TSJ y la ANC han vulnerado la inmunidad de 19 diputados opositores desde mayo
Los sucesos del 30 de abril desencadenaron una serie de sentencias contra parlamentarios de oposición. Todos son investigados a solicitud del Ministerio Público y fueron acusados de delitos similares
Otra sentencia que se resolvió en un día. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de solicitar a la asamblea constituyente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia – Zulia) se sumó a la lista diputados a los cuales se les ha vulnerado esta prerrogativa desde mayo de 2019.
El TSJ y la ANC se han valido del supuesto “desacato” de la Asamblea Nacional para realizar este procedimiento, que según la Constitución en su artículo 200, solo pueden hacer los integrantes del parlamento venezolano. Además, los sucesos del 30 de abril brindaron una excusa para ir contra la dirigencia opositora por vía judicial.
Ese martes de abril, un grupo de militares se alzó en armas contra Nicolás Maduro, desconociéndolo como gobernante venezolano y brindado su apoyo a Juan Guaidó, presidente de la AN y quien se juramentó en enero como mandatario encargado, obteniendo el reconocimiento de 54 países. La asonada militar no rindió frutos para la oposición, más allá del apoyo del pequeño grupo de funcionarios castrenses, ahora resguardados en sedes diplomáticas para evitar su arresto.
Las decisiones del régimen que lidera Maduro no tardaron en llegar. El 2 de mayo, la Sala Plena del TSJ imputó con siete delitos al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano: Traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia.
En la sentencia 17 se ordenó a la ANC que procediera para allanar su inmunidad, con las firmas falsificadas de los magistrados Danilo Mujica y Marisela Godoy, tal como lo denunciaron en las redes sociales.
Con esto se inició el modelo que siguió contra los 18 diputados restantes, aunque de este grupo solo Zambrano estuvo en prisión, tras ser arrestado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 8 de mayo, ser trasladado a Fuerte Tiuna bajo custodia de la Dgcim y ser liberado el 17 de septiembre luego de un proceso de liberaciones de la comisión de la verdad de la misma ANC.
Ninguna de las sentencias respeta las previsiones constitucionales sobre el enjuiciamiento a funcionarios de altos cargos. Tampoco toma en cuenta las disposiciones sobre la inmunidad parlamentaria.
El artículo 200 de la Constitución establece que los diputados deben ser sometidos a un antejuicio de mérito de ser investigados y enjuiciados por cometer un presunto delito. Además, para allanarse la inmunidad, será a través de un procedimiento que realiza el Parlamento venezolano, previa solicitud del TSJ.
Pero el procedimiento que ha utilizado el poder Judicial es ordenar el pase a juicio en tribunales penales ordinarios, pues se alega que al ser “delitos comunes” no corresponde el antejuicio de mérito.
Mientras, el allanamiento le corresponde a la impuesta asamblea constituyente, un órgano que se autodenomina como «supraconstitucional» y ha reemplazado las funciones de la Asamblea Nacional en estos casos.
Diputados perseguidos
De los 19 diputados que están siendo investigados por tribunales por su presunta vinculación en los sucesos del 30 de abril, 17 son principales y solo dos parlamentarios son suplentes (Franco Casella y Juan Andrés Mejía).
De estos últimos es importante destacar que el TSJ solo solicitó el allanamiento a la inmunidad de Mejía –suplente de Freddy Guevara, recluido en la embajada de Chile en Caracas-, pues adujeron que Casella, al ser suplente y no estar incorporado al momento de la sentencia, no tiene la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria y por tanto, su enjuiciamiento procedía como con cualquier otro ciudadano.
El mayor número de perseguidos pertenece al partido Primero Justicia (6), y le siguen Voluntad Popular (5), Acción Democrática y La Causa R con dos cada uno, el diputado Juan Pablo García de Vente Venezuela, Richard Blanco de Alianza Bravo Pueblo, el independiente Luis Florido y José Simón Calzadilla, que pertenecía al Movimiento Progresista y se retiró durante su clandestinidad para unirse a la fracción “Encuentro por Venezuela”.
En este grupo solo Henry Ramos Allup (AD – Distrito Capital) y Edgar Zambrano continúan ejerciendo sus labores como parlamentarios y asisten a las sesiones. El resto está en el exilio (10), en la clandestinidad dentro de Venezuela (4), mientras que Américo de Grazia y Mariela Magallanes se mantienen a resguardo dentro de la sede de la embajada de Italia en Caracas.
Recientemente, Carlos Paparoni fue nombrado por Juan Guaidó como representante de su gobierno interino en la Oficina de Cooperación Regional contra el Lavado de Dinero y la Corrupción. Se desconoce si se encuentra dentro del país.
Además, tres comisiones permanentes de la AN se han quedado sin sus presidentes tras la «razia» de Nicolás Maduro, pues el diputado Miguel Pizarro (Desarrollo Social Integral) está fuera del país al igual que Freddy Superlano (Contraloría), mientras que Carlos Paparoni (Finanzas) se encuentra a resguardo.
