Venezuela está en el quinto lugar de países con más riesgo de lavado de activos
Desde el pasado 28 de junio el país está bajo vigilancia reforzada por el Grupo de Acción Fiscal Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que combate el lavado de capitales y el financiamiento al terrorismo
El Índice Basel AML es una herramienta que evalúa el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en diversos países, asignando puntuaciones de 0 (menor riesgo) a 10 (mayor riesgo).
En la edición de 2024, Venezuela obtuvo una puntuación de 7,59, ubicándose en la posición cinco entre los países con mayor riesgo de LA/FT a nivel mundial de los 164 países evaluados.
Lo más alto de la lista con los peores índices en 2024 lo ocupó Myanmar con 8,17 ptos, seguido por Haití 7,92, luego República Democrática del Congo con 7,73; Chad con 7,60 y Venezuela con 7,59 puntos.
Los cinco mejores evaluados son San Marino con 2,96 puntos, Islandia con 3,00, seguido de Finlandia con 3,07 luego Estonia con 3,16 y Andorra con 3,29.
Fuente: https://index.baselgovernance.org/map
El Índice Basel AML (Anti-Money Laundering Index) es una herramienta desarrollada por el Instituto Basel de Gobernanza que mide el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en diferentes países. Este índice se basa en un análisis de factores clave que determinan el riesgo de que un país sea utilizado para actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Ya meses atrás en 2024 se habían emitido decisiones al respecto del valado de activos y Venezuela. Desde el pasado 28 de junio el país está bajo vigilancia reforzada por el Grupo de Acción Fiscal Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que combate el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo o a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los países bajo esta condición ingresan a la lista gris y básicamente significa que el GAFI detectó deficiencias relevantes en sus sistemas de prevención y que el gobierno asume el compromiso de superarlas en el menor tiempo posible.
El GAFI forma parte de una red global, junto a organismos regionales, que actúa sobre más de 200 países. Al incluir a un país en su lista gris no exige que se intensifiquen las comprobaciones debidas o due dilligence, pero es un elemento a tomar en cuenta en los análisis de riesgo. Esto, en la práctica, dificulta las transacciones en el sistema financiero internacional.
La percepción en los bancos es que existe un mayor riesgo e intensifican los controles para la movilidad del dinero. Además, se desincentiva la inversión extranjera; es por esto que los 21 países que están en la lista gris cooperan para salir de ella cuanto antes.
El estudio The Impact of Gray-Listing on Capital Flows: An Analysis Using Machine Learning elaborado por Mizuho Kida y Simon Paetzold, publicado por el Fondo Monetario Internacional, analiza el impacto de la lista gris en los flujos de capital en una muestra de 89 países entre 2000-2017 y concluye que el efecto es relevante.
Los resultados sugieren que, en promedio, cuando un país está en la lista gris los ingresos de capital disminuyen en un monto equivalente a 7,6% del PIB y la inversión extranjera directa en 3% del PIB.
Para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo el GAFI elaboró cuarenta recomendaciones que incluyen medidas financieras, legales y de conducta. Periódicamente realiza evaluaciones, junto a los gobiernos, para analizar el nivel de cumplimiento de cada recomendación.
En marzo de 2023 publicó el informe sobre la última evaluación realizada a Venezuela y en el cumplimiento técnico de las cuarenta recomendaciones en 31 ellas observó no cumplimiento o cumplimiento parcial.
El informe indicó que el país “cuenta con limitadas herramientas legislativas, normativas y estructuras que le impiden” actuar de manera eficiente. Los reportes de actividades sospechosas son elaborados de manera manual y se entregan en una ventanilla de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.
“El director general de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es nombrado por el presidente de la República sin que exista requisitos para el ejercicio del cargo público. Esto debilita la transparencia en cuanto a los criterios de selección, idoneidad e independencia operativa”, dijo el informe.}
Además señaló que “la República Bolivariana de Venezuela ha demostrado que lleva a cabo investigaciones y persecuciones de lavado de activos. Sin embargo, estas investigaciones no son coherentes con el riesgo y contexto del país ya que existe una cantidad baja de casos procesados”.
