Unión Interparlamentaria denunció maltratos del gobierno de Maduro a diputados opositores
La UIP destacó que “40 parlamentarios sufrieron ataques físicos, y seis de ellos han tenido que huir al extranjero, entre ellos el expresidente de la Asamblea Julio Borges, actualmente en Colombia”
El viernes 08 de febrero Unión Interparlamentaria (UIP), rechazó el maltrato que a su juicio el gobierno de Nicolás Maduro, ha ejercido sobre 60 diputados de la Asamblea Nacional venezolana (AN).
El órgano adscrito a las Naciones Unidas para el diálogo entre legisladores de todo el mundo, denunció que los legisladores han sido víctimas de torturas, amenazas y detenciones arbitrarias. Así como también, destacaron que su libertad de expresión ha sido cercenada. Todo esto, pasando por encima de la inmunidad parlamentaria que la Carta Magna atribuye a los legisladores.
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“Estamos realmente preocupados por el trato a los miembros de la oposición pertenecientes a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que han afrontado todo tipo de acoso e intimidación desde que la Asamblea fuera elegida en las elecciones de diciembre de 2015”, señaló el portavoz de la UIP Thomas Fitzsimons en rueda de prensa.
La UIP destacó que “40 parlamentarios sufrieron ataques físicos, y seis de ellos han tenido que huir al extranjero, entre ellos el expresidente de la Asamblea Julio Borges, actualmente en Colombia”. El portavoz del organismo, expuso en el documento como un caso en el que se demuestra la violación de derechos humanos en caso del diputado Juan Requesens, quien fue privado de libertad tras ser acusado de participar en el intento de «magnicidio» contra Maduro.
La UIP “insta a las autoridades pertinentes a que garanticen que la Asamblea Nacional y sus miembros puedan desempeñar plenamente sus funciones en el respeto de sus facultades”, y a que se investiguen los denunciados abusos contra los parlamentarios, rerseñó EFE.
Fitzsimons ve con preocupación la persecución a la que pueda ser sometido el presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Por otro lado, exigió al Ejecutivo a permitir una nueva visita de una delegación de la UIP para investigar estas denuncias.
