Una víctima propiciatoria, por Javier Ignacio Mayorca
Al apoderarse de la economía, el régimen se convirtió en el primer afectado por el lavado de dinero de sus propios funcionarios
Twitter: @javiermayorca
La operación iniciada el 17 de marzo por la Policía Nacional Anticorrupción puso de relieve el súbito interés del oficialismo sobre los problemas asociados a la legitimación de capitales.
De hecho, podría decirse que más del 60% de los detenidos a partir de esa fecha han sido señalados de participar en operaciones para ocultar el origen ilícito de ciertos fondos, ya sea en forma dolosa o, como sucedería con el grupo de las llamadas «muñecas», sin tener certeza de que los fondos de las empresas en las que ellas aparecían de forma nominal habían surgido del delito.
El problema es que el propio régimen ha alimentado la confusión. Debe recordarse que, en octubre de 2020, en medio de la desesperación por alimentar las arcas públicas a como diera lugar, la Asamblea Nacional Constituyente creada a la medida de Maduro sancionó la llamada Ley Constitucional contra el Bloqueo. Con esa norma básicamente se desmontaba todo el camino andado para generar en el país una cultura de debida diligencia en cuanto a la determinación de la legalidad de los fondos utilizados en cualquier trato con entidades del Estado.
En otros términos, a partir de ese momento, el Estado se convirtió en cómplice del lavado de dinero, siempre y cuando fuese en proyectos de su interés. Esta ley, incluso, criminaliza la divulgación de cualquier dato relacionado con la fuente de los recursos utilizados en tales proyectos. «De eso no se habla», parece ser el mandato.
Quizá sea por eso que la Unidad de Inteligencia Financiera (Unif) desde aquella época no divulga sus informes periódicos relacionados con las «operaciones sospechosas» detectadas por la banca. ¿Para qué hacerlo, si el gran ductor de la economía nacional ha relativizado los términos para evaluar la gravedad de tales operaciones?
Eso no quiere decir que en Venezuela no se lleven a cabo procesos sobre legitimación de capitales, conocidos popularmente como lavado de dinero. Por ejemplo, en marzo de 2021 se conoció que el Tribunal Supremo había revivido el expediente contra un minero, detenido en febrero de 2020 por guardias nacionales de un puesto de Clarines, porque llevaba un millón de dólares en efectivo oculto en el cajón de sonido de una camioneta. El tribunal de control, en una sentencia inusual por sensata, descartó la imputación por lavado de dinero contra Madj Hansi porque los fiscales del Ministerio Público no habían precisado de qué actividad ilegal procedían esas divisas. La sala de Casación Penal, con Maikel Moreno al frente, ordenó anular el sobreseimiento contra este hombre y continuar el proceso penal.
En general, los expedientes sobre lavado de dinero en Venezuela avanzan cuando aparecen como afectados los intereses de algún sector de los poderes dominantes. Esto quiere decir que el delito originario o principal, cuando es determinado, no cuenta con una venia necesaria para pasar inadvertido, o se intenta llevar el dinero de origen ilegal por derroteros que no convienen.
En teoría, en los procesos de legitimación de capitales pueden intervenir actores públicos o privados, según sea el caso. Eso depende del origen de la actividad económica, y de la importancia que tengan los factores público y privado en la economía. Antes de la llegada de Chávez al poder, los grandes expedientes sobre este delito estaban asociados con hechos atribuidos a empresas u operadores privados. Podían ser dueños de casas de cambio en la frontera con Colombia o expertos financieros con acceso a la bolsa de valores, por citar algunos que estuvieron en la palestra.
En los primeros años de este siglo, las cosas comenzaron a cambiar, puesto que el Estado paulatinamente se apropió de los espacios frecuentados por factores privados. Esto ocasionó dos efectos: por una parte, una salida masiva de capitales, tanto lícitos como ilícitos, lo que sentó las bases para decenas de expedientes en otras partes del mundo. Transparencia Venezuela ha contado 146 casos en 25 jurisdicciones distintas a Venezuela. En ellas, por supuesto, los fondos son el resultado de un delito, que generalmente es la llamada «práctica corrupta en el extranjero». Pero también hay tráfico de drogas, armas y otros comercios ilegales, Odebrecht y Pudreval. De manera que el lavado de dinero es un delito accesorio, secundario.
