Venezuela, reino de la desinformación, por Gregorio Salazar
Quienes detentan el poder en Venezuela crearon y controlan el mayor andamiaje comunicacional que se haya conocido en la historia de América Latina, pero sus ciudadanos reciben cada vez menos información oficial, oportuna y confiable, sobre la agobiante realidad económica y social de su país, hoy declarado en crisis humanitaria.
Aquellas nuevas caras de la política que llegaron a la cima del gobierno en Venezuela reclamando que la Pdvsa del siglo XX fue “una caja oscura” asumieron conductas, medidas y decisiones que han hecho de Venezuela una república en tinieblas, una sociedad que caminaría a tientas a no ser por los datos que arrojan organismos internacionales, el sector privado, organismos gremiales y las comisiones de la Asamblea Nacional en manos de la oposición.
El derecho a la información de los ciudadanos ha sido anulado por varias vías. El cierre de las fuentes informativas a los periodistas de los medios de comunicación independientes es una oprobiosa realidad desde hace muchos años. El trato que reciben los reporteros en los entes de la administración pública confirma cotidianamente que han sido declarados intrusos, actores indeseables por los conductores del llamado proceso revolucionario. E incluso se les impide el trabajo en la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, donde reporteros y diputados fueron golpeados salvajemente por protestar contra el impedimento al acceso de los medios al Capitolio.
El incumplimiento de la obligación de los organismos del Estado a dar índices o datos estadísticos de la economía, la salud, la educación, la industria petrolera y cualquier otra área de vital importancia en el desenvolvimiento de la nación vulnera flagrantemente los derechos ciudadanos de la libertad de expresión e información. La comunicación en función del desarrollo democrático no es un proceso ni una política que tenga vigencia en Venezuela.
Datos sobre la inflación, estadísticas hospitalarias o epidemiológicas, cifras sobre la deserción escolar, la desnutrición o la real situación de la industria petrolera y sus niveles de producción no son suministrados a la población a pesar del inmenso poder mediático, cuasi hegemónico, que ejerce la cúpula que desde hace casi veinte años maneja a su arbitrio el Estado venezolano.
Uno de los casos más protuberantes del abandono de la obligación de informar y del principio de responsabilidad pública es el comportamiento del Banco Central de Venezuela (BCV). La Constitución obliga a ese ente a rendir ante el Poder Legislativo, que es decir la Asamblea Nacional, “informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten e incluirá los análisis que permitan su evaluación”. (Art. 319).
Esa información incluye los objetivos y las metas del instituto, que de no ser cumplidos son causal de remoción de su directorio y de la aplicación de sanciones administrativas. Lo que ha ocurrido es que el Ejecutivo Nacional, mediante la utilización de un Tribunal Supremo de Justicia cómplice en la ruptura progresiva del hilo constitucional, ha relevado de toda sujeción del BCV ante la AN y lo ha convertido en un ente prácticamente dedicado en exclusiva a financiar al gobierno mediante la emisión de dinero inorgánico, con lo cual su única política monetaria ha sido la destrucción de nuestra divisa.
Pdvsa es otro caso dramático. Cada vez es más difícil obtener información de los jerarcas de Pdvsa sobre el estado de esa industria y cuáles son los planes, si existen, para sacarla del colapso general que se anuncia y que se profundiza cada semana: el estado ruinoso sus instalaciones, su astronómico endeudamiento, la corrupción generalizada, su producción en caída libre, la descapitalización acelerada en su recurso humano y ahora sometida a procesos de embargo que están dificultando el desplazamiento de sus cargamentos en aguas internacionales. Peor, imposible.
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El gobierno venezolano en manos “revolucionarias” no informa oportuna ni verídicamente porque de hacerlo dejaría en evidencia los falsarios mecanismos y contenidos de la propaganda oficial que, por ejemplo, lo proclama como artífice de la educación gratuita contraponiéndolo a lo que supuestamente ocurría en el pasado, pero mantiene ocultas las escandalosas cifras de deserción no solamente de los escolares, sino también de los educadores a todos los niveles y lo precario de las infraestructuras educativas.
Hablan de impulsar la producción nacional y de seguridad alimentaria, pero no explican porqué las cajas de comida que reparten están llenos de productos importados que antes se fabricaban con mayor calidad por industrias y manos venezolanas. Sobrarían los ejemplos.
El acceso a cualquier documento que contenga información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas, garantizado por el artículo 28, de la Constitución también ha sido ignorado una y otra vez, a pesar de las denuncias internacionales.
Para el gobierno venezolano informar con la verdad, oportunamente y de manera amplia y suficiente está reñido con el aseguramiento del mecanismo para la dominación perpetua. Un tema fundamental que tendrá que acometer la sociedad venezolana desde el mismo comienzo de la transición democrática
Expresión Libre
