Tribunal vincula a estudiante UCV con sindicalistas presos y ordena privativa de libertad
El estudiante de la UCV John Álvarez, quien también forma parte de la Comisión de Usuarios del Comedor Universitario, fue detenido en las inmediaciones del centro de Caracas el miércoles 30 de agosto sin orden judicial
El estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) John Kelvin Álvarez Peña fue privado de su libertad la noche de este lunes 4 de septiembre, luego de que un tribunal de Caracas lo vinculara a la causa de los seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión.
Así lo informó el abogado Joel García en su cuenta de X (anteriormente Twitter). La causa de los seis sindicalistas, condenados el pasado 17 de agosto por los delitos de conspiración y asociación, corresponde a una supuesta operación para atentar contra las autoridades venezolanas, según afirmó el fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab.
El fiscal vinculó a los condenados con «un militar desertor, prófugo, en Colombia», Ángelo Heredia, un capitán de la Guardia Nacional quien se fugó en 2019 de una prisión militar, donde estaba detenido desde 2017 por rebelión.
A esta hora 9:00 pm, estamos saliendo de la audiencia de presentación del estudiante John Alvarez a quien le fue dictada medida privativa de libertad, por cuanto lo relacionan con los 6 dirigentes sindicales condenados
— Joel García (@joelgarcia69) September 5, 2023
John Álvarez, quien también forma parte de la Comisión de Usuarios del Comedor Universitario, fue detenido en las inmediaciones del centro de Caracas el miércoles 30 de agosto sin orden judicial.
Varias ONG alertaron sobre la detención del joven, mientras que las autoridades de la UCV, los representantes de la Federación de Centros Universitarios de la UCV y la Asociación de Profesores de esta casa de estudios exigieron su liberación inmediata.
El rector y demás autoridades de la UCV señalaron que las irregularidades presentadas en el caso de Álvarez «configura un estado de cosas que suscita serias dudas acerca de las actuaciones de los órganos del Estado competentes en la materia y sobre el respeto al debido proceso».
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) lamentó la decisión, y señaló que «forma parte de un patrón de hostigamiento contra estudiantes, líderes sindicales, políticos, periodistas, ONG, defensores y toda la sociedad civil venezolana».
Para Provea, con este tipo de decisiones «intentan cerrar el espacio cívico ante la exigencia de derechos, salarios de hambre y falta de democracia».
En sus redes sociales, Álvarez denunció un abuso policial cometido el 17 de julio de 2020, cuando funcionarios de la reformada Fuerza de Acciones Especiales (FAES) hicieron una revisión en su hogar sin orden de allanamiento.
