Un año sin justicia
Aislados, sin acceso a una defensa pública y con dolencias de salud que no han sido bien atendidas. Esa es la situación de los presos políticos en el contexto de las presidenciales de 2024, luego de grandes protestas en contra de los resultados anunciados por el CNE y que derivaron en miles de detenciones arbitrarias en menos de 15 días. A un año de los sucesos, los familiares se encuentran agotados y continúan exigiendo a la Fiscalía y tribunales que revisen los casos y otorguen las libertades correspondientes
Decenas de presos políticos del contexto electoral de las presidenciales de 2024 cumplieron o están por cumplir un año tras las rejas. Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro para un tercer mandato y que la Plataforma Unitaria denunciara fraude electoral y divulgara las actas que, insisten, demuestran el triunfo de Edmundo González, líderes políticos, activistas y ciudadanos comunes fueron detenidos, hasta sobrepasar los 2.200 apresados, según cifras de la Fiscalía General de la República.
Con la represión desatada desde el 29 de julio, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denominó como «terrorismo de Estado», se consolidaron nuevos patrones de violación de derechos humanos a los detenidos: imposición de la defensa pública a todos los casos, desapariciones forzadas, aislamiento en centros de detención, en algunos casos superior al mes; negación de recursos de protección, al igual que el hostigamiento y acoso contra los familiares.
Son esos mismos familiares los que cargan con el cuidado de los presos políticos, asumieron la carga económica de sus hogares o se transformaron «en abogados» para poder entender cada respuesta del sistema de justicia venezolano en sus casos y presionar por la revisión de expedientes o medidas cautelares en base a problemas de salud.
Según el Ministerio Público, hasta marzo de este año se han otorgado 2.006 medidas cautelares a presos vinculados a «acciones terroristas». Esto sin contar las excarcelaciones prometidas el 18 de julio tras un canje entre la administración Maduro y el Gobierno de Estados Unidos. Organizaciones independientes solo han podido confirmar la excarcelación de 72 personas, entre ellos nueve estadounidenses detenidos en el país por motivos políticos.
*Lea también: ONG confirma excarcelación de 72 presos políticos tras acuerdo entre Venezuela y EEUU
En su último reporte, el Foro Penal contabilizó a 853 presos políticos en todo el país, la mayoría de ellos detenidos luego del 28 de julio de 2024. Entre ellos hay cuatro adolescentes, bajo arresto en centros de detención para menores en La Guaira y Lara. De 46 personas no han podido confirmar su paradero.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 21/07/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 853*
Desde la semana pasadaHombres: 759
Mujeres: 94Civiles: 684
Militares: 169Adultos: 849
Adolescentes: 4Encarcelados: 7
Excarcelados: 102**… pic.twitter.com/e6Kl4G0xLj— Foro Penal (@ForoPenal) July 24, 2025
Además, cinco de los detenidos tras las presidenciales de 2024 fallecieron debido a las condiciones de reclusión, entre ellos alimentación y atención médica deficiente, además de torturas y tratos crueles. Solo en uno de los casos, el Ministerio Público lamentó el deceso aunque no refirió si se haría una investigación sobre el hecho.
De los presos poselectorales, más de 300 se encuentran detenidos en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, rehabilitada por órdenes de Maduro en medio de la intensa represión. Otros 80 se encuentran en comandos policiales y militares y al menos seis mujeres están detenidas en La Crisálida, una cárcel para mujeres ubicada en Los Teques (estado Miranda).
Muchos de los familiares afirman sentirse «agotados» debido a las múltiples tareas que han debido asumir, especialmente frente a organismos del Estado que no dan respuesta oportuna a sus solicitudes para un traslado por atención médica, información sobre el avance de los juicios o la precariedad de algunos centros de detención.
La única detenida de La Guaira
Stefany Díaz fue detenida el 29 de julio de 2024 junto a su novio, hermano y otros jóvenes de Catia La Mar, estado La Guaira. Su madre explica que fueron llevados por funcionarios de la Guardia Nacional alrededor de las 3:00 p.m. cuando el hermano de Stefany hacía piruetas con una moto. Habían salido a surtir de gasolina.
«Ese día agarraron a 19 personas por la misma causa (entre ellos dos de sus hijos y su yerno). De todos ellos, la única que sigue presa es mi hija», denuncia Daisy Díaz. En horas de la madrugada se enteraron de que estaban en la sede de la Guardia Nacional de El Trébol y que serían trasladados a Macuto.
«Cuando fui en la mañana, uno de los funcionarios me dijo que ellos iban a pagar por lo que pasó la noche anterior. Otro me dijo que fueron detenidos por una avanzada motorizada, que eso no tenía peso en los tribunales», relata.
Todos fueron presentados en la comisaría de Macuto y fueron acusados de terrorismo y asociación para delinquir, aunque Daisy insiste en que ellos no estaban protestando.
