TSJ «desempolvó» 21 casos que tenían 50 años esperando una sentencia
Uno de los casos que llamó la atención para la ONG fue una querella entre la UCV y el gobierno de Rafael Caldera en 1967, reactivada por el TSJ
La ONG Transparencia Venezuela, a través de la división denominada «Suprema Injusticia», informó que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reactivó 21 casos que estaban en sus archivos; el más viejo de ellos data de 1967: 55 años después se buscará dar resolución a esa querella olvidada.
Refiere el sitio web de «Suprema Injusticia» que en el portal del TSJ se exhorta a las partes de esos juicios sin resolución si quieren continuar con el proceso, debido al tiempo que ha pasado, o si bien se cumplió lo dictaminado en su momento por la Justicia venezolana.
Uno de los casos que salió a la luz fue una demanda de nulidad interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por el entonces rector de la Universidad Central de Venezuela, Jesús María Bianco, el 27 de agosto de 1969 contra el decreto presidencial en el que se dictó el Reglamento Orgánico del Hospital Universitario de Caracas.
La tensión que entonces había entre la UCV y el gobierno de Rafael Caldera llevó a la intervención de esa casa de estudios y a pesar que desde el campus no se hicieron gestiones al respecto desde 1970, la Sala Político Administrativa cree que el interés sobre el caso no ha perdido interés.
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Por otro lado, 10 de esos 21 casos reactivados por el TSJ son demandas de expropiaciones de terrenos que se realizaron entre las décadas de 1960 y 1970 para ejecutar obras de transcendencia nacional como por ejemplo a las relacionadas con la construcción del complejo petroquímico de El Tablazo (Zulia), la actual terminal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Vargas), y la construcción de la avenida Panteón (Caracas).
A pesar de que esas obras fueron culminadas hace tiempo, el TSJ pide a la Procuraduría si se cumplieron las disposiciones y si fue resuelto el asunto. En caso de ser positivo, deben presentar las pruebas.
«Suprema Injusticia» refiere que este tipo de acciones resulta interesante porque no es el comportamiento ni el criterio típico de la Sala Constitucional, ya que por lo general aquí se desechan muchos casos bajo la excusa de que se perdió el interés en los mismos aunque transcurrió un lapso mayor a seis meses sin realizar gestiones ante la instancia judicial.
De igual forma, no se explica el por qué estos casos siguen abiertos ni por qué tardaron tanto en ponerse manos a la obra.
