Venezuela estuvo bajo revisión en la ONU por informe sobre independencia judicial
14 países, la mayoría de ellos señalados como dictaduras por la comunidad internacional, se identificaron con la posición esgrimida la administración de Nicolás Maduro. Más de una veintena de naciones señaló en el Consejo de DDHH su preocupación por la situación venezolana y apoyaron el trabajo de la Misión de Determinación de Hechos
Este viernes 24 de septiembre, la situación de Venezuela estuvo nuevamente bajo revisión en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras la publicación del segundo informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre el país respecto a la independencia judicial.
La presidenta de la Misión, Martha Valiñas, compartió nuevamente los hallazgos sobre un sistema judicial «comprometido» con violaciones de derechos humanos en el país, principalmente por la persecución de opositores o personas que el Gobierno perciba como tal.
Valiñas reiteró que, en lugar de dar protección a las víctimas de crímenes y violaciones de derechos humanos, “el sistema de justicia ha sido usado para amedrentarlos”, pues está comprometido y se ha violado el debido proceso “por motivaciones políticas o de terceros”.
Durante el diálogo interactivo con los países, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, afirmó que el último informe de la Misión de Determinación de Hechos solo muestra «falsas realidades» y está lleno de improperios contra la administración de Nicolás Maduro y el poder Judicial venezolano.
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El canciller, junto a Héctor Constant, aseguró además que los recursos destinados a la Misión debieron ser donados a Venezuela para adquirir más vacunas contra la covid-19, un argumento que repitieron algunos países y organizaciones no gubernamentales como Fundalatin.
Esta ONG ha sido señalada de estar parcializada y funcionar como un operador del Gobierno venezolano en diversos espacios de la ONU. La representante de Fundalatin dijo que la revisión del informe en el Consejo son «iniciativas políticamente motivadas» de países en contra de Venezuela.
«Esta Misión se ha convertido en un factor de perturbación permanente que impide a la Alta Comisionada avanzar en su trabajo sobre Venezuela, y al mismo tiempo hace uso de escasos recursos que podrían ser usados en el país», destacó la representante de la ONG.
Pero solo 14 países, la mayoría de ellos señalados como dictaduras por la comunidad internacional, se identificaron con la posición esgrimida por el canciller Plasencia. Más de una veintena de naciones señaló en el Consejo de DDHH su preocupación por la situación venezolana y apoyaron el trabajo de la Misión de Determinación de Hechos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también participó del diálogo, y aseguró el país enfrenta una profunda crisis de institucionalidad democrática, derivado en la ausencia del Estado de Derecho, lo que ha repercutido en graves violaciones a los derechos humanos.
«La cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo ha contribuido a que la crisis no encuentre freno», resaltó la representante de la CIDH, al tiempo que consideró que a través de un verdadero proceso de diálogo podrá haber reparación para las víctimas y medidas de no repetición.
Preocupación por Venezuela
Al menos 20 países y la Unión Europea respaldaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el segundo informe de la Misión de Determinación, e hicieron diversos llamados a la administración de Nicolás maduro por la «erosión» del sistema judicial, así como reformas efectivas y eficientes para frenar las violaciones a los DDHH en el país.
La representante de la Unión Europea ante el Consejo dijo que los hallazgos de la Misión son preocupantes, y «muestran que no hay investigación sobre las alegaciones de tortura. Llamamos a Venezuela a restaurar la independencia del sistema de justicia y llevar ante la justicia a los responsable de estos actos».
Mientras que países como Suecia lamentaron la «impunidad sistemática» en el país sobre las investigaciones de delitos relacionados a DDHH. El representante sueco también mencionó que esperan que las negociaciones deriven en acuerdos que permitan superar la crisis institucional.
Malta reiteró que a las personas detenidas se les debe garantizar acceso a la salud, y las detenciones y privaciones de libertad se deben mantener al mínimo, mientras que Francia y Luxemburgo hicieron énfasis en las denuncias de persecución a periodistas y defensores de derechos humanos.