Stefany Díaz fue trasladada al centro de reclusión femenino La Crisálida, en Los Teques, el 6 de octubre de 2024, pero a su familia no le notificaron. La joven fue apresada con tan solo 19 años, el 30 de septiembre cumplió sus 20 estando en prisión, y ya está cerca de cumplir los 21.
Su madre dice que en los tribunales le explican que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «no se ha pronunciado para darle su libertad, que tenga paciencia», pero insiste que le habían dicho que ella «tenía libertad desde el 23 de diciembre (2024)», pero la boleta de excarcelación jamás llegó.
El hijo de Daisy Díaz y su yerno fueron liberados en enero de este año. Hace un mes fue excarcelado otro de sus vecinos que tenía orden de salida también desde diciembre.
La madre de Stefany cuenta que la joven, había empezado estudios en la Policía Nacional Bolivariana (PNB), después pidió la baja, y comenzó a hacer cursos de estética: sacar cejas y hacer pestañas; de hecho, ya trabajaba en una peluquería en Catia La Mar.
Daisy Díaz puede visitar a su hija una vez al mes y aunque explica que juega rugby en prisión para «distraerse un poco», asegura que el impacto emocional ha sido profundo.
«Ella se deprime. La anterior directora del penal le metía psicoterror, le decía que no iba a salir nunca, que la iba a hundir. No me lo contó hasta que cambiaron a esa directora», confiesa la madre con la voz quebrada.
La madre de Stefany afirma que vive entre la angustia y hasta se enfermó: «Tengo una neuritis aguda intercostal y no puedo dormir, pero tengo que salir por mi hija».
Al cumplir 11 meses detenida, Stefany le mandó una carta a su madre, en la que afirmaba que estaba «muy melancólica… que ya no aguantaba más, siento que me voy a volver loca» y en la que le pedía a «Dios que me dé la libertad» antes de llegar al año encarcelada.
Un año aislado
A un año de esas elecciones presidenciales, muchos siguen incomunicados, sin juicios, ni visitas. Entre esos casos está Freddy Superlano, dirigente de Voluntad Popular y excandidato a la Gobernación del Estado Barinas.
Aurora Silva tiene 363 días sin saber nada de su esposo Freddy, quien fue arrestado el 30 de julio de 2024 tras ser interceptado por funcionarios encapuchados, que no presentaron ninguna orden judicial, lo montaron en una camioneta sin placas y se lo llevaron junto a otras dos personas que le acompañaban en ese momento.
«Estamos todos sometidos al aislamiento prolongado, nosotros afuera también, no lo hemos podido ver ni hablar con él», cuenta Aurora, quien admite que tanto su vida, como la de los padres del político y la de sus seis hijos cambió rotundamente.
🇻🇪 | URGENTE
Agentes del régimen secuestran al dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, en Caracas. pic.twitter.com/3yqouktTx7
— UHN Plus (@UHN_Plus) July 30, 2024
Superlano está aislado en El Helicoide y la única prueba de que está recluido ahí es solo la ropa sucia que entregan los custodios. Sus dos hijas más pequeñas, de siete y tres años de edad, han llegado a creer que su padre está muerto, pero su madre, una y otra vez, les debe afirmar que sigue vivo.
«Ellas me preguntan: ‘Mamá, ¿pero si está vivo por qué no lo vemos o mi papá está muerto?’. Yo: ‘Mami, tu papá no está muerto, está vivo’. Tenemos que seguir con esa fe que pronto lo vamos a ver y va a estar libre», son extractos de las conversaciones frecuentes que Aurora confiesa tiene con sus hijas.
«Me gana la tristeza y la frustración», afirma la esposa del coordinador nacional de Voluntad Popular, quien indica que de los más de 900 presos por razones políticas, al menos unos 15 permanecen en aislamiento prolongado, sin acceso a abogados de confianza, visitas, ni información oficial.
Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano
Superlano fue presentado telemáticamente en octubre de 2024, solicitó defensa privada, pero fue negada. No ha tenido audiencia de juicio y su esposa asegura que «ni los defensores públicos han podido entrar a verlo». Sostiene que está declarado como «político de alta peligrosidad» y que está aislado hasta de otros presos.
La vida de la familia Superlano-Silva dio un giro. Viven en Barinas y semana de por medio, Aurora viaja a Caracas para atender los requerimientos de paquetería de Freddy o para asistir a actividades para exigir su libertad. La niña de siete años está en terapia psicológica, el adolescente de 14 años sufre su ausencia y las tres mayores viven en el exterior. Los padres de Freddy Superlano son mayores con enfermedades: «Como familia ha sido devastador», resume Aurora Silva.
A la angustia emocional, se le suma el desgaste económico: «Freddy manejaba sus cosas, ahora yo quedé a la deriva. Es un golpe duro. Vivimos en zozobra, perseguidos, las niñas aterradas», denuncia.
