Un entorno retador, por Félix Arellano
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La política exterior ha sido uno de los temas fundamentales del gobierno bolivariano desde que asumió el poder. En una primera fase, con una chequera petrolera boyante, proliferaron los amigos; empero, en la medida que el propio proceso, con sus erráticas políticas, ha destruido progresivamente sus recursos y, la crisis en todas sus dimensiones se ha incrementado, el contexto internacional se ha tornado más desafiante. En estos momentos el proceso bolivariano se enfrenta, tanto a tribunales, como al distanciamiento de viejos amigos.
Con la chequera abundante se avanzó en temas como: la creación del ALBA, las casas del alba, la continental bolivariana y las modalidades de petrocaribe, petroamerica, petroandina. En ese contexto, se mantenía, entre otros, el control de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues los 15 votos del Caribe jugaban a favor el proceso bolivariano. También, los amigos radicales del sur facilitaron el ingreso, rápido y reñido con la normativa, de Venezuela como miembro pleno del Mercosur.
Pero, la ineficiencia de la política económica revolucionaria fue generando un progresivo menoscabo de la industria petrolera, los ingresos se van desvaneciendo y la corrupción se suma al deterioro. La crisis económica, social y política estimula protestas en múltiples escenarios; en consecuencia, la represión se posiciona en el escenario, pero también la diáspora y una actitud crítica de la comunidad internacional, particularmente los gobiernos democráticos y las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.
En un contexto internacional adverso, la estrategia gubernamental venezolana se ha orientado a la geopolitización del conflicto, promoviendo alianzas más estrechas con gobiernos antisistema, populistas y radicales, que le permitan, en alguna medida, enfrentar las sanciones. Al respecto, el apoyo activo de los gobiernos de Rusia, Irán, Turquía y China, en lo que se ha calificado como la geopolítica del autoritarismo, ha sido decisivo.
Por otra parte, la estrategia de «máxima presión» que promovió la administración de Donald Trump, que sumó a las sanciones personales, que inicialmente adoptó el presidente Barack Obama, un conjunto de restricciones económicas; por diversas razones, no resulto efectiva; por el contrario, el bloque en el poder se fue cohesionado para enfrentar las amenazas.
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Luego, el cambio de estrategia por parte de la administración del presidente Joe Biden, con una orientación más flexible, privilegiando el diálogo y la negociación, incluso el otorgamiento de licencias para atenuar las sanciones y facilitar la negociación, pareciera que ha entrado en fase de agotamiento; al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, ha señalado públicamente que «los recientes acuerdos de Barbados están agotados y superados».
La comunidad democrática observa con preocupación el giro que está desarrollando el gobierno venezolano, que se presenta retador ante las presiones de la comunidad internacional. Asumiendo una postura de indiferencia frente a los avances alcanzados con las licencias, que pueden ser eliminadas el mes de abril; la agresividad en el contencioso con la Republica Cooperativa de Guyana y un menosprecio de los tribunales internacionales.
Con el recrudecimiento de medidas autoritarias que vulneran la normativa de los derechos humanos y la resistencia para avanzar en compromisos electorales que permitan una elección competitiva; el gobierno venezolano proyecta la señal que le resulta preferible vivir con sanciones, pero conservando el poder, antes que aceptar una hoja de ruta democrática, que asume como el principio del fin. Ahora bien, tampoco podemos descartar que resulte una jugada táctica con fines políticos y, en el fondo, mantenga una línea de diálogo y la posibilidad de cambios mínimos fundamentales.
El gobierno venezolano debe estar consciente que el mar de fondo está picado, no es solo el choque con los gobiernos democráticos, en particular con los Estados Unidos, son las reacciones ante la posición frente al contencioso con la Republica de Guyana, que está distanciando a viejos amigos y, por otra parte, el persistente deterioro en los derechos humanos.
En ese contexto, el gobierno de Venezuela se enfrenta con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que por petición guyanesa está considerando la validez del Laudo Arbitral de 1899; pero también con la Corte Penal Internacional (CPI), que desde el 2018 ha iniciado una investigación sobre presuntos delitos de lesa humanidad contra varios funcionarios del gobierno venezolano.
Sobre la estrategia que ha adoptado el gobierno frente a Guyana, orientada más por intereses de control interno, pareciera que no está logrando los objetivos esperados. No está cohesionando el país ante el enemigo externo y, adicionalmente, ha generado el distanciamiento de viejos amigos, que se está incrementando en el tiempo.
Ya han expresado su malestar el Caricom que reúne a los gobiernos del Caribe y Guyana (15 miembros plenos); el gobierno de Brasil, con el amigo Lula a la cabeza; la mayoría de los gobiernos de la región y otros gobiernos democráticos, incluyendo los Estados Unidos. También debemos resaltar el silencio ensordecedor del gobierno cubano, un amigo histórico de Guyana.
La reciente VIII Cumbre de Jefes de Gobierno del Caricom, efectuada en Georgetown, capital de Guyana (25 al 27 febrero 2024), ha incrementado las diferencias. El invitado especial a la cumbre ha sido el presidente Ignacio Lula Da Silva de Brasil, quien está tratando de ejercer una mediación para aplacar la posición del gobierno venezolano frente a Guyana. Todo indica que el boque caribeño está pasando la página de la estrecha relación con el proceso bolivariano.
Sobre el tema de la reclamación fronteriza con la Republica Cooperativa de Guyana, la comunidad internacional espera que el gobierno venezolano presente su contramemoria en el mes de abril, como lo ha previsto la Corte Internacional de Justicia. Cabe resaltar que existe la argumentación exhaustiva; empero, a esta altura, reina la incertidumbre.
También existe preocupación por la posición que asume el gobierno venezolano ante la decisión de Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, de desestimar la apelación presentada por el gobierno venezolano, para anular la investigación abierta en la CPI. Venezuela es parte de la Corte y se espera plena colaboración; empero, la expulsión de la oficina del Alto Comisionado los derechos humanos en Caracas, ha encendido las alarmas de las organizaciones defensoras de tales derechos.
Félix Arellano es internacionalista y Doctor en Ciencias Políticas-UCV.
