UCAB advierte que ataque a medios en Venezuela va en contra de principios democráticos
El comunicado emanado por instituciones de la UCAB refieren que Venezuela está en el último lugar de un ranking de libertad de expresión en América
El Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (CIC-UCAB), junto a la editorial abediciones de la esa casa de estudios y la revista Comunicación del Centro Gumilla, emitieron un comunicado para rechazar las acciones recientes que la administración de Nicolás Maduro relacionada con el cierre de medios de comunicación y la ejecución de una nueva campaña de descrédito contra los periodistas y otros profesionales del gremio.
A su juicio, este tipo de mecanismos lo que ocasiona es que el «ecosistema» de medios en el país -que ya estaba empobrecido- se siga deteriorando aún más y que a la larga impide que la población pueda expresarse ante la crisis económica, social y política por la que Venezuela atraviesa en la actualidad.
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Las instituciones firmantes enumeraron las acciones que fueron emprendidas a principios de 2021 contra medios como VPItv, TalCual, Panorama, Efecto Cocuyo y El Pitazo, entre otros, al tiempo que recordó que estas medidas contra las empresas dedicadas a la comunicación -y relacionadas con la libertad de expresión- se han visto afectadas desde hace más de 20 años tras la llegada del chavismo al poder, que en los últimos años se ha profundizado con diversas medidas que han conformado en una «censura estructurada».
«Ello, sumado a la maquinaria de propaganda que se transmite y difunde por medios estatales, en alianza con medios convertidos en aliados por cambio editorial o por compra indirecta, ha pretendido conformar una hegemonía comunicacional», dice el texto.
Refirió que según el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, barómetro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Venezuela se encuentra en el último lugar de América en el baremo que mide la acción institucional en materia de este derecho. En ese sentido, consideran que esas decisiones desde el Ejecutivo en detrimento de los medios de comunicación, «van en desmedro del pluralismo y la sana conformación de opinión pública de todo sistema que pretenda cumplir con las premisas básicas de una democracia».
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Amnistía Internacional rememoró el 15 de enero que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró que en Venezuela tanto los los periodistas, como los defensores de los derechos humanos y quienes son críticas con las políticas de gobierno son objeto de intimidación y difamación pública y existen restricciones a la libertad de expresión que incluyen la aplicación de la llamada ley contra el odio.