«Todos estamos privados de libertad»
A la familia de Mayra Castro le cambió la vida el 2 de agosto, cuando la activista de Primero Justicia fue detenida cerca de su vivienda, ubicada en el sector La Fila de Cúa, estado Miranda, por funcionarios de la Policía Municipal de Urdaneta.
La responsable de PJ en esa localidad fue arrestada sin orden judicial. Se la llevaron con un listado de militantes del partido y dos modelos de actas electorales, que utilizó para la formación de testigos electorales que participaron en la elección del 28 de julio. El Ministerio Público la acusó de terrorismo, instigación al odio y ultraje a funcionario, pese a que no opuso resistencia cuando fue arrestada.
Mayra duró 10 meses detenida en el Centro de Coordinación Policial de Nueva Cúa, donde cumplió 48 años el 24 de marzo. El pasado 6 de junio, mientras estaba hospitalizada por problemas de tensión, le avisaron que por orden de tribunales sería trasladada al centro penitenciario La Crisálida, una cárcel para mujeres ubicada en Los Teques y a más de 60 kilómetros de su hogar.
«Todos estamos privados de libertad», dice Yamaica Castro, prima de Mayra y quien se ha sido la vocera de su caso.
«Nos cambió todo, sabemos que la situación del país está bastante fuerte y en estos centros donde están ubicados cada uno de ellos son muy precarios, tienen muchas necesidades desde los servicios básicos que hay que cubrirlos los familiares como la comida, aseo personal, si tienen algún malestar o situación de salud», explica.
Yamaica es docente y debe combinar su trabajo día y tarde con la atención de Mayra. Toda la familia trabaja para poder cubrir los gastos de paquetería, como denominan a la ropa, comida, aseo personal y artículos de limpieza que deben llevar en cada visita, así como los gastos de traslado de la persona que esté disponible para llevarle todo a la cárcel.
A eso se suman las «colaboraciones» para pagar cisternas si no tienen agua, el dinero para copias de documentos judiciales y los traslados a Caracas de Yamaica, la única autorizada ya sea para ir al Palacio de Justicia para hablar con el defensor público y ver si hay avances en el caso o llegar hasta la sede del Ministerio Público para solicitar medidas cautelares o revisión de su expediente.
«Ese es un día que me ausento del trabajo y es otro gasto más porque debo buscar quién cubra mis clases (…) También nos hicimos cargo de sus niños menores, son muchas cosas que se van sumando. Hemos tocado todas las puertas que nos han dicho, pero hay momentos en que anímicamente esa situación te desgasta mucho», menciona la docente.
Del defensor público tampoco hay respuestas claras. Los continuos procesos electorales, así como un periodo especial de racionamiento eléctrico en tribunales también forman parte de las trabas para conseguir información.
«Presentamos testigos, hicimos todo el proceso, se hizo la audiencia de presentación que se hizo luego de los 45 días, pero todavía a estas alturas no hay una apertura de juicio ni siquiera. Aparentemente en enero le habían designado un juez, luego los cambiaron y hasta el momento no hay nada claro. Nosotros hemos hecho varias solicitudes al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, para que se hiciera la revisión de su caso. No hemos tenido una respuesta», insiste Castro.
En la primera visita en La Crisálida, luego de estar 30 días en «adaptación» y sin poder ver a su familia, lo primero que preguntó Mayra es qué respuesta tenían del defensor público, cuenta Yamaica. «Nos dijo que dentro de lo que cabe, respecto a espacio, su situación estaba mejor, pero su alimentación es precaria porque allí le dan a diario son granos y mortadela. No podemos pasar comida cruda, solo cocida y máximo 500 gramos. Eso solo es el día que toca la visita».
Su hijo mayor pudo verla el pasado 18 de julio, pero los dos niños menores de Mayra que tienen 7 y 8 años no han contado con tanta suerte. «En diciembre tuvimos que darle la información sobre la situación en la que estaba porque ellos preguntaban mucho dónde estaba, por qué había pasado tantos días alejada de ellos».
Un día antes del traslado a Los Teques lograron obtener un permiso para que los viese por 15 minutos. Eso es lo máximo que ellos se han visto, relata la Yamaica Castro. «También ha sido difícil porque tenemos que turnarnos con los niños, su situación escolar, hacer magia para no mostrarles a ellos la realidad anímica que tenemos por esta situación».
«No queremos más dolor»
Dairelis Chirinos repite las palabras que su hija pronunció horas antes de su detención: «Somos el pueblo dolido y no queremos más dolor». A Génesis Riera, una modelo y estudiante de Comunicación Social, la detuvieron el 8 de agosto de 2024 en una zona rural de Punto Fijo (estado Falcón).
