TSJ dice no tener la «última palabra» en casos de presos poselectorales sin juicio
Familiares de los presos políticos poselectorales exigen al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar los casos de los presos poselectorales de las elecciones presidenciales de 2024. Afirman que muchos están enfermos y sin el cuidado adecuado en los diferentes centros de reclusión
Familiares de presos políticos poselectorales del 28 de julio de 2024 acudieron este martes 5 de agosto al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir a la magistrada Elsa Gómez, presidenta de la Sala Penal, que se revisen los casos de los ciudadanos que siguen detenidos. También le piden respuestas sobre por qué las excarcelaciones están paralizadas desde el pasado mes de marzo.
Integrantes del Comité de Madres en Defensa de la Verdad explicaron que el pasado 21 de julio se reunieron en privado con el fiscal general, Tarek William Saab, y que este les indicó que el Ministerio Público ordenó la revisión de más de 2.000 medidas y que el Poder Judicial solo ha acordado poco más de 1.700. Sin embargo, en el TSJ les aseguraron que «la culpa no es de aquí» y que muchos de los casos que deberían estar en revisión no lo están. «En el Ministerio (Público) también nos mintieron», consideró la madre de un detenido.
«Nos dijeron que aquí (TSJ) no tienen la última palabra porque ellos no están en juicio», afirmó Luisa Barrios, quien dijo que esa explicación se la dio Bárbara Rojas, representante de la Sala Penal del máximo tribunal.
Los familiares que se reunieron con Rojas dentro del TSJ explicaron que muchos de los detenidos tras las elecciones presidenciales están acusados de delitos que no cometieron, que muchos fueron sacados de sus casas, incluso por los llamados «colectivos», que en la actualidad están enfermos, con cuadros depresivos y en situación de descuido por parte de las autoridades competentes.
Aseguraron que solo en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, permanecen más de 300 presos políticos poselectorales; de los cuales, «más de 100 están enfermos y no se les está dando el cuidado adecuado, ni en los comandos (policiales) ni en La Crisálida (cárcel femenina en Los Teques)».
Detallaron que las enfermedades más comunes que padecen los detenidos son: respiratorias, diabetes, tensión, estomacales, abscesos, hongos y dengue. Afirmaron que no han recibido maltrato físico, «pero sí psicológico, y muchos de ellos los están medicando porque se han intentado quitar la vida».
Luisa Barrios, madre del preso poselectoral Luis González, recuerda que su hijo fue apresado el 29 de julio de 2024 cuando llegaba a su casa del trabajo en Los Teques. «Él no estaba protestando, le revisaron el bolso, lo agarraron unos colectivos y como en el bolso él tenía una piedra de Otá, que es su santo, se lo llevaron».
Barrios afirma que su hijo, de 27 años de edad, «está deprimido, le ha dado dengue, se le sube la tensión y está reteniendo líquidos» y sostuvo que ninguna de estas patologías las había padecido antes de ser apresado. «La tensión se le ha subido tres veces a 160», lo que indicaría que este joven estaría en un nivel de hipertensión de grado 2.
Luisa Barrios cuenta que desde el pasado mes de mayo se les autorizaron las visitas semanales y recibimiento de paquetería. Resume que su vida como madre cambió totalmente, que tuvo que dejar el trabajo, que en la actualidad vende comidas y dulces y hace rifas para reunir semanalmente $120 que es lo que necesita para poder visitarlo y llevarle sus insumos básicos.
«Pedimos la libertad de todos porque ya tienen un año y todos son inocentes», insiste Luisa Barrios, quien dice que en todos los organismos a los que han acudido les han indicado que la última respuesta la tiene el TSJ.
Los familiares de los detenidos manifiestan sentir preocupación porque está cerca de comenzar el periodo vacacional del Tribunal Supremo de Justicia y que los casos se queden sin respuesta en ese lapso de tiempo, lo que dicen supone «una prolongación injustificada de una enorme injusticia».
Esta es la cuarta vez que los familiares acuden al TSJ para exigir justicia. Adelantan que de no recibir respuestas satisfactorias irán de nuevo a Miraflores o al despacho del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
Los familiares comparan los casos de los detenidos poselectorales con los venezolanos que fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador y preguntan a las autoridades por qué denuncian las violaciones a los derechos humanos en esos casos, las condiciones de reclusión y no hacen lo mismo con la situación de quienes están encarcelados en el país.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en el país hay 807 presos políticos hasta la fecha.
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