Bolívar alertó sobre los peligros que corre una sociedad donde uno solo manda, entre otras cosas porque los demás se pueden acostumbrar a obedecer. Llamaba la atención el Libertador sobre la amenaza del autocratismo, como negación del espíritu republicano que en aquella época de su vida se empeñaba en crear. Siglos después, su advertencia adquiere, en la actual circunstancia que atraviesa el país, una impresionante vigencia.
Cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, sudoroso y exaltado, tumbaba a codazos toda la normativa reglamentaria de la Asamblea Nacional, para hacer aprobar a los coñazos el proyecto de Ley que legaliza el megaatraco al Banco Central, plasmaba en un grito casi desesperado la razón última y definitiva de tal proceder: “Yo me comprometí con Hugo que esa ley se aprobaba hoy”. En otras palabras, manda a decir Hugo que la ley es él, el reglamento es él y que, en definitiva, el Estado es él.
Buen epitafio sería esa locución para la lápida sepulcral de las instituciones públicas del país. Toda la normativa institucional está subordinada a la voluntad de Yo El Supremo.
La gravedad de esta desgraciada circunstancia es que ella va atrofiando sistemática y persistentemente el ejercicio de la ciudadanía. Las instituciones constituyen el andamio que soporta el edificio de normas, leyes, reglamentos, reglas de juego y entes públicos mediante y a través de los cuales el ciudadano ejerce, defiende y afirma sus derechos y atiende a sus obligaciones. La desinstitucionalización del país va haciendo del ciudadano tan sólo un poblador, un habitante de esta tierra, una persona sometida a la voluntad del poder y al azariento juego de sus arbitrariedades.
“Yo me comprometí con Hugo” : Hugo es la ley, es el reglamento de la Asamblea; más aún, Hugo es la Asamblea Nacional y, a través de ésta, Hugo es el Tribunal Supremo de Justicia, es el fiscal —y no es el contralor ni el defensor del pueblo porque sus actuales titulares han hecho prescindibles estos entes.
La aprobación de la Ley del Mega Atraco estuvo precedida de un momento de lucidez por parte de sus redactores. El diputado Rodrigo Cabezas, coautor del proyecto, había comprendido que la omisión del informe sobre el impacto económico del instrumento legal que se disponían a aprobar, comprometía la legalidad del acto, de modo que solicitó un diferimiento por unos pocos días del debate definitivo. De hecho, Pedro Carreño, que dirigía la discusión, accedió a esa solicitud pero en eso entró como una tromba Maduro blandiendo el látigo de la voluntad de Hugo. Cabezas, Carreño y los demás se metieron la lengua en el... bolsillo y se hizo la voluntad de Yo El Supremo. Manda uno solo y los demás ya se acostumbraron a obedecer. Se compadecería uno del sentimiento de humillación que debieron experimentar, pero tal vez es inútil. Lo más probable es que ese envilecimiento tenga en sus protagonistas el cómodo consuelo de que sarna con gusto no pica. Pregunta final: ¿Qué va a hacer el directorio del Banco Central ante este atropello supremo de que está siendo víctima?.
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