Desde entonces permanece recluida en la sede «Banco Obrero» del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de esa ciudad. Génesis fue señalada de participar en unas protestas que afectaron la sede de la alcaldía, y fue pasada a juicio bajo los cargos de terrorismo, incitación al odio y daños a la propiedad privada.
«Actualmente nos dicen de un traslado a un penal, de verdad eso nos consterna mucho pero nos confortan diciendo que eso puede ser una buena opción porque dentro de un penal puede ser tomada en cuenta para ser liberada. Eso es lo que a ella la ha mantenido firme. No sabemos si es cierto o no, pero ella está anclada en esa esperanza», comenta Dairelis.
Aunque para la madre, un traslado representaría aún más dificultades para la familia. «Aún siendo de Punto Fijo y teniendo a mi hija en un centro de detención en la ciudad me es muy difícil (…) Si a veces no tengo como llevarle alimentos, no me quiero imaginar cuando no pueda ir a visitarla porque no tengo para los pasajes. Esto ha sido de verdad un quebrantamiento terrible como familia», afirma.
Desde noviembre pasado la madre de Génesis no ha obtenido información sobre el caso. «Me he trasladado a tribunales y nunca me ha atendido la defensora pública que le tocó a ella, me ha dado información es su secretaria y me dijo que ya esos expedientes no están allí y pasó a superiores. Me he trasladado a la Fiscalía, he hablado con el fiscal 58 y hace tres meses me dijo que espere».
En esa espera, la joven sigue con dolores en la cervical por los que no han podido gestionar atención médica especializada.
«La situación económica y lo que esto nos ha conllevado como familia, como hogar, (es estar) totalmente quebrantados, tanto emocional como económicamente. Todos los días le tengo que llevar los alimentos a mi hija, tengo que llevar hasta el agua. Eso me ha complicado para poder trabajar. Además tengo otros tres hijos, que han estado emocionalmente afectados porque me dedico a atenderla de tal forma que hasta he tenido problemas con mi hija adolescente por eso», admite Dairelis.
Y es que el menor de los niños sufre de asma y su condición se agrava al no tener cerca a su mamá. En tres oportunidades ha estado hospitalizado. Otro de los niños va a primer año de bachillerato, mientras que la adolescente, que ha manifestado sentirse abandonada, el próximo año escolar cursará tercer año.
«Si mi familia está quebrantada, todas las familias de los demás presos políticos también, porque hacemos la lucha diaria, oramos, luchamos pero no vemos un cambio, no nos dicen nada y solo nos queda seguir luchando por ellos», señala.
Llamamientos al fiscal
Los procesos judiciales de los presos poselectorales se encuentran en una especie de limbo desde hace algunos meses. La mayoría están detenidos desde diciembre y a la espera por la asignación de un tribunal o fechas para la apertura de juicio. En por lo menos tres casos ya se han sentenciado a algunas personas a penas de 10 años de prisión, como el caso de Merlys Oropeza, una joven excarcelada en Maturín el martes 23 de julio.
Hace dos semanas, la Fiscalía prometió a un grupo de madres retomar la revisión de expedientes y evaluar la posibilidad de otorgar medidas cautelares. Pero a Dairelis, Yamaica o Aurora nos las han llamado para considerar los casos de sus familiares.
«Yo incluso no he querido durante varios meses que no se nombrara a Génesis Riera en redes sociales porque llegué a pensar que si no se volviera a seguir nombrando públicamente ella tuviera oportunidad de salir y el fiscal tuviera piedad, pero ya no encuentro qué hacer. Ya van a cumplir un año y ellos son jóvenes. Revisen los expedientes porque mi hija no tiene nada que ver», insiste Dairelis Chirinos.
El mensaje que Daisy Díaz le manda a las autoridades es claro: «Pido la libertad de mi hija. Es inocente. No estaba protestando. Ya todos salieron, menos ella. Esto es demasiado fuerte. Necesito que la liberen», suplica.
Yamaica Castro pide, a nombre de su familia, que «se haga justicia» y su prima Mayra pueda ser liberada.
«No hay ningún tipo de pruebas de que ella haya hecho algún daño o atentado ante el Estado. Incluso esas acusaciones de terrorismo, incitación al odio o la violencia no es algo que pueden comprobar porque a Mayra no la agarran en la calle, la siguen camino a su casa y de allí es donde la sustraen y se la llevan detenida. No tienen vídeos, ni fotos o mensajes que la acuse que eso que ellos dicen que Mayra hizo. Su situación de salud es lo primero que pedimos como familia, que vean lo desgastada que está porque todas las patologías se le activaron», afirma.
Aurora Silva insiste al fiscal Tarek William Saab «a que haga revisión de todos los casos. Sabemos que Freddy es inocente, Freddy no ha cometido ningún delito, solo pensar distinto y luchar por una Venezuela libre».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