El segundo efecto fue que, en lo interno, se plantearon intentos por aprovechar las rendijas que iba dejando el Gobierno. La más notoria fue la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), posteriormente transformada en Centro de Comercio Exterior (Cencoex). Cuando esto ya no fue posible, cuando los turistas no podían arrojarse hasta Aruba o Maicao para hacer efectivo su cupo, el régimen se erigió en casi el único y definitivamente principal factor para analizar en los casos de lavado de dinero.
Y llegamos a la situación actual, en la que Maduro se queja de que su propia gente lavaba dinero de la renta petrolera, y que esos recursos no están a su alcance.
Es el Estado-víctima. Pero es una víctima particular. Propiciatoria, dirían los criminólogos. En otros términos, el régimen sentó las condiciones de tiempo, modo y lugar para el expolio.
En sus propios registros, eso queda muy claro. Desde enero de 2022 hasta marzo de este año fueron iniciadas 72 averiguaciones penales por lavado de dinero. En ellas, se menciona al Estado como víctima, con la excepción de tres expedientes. Casi todos comienzan en oficinas de la Candelaria, donde un pequeño grupo de fiscales del Ministerio Público recibe las órdenes sobre lo que se podrá investigar y lo que terminará engavetado.
Pero realmente es poco lo que se puede colegir sobre esta cifra, puesto que rara vez se conoce de qué delito surgieron los recursos que ahora se intenta ocultar.
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Breves
-El Ministerio de Relaciones Interiores adelanta un proyecto que pretende unificar las indumentarias de todas las policías preventivas. De prosperar esta iniciativa, los agentes de los cuerpos municipales, estadales y la Policía Nacional Bolivariana se verían igual: camisa manga larga y pantalón azul marino, con un guardacamisa o franela roja. Algo similar a la vestimenta de la extinta Policía Metropolitana, suprimida por el oficialismo en 2010, a propósito de la implantación del llamado «nuevo modelo policial». Solo que con una franela roja de fondo. Los uniformes que actualmente llevan los efectivos policiales fueron determinados siguiendo un principio, que era facilitar al ciudadano común la identificación del agente que está en las calles: si lleva la camisa verde será un municipal, y estatal si es azul celeste. La PNB desde hace un tiempo ha diversificado la apariencia de sus efectivos, desfigurando su concepto inicial. Ahora, el Gobierno intenta hacer lo mismo con las demás policías. «Es una locura absoluta», afirmó un director de Seguridad capitalino. Llama la atención que esta iniciativa surja apenas meses después de iniciado un proceso similar en la Fuerza Armada Nacional. Alguien en el Ejecutivo intenta estimular a cierto sector de la industria textil.
-El 11 de abril, el comandante de la zona operativa de defensa integral de Carabobo, general de división Luis Eduardo Bustamante, ordenó a los jefes de Cicpc en el estado así como a los directores de las policías municipales y la estatal, la aplicación inmediata de 19 medidas que, en su criterio, disminuirán los casos de accidentes de tránsito con lesionados y fallecidos. El jefe militar solicitó poner «especial atención» sobre los conductores de motocicletas, para que no circulen entre canales, en forma paralela a otros vehículos, a contravía, haciendo ruidos molestos, trasladando a más de un pasajero adicional y otras tantas. Aunque se puede estar de acuerdo con lo señalado por Bustamante en torno a la necesidad de fijar controles a la actuación de los conductores —no solo de motos sino de todo tipo de vehículos—, el tono del mensaje es una prueba más del tutelaje que se ejerce desde la FANB hacia los cuerpos policiales, por encima de lo que indican las leyes vigentes. De otra parte, es claro que los funcionarios llamados a velar por la aplicación de las normas de tránsito son los primeros en desobedecerlas, con lo que se refuerza la sensación de que las calles venezolanas son territorios de la anomia.
Javier Ignacio Mayorca es periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
