Venezuela lleva dos años de último lugar en transparencia presupuestaria

Venezuela obtiene cero puntos de 100 en participación pública en el proceso presupuestario, según se desprende de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019. Mercedes De Freitas advierte que el estado de emergencia no legitima que se impida el control ciudadano

Por segunda vez consecutiva Venezuela ocupa el último lugar de América Latina en transparencia presupuestaria, según indican los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, índice que evalúa el acceso público a la información presupuestaria de los gobiernos centrales y la función de las instituciones de vigilancia y control.

La séptima edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto divulgada este miércoles 29 por Transparencia Venezuela, demuestra nuevamente que en el país existe una política de opacidad en materia presupuestaria, al obtener un puntaje cero de 100 en participación pública en el proceso para definir los ingresos y gastos de la Nación.

El estudio forma parte de una iniciativa global de investigación que mide hechos basados en estándares internacionales para valorar la transparencia presupuestaria.

«Los venezolanos no tienen acceso a la información sobre cómo el gobierno recauda y gasta los recursos públicos. La participación es nula en las diferentes etapas: de la formulación del presupuesto, discusión y aprobación legislativa, implementación y auditoría», recalca Transparencia.

Precisamente desde hace dos años, los informe de ingresos y gastos (presupuesto de la Nación) y de endeudamiento, no han sido entregados por parte de la administración de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional, dominada por los partidos de oposición. En su lugar, estos proyectos de ley se han entregado a la Asamblea Constituyente y al Tribunal Supremo de Justicia, ambas entidades sin competencia para ello.

En los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, solamente Brasil, República Dominicana y Perú obtienen mayores puntajes en la discusión presupuestaria, mientras que Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador y Bolivia acompañan a Venezuela con las más bajas calificaciones.

Mientras que en el ranking global, Venezuela ocupa el lugar número 115 de 117 países evaluados. Por otra parte, el resultado global culminó en 45 puntos en una escala de 100, lo que significa una nota inferior a 61 considerado el umbral mínimo que garantiza la participación formada en el proceso presupuestario.

Christi Rangel, coordinadora regional de Transparencia Venezuela, indicó que América Latina obtuvo una calificación de 51 puntos, pero que la región de ha ido mejorando en transparencia desde el año 2006 cuando se hizo la primera evaluación.

Recordó que los presupuestos abiertos ofrecen un camino para que los países prosperen económica y socialmente, además contribuyen a restablecer la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y a mejorar esas relaciones que han sido gastadas por escándalos de gastos indebidos y hechos de corrupción.

«La presentación de los resultados en el marco de la pandemia por el coronavirus quiere hacer un llamado de atención porque la mayoría de los países del mundo están tomando decisiones de gasto y haciendo modificaciones presupuestarias, que si bien requieren acciones rápidas no deben evitar la información exhaustiva, las posibilidades de participación y que se explique lo que se está haciendo con el dinero», agregó.

Emergencia igual a más opacidad

A Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, le preocupa que en los actuales momentos de crisis de salud debido al coronavirus, empeore la opacidad que ha mostrado la gestión chavista. Recalcó que desde que se inició la medición del índice de transparencia presupuestaria, el resultado para el país en 2019 es el peor de todos.

«No hay posibilidades de proponer hacer cambios en las prioridades del presupuesto y cómo sabemos realmente si el gobierno prioriza el gasto en los temas más graves que tenemos hoy en Venezuela. El gasto público discrecional es uno de los elementos de corrupción, por lo que el estado de emergencia no legitima que se impida el control ciudadano», afirmó.

A su juicio, la prioridad en el gasto en los actuales momentos debe ser en salud, educación, agua, transporte, electricidad, seguridad y gasolina. No obstante, sostiene las dificultades para hacer un seguimiento.

«¿Cómo garantizamos que el gasto en importaciones de pagan a los precios que son, no se están pagando comisiones, cómo sabemos si hay una respuesta efectiva al poco dinero público? Pues no hay manera de hacerlo. Ahí se cumple el parámetro clásico que permite aumentar los riesgos de corrupción: no hay información, ni rendición de cuentas, no hay sanción y la impunidad hace que ese régimen de opacidad y de posibles hechos de corrupción de mantenga», destacó De Freitas.

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