Tribunal mantiene en prisión al exferrominero Rodney Álvarez
La defensa de Álvarez califica de “ilegal” el fallo toda vez que el proceso judicial ha durado una década causando daños morales y materiales irreparables y que son imputables al retardo procesal del Poder Judicial
Texto: Laura Clisánchez / Correo del Caroní
El Tribunal 11 de Control del Circuito Judicial del área metropolitana en Caracas negó la petición de medida cautelar sustitutiva de libertad para Rodney Álvarez, extrabajador de Ferrominera Orinoco injustamente apresado desde hace una década. Así lo informó el abogado defensor de Álvarez, Luis Aguilera.
De acuerdo con Aguilera, la jueza negó la solicitud de la medida que permitiría que Álvarez cumpliese condena fuera de la cárcel con el alegato de que tuvo poco tiempo para analizar el caso, cuyo expediente se introdujo en el tribunal el pasado 17 de diciembre.
El abogado explicó que la negativa de esta medida es inconstitucional porque el Código Orgánico Procesal Penal establece un máximo de dos años para que culmine una judicialización, de extenderse el plazo, el juez o jueza debe otorgar una medida cautelar sustitutiva de libertad. El proceso judicial de Álvarez ha durado 10 años y seis meses.
“Esto expresa una vez más la violación de los derechos de Rodney Álvarez y la pérdida del Estado de Derecho en nuestro país. Es ilegal la decisión adoptada tomando en consideración que el Código Penal en el artículo 230 establece que el juez concederá medida cautelar sustitutiva de libertad en aquellos casos en que la judicialización no ha culminado pasados dos años”, expresó el abogado.
“Inclusive, la jueza pudiese solicitar como garantía dos fiadores y que Rodney no se ausente del área metropolitana de Caracas. Lo que es contrario a derecho es que la jueza niegue una medida cautelar evaluando también que el retardo procesal no es imputable a Rodney Álvarez, es responsabilidad del Ministerio Público”, insistió.
El Poder Judicial generó daños morales y materiales irreparables para Álvarez, pues los ingresos que Álvarez devenía eran el sustento de su madre, esposa y tres hijos.
Además, la medida cautelar sustitutiva de libertad es la única manera en que Álvarez pudiese ver con mayor frecuencia a sus hijos de 8, 10 y 14 años.
“Considerando el daño moral y material irreparable imputable al Poder Judicial, lo menos que podía hacer la jueza era resarcir levemente ese daño. Pero ante la falta de independencia del Poder Judicial, la jueza cumpliendo órdenes precisas del alto gobierno decide entonces mantener la medida privativa de libertad en contra de Rodney Álvarez”, recalcó el abogado. El encarcelamiento es injusto e ilegal.
La defensa legal también insistió ante la jueza en que el obrero tuviese acceso a atención médica especializada, específicamente tomografías y evaluación de un médico neurólogo por los constantes mareos, dolores de cabeza y dificultades visuales que sufre el trabajador.
Aguilera informó que la jueza se comprometió con oficiar al Ministerio para Asuntos Penitenciarios la solicitud para que Álvarez sea evaluado por un médico. La defensa legal teme que no haya un cumplimiento real de la solicitud.
“Voy a estar al tanto a ver si se pasa del formalismo a cumplimiento real de la solicitud porque muchas veces los jueces ofician, pero no pasa a más de ahí y se supone que el tribunal debe hacer investigaciones para determinar el porqué no se le ha realizado esos exámenes a Rodney Álvarez”, explicó el jurista.
Sobre la medida cautelar que se introdujo el lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el acceso a la salud del trabajador que, además, se encuentra en estado de desnutrición, la defensa legal informó que esperan respuestas.
Álvarez continúa encarcelado en Rodeo II, en Caracas, mientras su salud se deteriora.
El obrero está a más de 100 kilómetros de su hogar, y la última vez que pudo ver a su madre fue en 2017. El proceso judicial ha estado marcado por faltas al debido proceso y demás irregularidades sin que en 10 años se hubiese presentado evidencia en su contra.
En una ocasión, Álvarez se negó a asistir a una audiencia de juicio por las faltas de garantía de tener un juicio justo.
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Un encarcelamiento injusto
Rodney Álvarez fue detenido en Ciudad Piar, estado Bolívar, el 12 de junio de 2011 sin pruebas en su contra, días después de que en una asamblea de empleados de Ferrominera Orinoco en la que se escogerían a tres líderes sindicales para las elecciones del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), alguien disparara contra los trabajadores y como resultado dejara a un trabajador lesionado y a otro -Ronny Rojas, de 28 años- muerto.
Quienes asistieron a la asamblea señalaron a Héctor Maicán, miembro directivo de la Federación Bolivariana de Trabajadores (FBT) y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como el responsable de los disparos. Maicán fue apresado ese día, pero el tribunal le otorgó medidas cautelares de libertad con régimen de presentación cada 30 días.
Desde el arresto de Álvarez, dirigentes sindicales y defensa han presentado evidencias probatorias de inocencia y han exigido su liberación. Además han denunciado faltas al debido proceso y demás violaciones a los derechos humanos del obrero.
En 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también exigió al Estado venezolano su pronta liberación subrayando que el Estado estaba violando el derecho de los trabajadores al reclamo de sus derechos laborales. La solicitud de la OIT fue desoída por el Estado.
