Tribunal ratifica medida de privación de libertad para integrantes de Azul Positivo
Los cinco trabajadores de Azul Positivo fueron detenidas el 12 de enero por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (Dgcim) y se les imputó por legitimación de capitales, manejo fraudulentos de tarjetas y asociación para delinquir
El Tribunal Cuarto de Control declaró este jueves 28 de enero sin lugar la solicitud de revisión y sustitución de la medida de privación de libertad interpuesta por la defensa de los cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo.
«Los cinco trabajadores humanitarios se mantienen detenidos arbitrariamente», dijo Codhez por medio de su cuenta en Twitter.
#Urgente El Tribunal 4to de Control declaró SIN LUGAR la solicitud de revisión y sustitución de la medida de privación de libertad interpuesta por la defensa de Azul Positivo.
Los cinco trabajadores humanitarios se mantienen detenidos arbitrariamente. #NosFaltan5 #28Ene pic.twitter.com/ONtoVoFXZ6
— Codhez (@Codhez) January 28, 2021
El pasado 18 de enero, la defensa legal de la organización no gubernamental interpuso un recurso de apelación para exigir la libertad de Johan León Reyes, director general; Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social, integrantes de la ONG que operaba en el estado Zulia orientada a la prevención del VIH.
Estas cinco personas fueron detenidas el 12 de enero por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (Dgcim) y se les imputó por legitimación de capitales, manejo fraudulentos de tarjetas y asociación para delinquir. Les fueron decomisados tres equipos de computación, 12 tarjetas de beneficios del programa humanitario, el banco de datos de los beneficiarios y cinco equipos telefónicos.
Más de 80 ONG del Área Metropolitana de Caracas emitieron un comunicado para rechazar, «de manera enérgica y tajante» esta decisión. Del mismo modo, ha habido pronunciamiento de organismos nacionales e internacionales exigiendo la libertad plena de estos trabajadores humanitarios. También se les ha pedido al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) «que tengan un pronunciamiento abierto y público de rechazo a esta detención y para sumarse a esta campaña para exigir la liberación de estos compañeros».
Los más afectados por esta decisión son las 9.000 personas atendidas directamente el año pasado en las comunidades vulnerables del estado Zulia, donde la ONG trabaja desde el año 2004.
Las demás ONG del país han estado exigiendo al Estado venezolano garantizar la integridad física y psicológica, así como el cese de la criminalización y hostigamiento contra las organizaciones que presentan asistencia humanitaria y defienden derechos humanos.
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