ULA no ha recibido sentencia del TSJ sobre demanda de nulidad del instructivo Onapre
Este sábado 3 de septiembre el TSJ declaró inadmisible los recursos contencioso administrativo de nulidad contra el «Instructivo Onapre» introducidos por seis universidades
«Acabo de hablar con nuestra Consultoría Jurídica. No hemos sido notificados de medida alguna por parte del TSJ. No hemos tenido acceso a la publicitada sentencia sobre nuestra solicitud de nulidad del instructivo-gobierno Onapre», informó este domingo 4 de septiembre Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de Los Andes”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala Político Administrativa, en ponencia del magistrado Malaquías Gil, declaró inadmisible otros dos recursos contencioso administrativo de nulidad y amparo cautelar contra lo que las partes demandantes denominaron «Instructivo Onapre (…) de fecha 22 de marzo de 2022 (…)», dice el documento.
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Estas corresponden a dos recursos que interpusieron, la Universidad de los Andes (ULA), y las universidades Central de Venezuela (UCV), Universidad de Oriente (UDO), Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre (Unexpo), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y Universidad de Carabobo (UC).
Qué es el «Instructivo Onapre»
El «instructivo» de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) es una norma creada el pasado marzo por este ente adscrito al Ministerio de Economía, que especifica criterios para aplicar el incremento salarial decretado por el mandatario Nicolás Maduro en el primer trimestre de 2022.
De acuerdo a la ONG Acceso a la justicia este viola al menos seis disposiciones constitucionales, entre ellas el derecho al trabajo, el principio de progresividad de los derechos humanos, la reserva legal, la suficiencia del salario y la libertad sindical.
La medida ha ocasionado una serie de manifestaciones, constantes y sostenidas, de empleados públicos en todo el territorio nacional, encabezadas por trabajadores de la salud y educación. Esa presión hasta ahora consiguió que la administración de Maduro retrocediera en algunos de sus puntos planteados inicialmente, entre ellos, el pago de un bono vacacional para los docentes de forma fraccionada, que tuvo que cambiarse y hacerse de manera parcial.
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Qué dicen las sentencias sobre Onapre
Las sentencias número 00446 y 00447, que declaran las medidas como «inexistentes», indican que las partes actuantes (las universidades) incumplieron los extremos de ley, al no acompañar el libelo con original o copia del presunto “acto administrativo” como documento fundamental de toda demanda, entre otras deficiencias.
Por tercera vez consecutiva, en menos de un mes, el ente judicial señala la «inexistencia» del Proceso de ajuste del sistema de remuneración de la administración pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas, mejor conocido como «Instructivo Onapre»; y al que el rector de la ULA llama «instructivo-gobierno».
La semana pasada, la Sala Político Administrativa, en su sentencia n.º 444, declaró «inadmisible» un recurso de nulidad interpuesto por 20 funcionarios jubilados y pensionados del Ministerio Público (MP).
«Inadmisible» y multados
Además, las nuevas sentencias acarrean una multa a los abogados y los rectores de las universidades mencionadas y a cada uno de las accionantes y a sus representantes legales con «cincuenta (50) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela».
Las multas son por «generar malestar en ciertos sectores de la colectividad, crear conflicto social y atentar contra valores y principios cardinales previstos en nuestro orden constitucional».
Por último, Mario Bonucci Rossini, rector de la ULA, advirtió este domingo 4 de septiembre que «en el momento en que tengamos información al respecto será convocada una sesión presencial del Consejo Universitario».
«La comunidad universitaria puede estar segura que ejerceremos, a nivel nacional, e internacional los recursos jurídicos necesarios, si es que han sido vulnerados nuestros derechos laborales y constitucionales», afirmó Bonucci Rossini.
