguardando la decisión del tribunal.
Diannet Blanco, activista de derechos humanos y pareja del sindicalista Gabriel Blanco, expresó su aspiración por una decisión basada “en el marco de la justicia, de la verdad y del respeto al debido proceso. Mucha esperanza de que reine la libertad y la justicia, sobre todo de la justicia”.
Entre los detenidos, también se encuentra el sindicalista Emilio Negrín, y los activistas sociales y políticos Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez, quienes fueron detenidos en distintos procedimientos ejecutados durante la semana pasada en medio de una ola represiva que incluyó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento.
No obstante, se desconocen los motivos por los cuales estas personas resultaron detenidas. No obstante, permanecerán detenidos en la sede de la PNB de “La Quebradita”, aunque se plantea cómo su centro de reclusión “El Rodeo II”.
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Y es que -en medio de la ola represiva que privó de la libertad en la última semana a los activistas Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés-, la única detención que fue ajustada a la “legalidad” fue la de Blanco, gracias a la presión que ejercieron decenas de vecinos del trabajador humanitario y al papel de actores de la sociedad civil quienes se mantuvieron alerta ante la actuación irregular de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). En el resto de casos, hay un cóctel de irregularidades.
“Allanamientos ilegales, detenciones sin orden de aprehensión, ausencia de fiscales del Ministerio Público y denuncias de desapariciones forzadas”, señaló Provea en su portal Web.
Las más recientes víctimas de la recurrente persecución gubernamental son los trabajadores y dirigentes sociales, movilizados por la defensa de sus derechos y conquistas, en medio de una severa crisis que ha agudizado la desigualdad, la pobreza y la precarización de las condiciones de vida.
La gestión de Maduro insiste en criminalizar los derechos a la libre asociación y reuniones pacíficas y el ejercicio de la libertad sindical, garantizados en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, la Constitución Nacional y la legislación vigente.
