Venezuela es el país con más periodistas exiliados en Latinoamérica, según informe
El desplazamiento forzado de periodistas representa un ataque a la libertad de expresión y amenaza la democracia en la región, según un estudio internacional. Más de 900 periodistas en toda la región latinoamericana han sido forzados al exilio
Venezuela es el país con mayor número de periodistas exiliados en Latinoamérica, por encima de Cuba y Nicaragua, según un informe internacional encabezado por la Universidad de Costa Rica. Estas tres naciones concentran 92% de los trabajadores de la prensa forzados al exilio entre los años 2018 y 2024.
El informe titulado «Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano» detalló que al menos 913 periodistas de 15 países latinoamericanos se vieron forzados a exiliarse en los últimos seis años debido a la represión, la persecución y el cierre de espacios cívicos en sus países.
Informe Voces Desplazadas by TalCual
El estudio fue realizado por la Universidad de Costa Rica (UCR), a través del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi UCR); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); e investigadoras de la Universidad Diego Portales de Chile y de Fundamedios.
De acuerdo con el informe, Venezuela (477), Nicaragua (268) y Cuba (98) son los lugares que más han obligado a sus periodistas a huir.
*Lea también: CNP y SNTP denuncian que Plan República obstaculiza cobertura informativa este #27Jul
A estos países se suman otros como Guatemala, Ecuador, Haití, México, Colombia y El Salvador, donde la persecución de las autoridades, la criminalización del periodismo o las amenazas del crimen organizado han generado entornos cada vez más hostiles para quienes trabajan en los medios de comunicación, según una nota publicada por la Universidad de Costa Rica.
La investigación resaltó que los principales destinos de acogida para estas personas desplazadas son Costa Rica, Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Colombia y México.
«La elección de estos países responde, en buena medida, a la existencia de redes de apoyo familiares o comunitarias y a las posibilidades de regularización migratoria que ofrecen», se destacó en el informe.
Los desplazamientos ocurren abruptamente y sin planificación, lo que agrava las condiciones de vulnerabilidad de los periodistas. El exilio también se vive en condiciones precarias, con violencia, discriminación, separaciones familiares y problemas de salud física y mental.
Se trata, según el reporte, de una situación donde las personas sufren de un acceso limitado a derechos básicos como salud, vivienda y trabajo, que les dificulta reconstruir sus vidas y mantener su estabilidad económica.
Por otra parte, la mayoría de las personas exiliadas abandonan la práctica profesional, lo que genera vacíos y desiertos informativos que lesionan tanto la libertad de prensa como de expresión.
«Los resultados reflejan, de manera preocupante, las condiciones adversas para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en un contexto de evidente erosión democrática, un debilitamiento de la institucionalidad y el aumento de la represión hacia el trabajo de la prensa. El periodismo es, cada vez más, una actividad de alto riesgo», señaló Giselle Boza Solano, coordinadora académica del estudio y del Proledi UCR.
Óscar Mario Jiménez, coordinador del equipo de investigación, también se refirió al informe y destacó que los hallazgos evidencian «un deterioro alarmante de las garantías para ejercer el periodismo en Latinoamérica».
«Que más de 900 periodistas hayan sido desplazados forzosamente por defender la libertad de expresión es un ataque directo a la democracia y un llamado urgente a los gobiernos para que actúen sin demora», opinó Jiménez.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
