Un acuerdo mínimo común, por Gregorio Salazar
Cuando la urgencia es sacar a los venezolanos del campo de concentración en que ha sido convertido el país, no hay esfuerzo de entendimiento del cual pueda sustraerse la dirigencia opositora. Es obligación, desafío histórico, deber irrevocable.
La oposición viene de un auténtico Big Bang. Los partidos políticos con pequeñísimos asteroides a la deriva en el espacio. Y aun así se les sigue bombardeando para fragmentarlos todavía más, hasta ver su desaparición definitiva.
No es que en la conformación de ese cuadro dramático, de aislamiento y confusión que exhiben los partidos y sus dirigentes no puedan acusarse el resultado de errores, equivocaciones, inconsistencias y contradicciones. Son hechos reales y objetivos. Pero se incurriría en una desproporción si no se le imputa la mayor parte de esa minusvalía a que elementalmente el juego democrático ha sido cancelado en Venezuela, sobre todo cuando a partir del 6D de 2015 se evidenció que el chavismo era minoría.
Ya puede Tibisay Lucena aparecer en las pantallas de televisión convocando a comicios y ponderando las supuestas correcciones legales de las actuaciones del organismo en el cual opera como cancerbera del oficialismo. Su ejercicio no es más que una de las principales imposturas en el mecanismo de dominación que ha armado su secta. Invalida partidos y tarjetas, inhabilita candidatos y es cómplice en las actuaciones ilegales del TSJ contra esas organizaciones, sus dirigentes y, lo que es peor, contra el Poder Legislativo donde es mayoría la oposición.
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El 20 de mayo era una buena oportunidad para que el CNE demostrara su capacidad de rectificación y enmienda. La prueba resultó peor porque terminó desconociendo los acuerdos expresos firmados con los partidos que, a contracorriente de la opinión mayoritaria pero con argumentos valederos, se presentaron a las presidenciales. Ahora la desmovilización de cara a unas elecciones municipales sería indudablemente mayor.
Difícil que a corto plazo los partidos políticos puedan volver a conformar una “unidad perfecta” como la que llevó al triunfo electoral en las legislativas del 2015. Remoto que se vaya a producir una homogeneización de posiciones, sobre todo cuando entre algunas de ellas se han ensanchado las diferencias. Diríase grosso modo que hay tres tendencias: la participación electoral, la que por ahora rechaza los comicios, pero no respalda salidas violentas y las de quienes se han decantado por la salida por la fuerza con ayuda internacional.
Pero del 20 de mayo a esta parte la crisis social y económica, la tragedia humanitaria que vive el país se ha agudizado. Venezuela se hunde inercialmente ante un gobierno que perdió toda capacidad de respuesta. Repartir mendrugos y la liquidación política de todo adversario para aferrarse al poder y a las prebendas económicas que este depara parece ser las únicas líneas de acción. El esquema es contra natura y no parece poder sostenerse por mucho tiempo.
Entonces si lo electoral no es en estas circunstancias lo prioritario y, en todo caso dejará de serlo traspuesto el umbral de las municipales de diciembre,toda la diversidad opositora pudiera reunirse en torno a unos acuerdos mínimos que le permitan ser un referente, una guía, una voz de alerta y de orientación frente a lo que parece un inminente precipitación de la actual crisis que pudiera derivar en situaciones de abierta anarquía
Pero hay otro elemento crucial. Y es la manera como el tejido social está reaccionando a través de sus organizaciones gremiales ante las condiciones paupérrimas de los trabajadores. Esa lucha no violenta toma todos los días la calle. Diseñar un mensaje que dejando claras las diferencias respalde esos espacios de lucha cada más amplio y le diga a los venezolanos que hay métodos para respaldarla y empujar a este régimen hacia su salida es hoy una necesidad imperiosa e impostergable. Es obligación, desafío histórico, deber irrevocable de la oposición democrática.
