Truco y retruco, por Teodoro Petkoff
Dice el canciller Chaderton que el gobierno no tiene porqué promover, auspiciar o respaldar iniciativas dirigidas a procurar la salida del presidente. Tal empeño correspondería, dice el canciller, a la oposición.
En principio, esto es inobjetable.
Es la oposición la que quiere salir de Chávez, no éste de sí mismo. Que recoja, entonces, la oposición las firmas suficientes para solicitar un referéndum aprobatorio de una enmienda constitucional que permita adelantar elecciones o un referéndum revocatorio. Pero si todo fuera tan sencillo, entonces no se entendería por qué el gobierno forma parte de la Mesa de Negociación y Acuerdos y por qué en esta habría que discutir en torno a meros derechos constitucionales.
Si todo fuera, simplemente, que la oposición ejerza cualquiera de los derechos constitucionales que conducen a limitar el ejercicio del poder, entonces, ¿para qué se montó la Mesa?
La mera existencia de esta revela, sin embargo, que la búsqueda de un acuerdo es indispensable para el ejercicio de unos derechos, que en condiciones ordinarias, no habría razón para discutirlos entre gobierno y oposición.
Chaderton, quien es, precisamente, uno de los negociadores del gobierno, no ignora que no vivimos tiempos ordinarios y que la mesa se instaló porque en el país existe una profunda y peligrosa crisis política (doblada por una económica y social de proporciones atómicas), cuya solución exige que las partes se acuerden sobre algunas modalidades de las salidas propuestas, porque sin esos acuerdos el ejercicio de los derechos constitucionales podría ser bloqueado por el gobierno.
Una cosa es que llame a sus partidarios partidarios a votar negativamente, frente a quienes abogarían por un voto afirmativo, y otra cosa es que ni unos ni otros puedan ejercer sus derechos debido a eso que Carter, no sin cierto humor involuntario, denominó “trucos”.
Cualquiera de las fórmulas que Carter sugirió, requeriría, para su puesta en práctica, de ciertos “ajustes” a la letra de la ley, que sólo podrían ser implementados mediante un acuerdo político. Por ejemplo, el establecimiento de lapsos o fechas fijas para los eventos referendarios o electorales, sólo puede surgir de la negociación.
Eso no está en la Constitución. El gobierno tiene todo el derecho a llamar a votar en contra de una revocatoria de su mandato, así como la oposición lo hará a favor de aquella. No es sobre esto la negociación. En cambio, la fecha y los lapsos, así como los compromisos de garantizar recursos y logística para el cumplimiento de los actos comiciales, y la aprobación de la verificación internacional de estos, debe, necesariamente, ser aprobada por las partes en la mesa.
Se dice que es en los detalles donde se esconde el diablo. Bueno, los detalles son los que deben discutirse y aprobarse por ambas partes para que este problemón pueda tener una solución pacífica, democrática y electoral.