Para Ecuador sigue constituyendo motivos de especial preocupación las denuncias de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y persecución de opositores políticos. «Un sistema de justicia independiente es esencial para la garantía de los derechos humanos», se resaltó.
Otros países de la región como Uruguay y Paraguay hicieron llamados para que Venezuela coopere plenamente con la Misión de Determinación, pues el Estado venezolano tiene la obligación de investigar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos.
El representante de Brasil recordó que hace un año, la misión llamó al Estado venezolano a facilitar el acceso a la justicia, y hoy determina los elementos que impiden que esto ocurra. Chile destacó que estas condiciones han representado para su nación, al igual que otros países, una ola masiva de migrantes venezolanos, que organizaciones como Acnur sitúan en casi seis millones de personas.
Georgia resaltó que el informe muestra el rol negativo que ha tenido el sistema de justicia en la persecución sistemática del gobierno. Además expresaron su preocupación por las acciones de los cuerpos de seguridad en Apure, así como los ataques contra periodistas y miembros de la sociedad civil.
Contra la Misión
Cuba, Bielorrusia, Nicaragua, Irán, Sri Lanka, Yemen, Zimbabue, Etiopía, Camboya, Laos, Sudan del Sur, Corea del Norte, Bolivia y Eritrea fueron los países que apoyaron el discurso de la administración de Nicolás Maduro en el Consejo de DDHH. De forma reiterada, aludieron a las sanciones como una razón estructural de la crisis y acusaron de sesgo e injerencia a esta instancia de la ONU por haber aprobado el mandato que creó la Misión de Determinación de Hechos.
La representante de Bielorrusia dijo ante el Consejo que la situación venezolana no merecía «ser examinada ni sometida a debate», pues demostraba la politización del Consejo y su supuesto «doble rasero».
Además resaltó que hubo defectos temáticos a la hora de recoger datos y las fuentes que usa la Misión, a quienes acusó de una presentación tardía del informe. También alegaron que Venezuela está dispuesta a colaborar con los distintos mecanismos especiales de la ONU, al igual que los representantes de Bolivia y el resto de los países.
«Somos muy solidarios con Venezuela y el Consejo debe examinar el mandato de esta Misión», dijo la representante de Bielorrusia, una posición compartida con Sri Lanka, que además dijo que «Venezuela ha finalizado con éxito sus obligaciones con el Examen Periódico Universal y está preparando el tercero».
Desde Irán se habló de la «resiliencia» del pueblo venezolano por las sanciones aplicadas por Estados Unidos. «Están costando víctimas». También criticaron al Consejo por no tomar en cuenta estas medidas coercitivas.
Mientras que los representantes de Yemen y Zimbaue llamaron a hacer un debate de forma transparente, sin selectividad o acusaciones a priori. «Hay que brindar a Venezuela el apoyo para que cumpla sus compromisos con los derechos humanos».
En Eritrea se calificó de pérdida de tiempo y esfuerzos que se debata sobre la situación de Venezuela dentro del Consejo de Derechos Humanos. «Quienes patrocinan la resolución 4020 son los mismos que promueven las medidas coercitivas unilaterales», una cuestión sobre la que consultaron a los representantes de la Misión.
Hablan las ONG
Además de Fundalatin, diversas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales tuvieron un pequeño derecho de palabra durante la 48° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Freedom House presentó la declaración de Zulmith Espinoza, madre de Luis Guillermo Espinoza, uno de los jóvenes fallecidos por protestas y cuyo información está contenida en el último informe de la Misión. «Nueve fiscales y el caso sigue en estapa de investigación. No he obtenido justicia», dijo la mujer.
Amnistía Internacional y Humans Rights Watch también respaldaron el informe de la Misión y se refirieron al examen de la Fiscalía de la CPI. Destacaron que no hay perspectiva de investigación independiente y cambios «porque las autoridades siguen promoviendo la impunidad».
Mientras que la Comisión Internacional de Abogados destacó la necesidad urgente de investigaciones independientes de violaciones de derechos humanos en Venezuela. «Condenamos la continuada injerencia del Ejecutivo sobre el poder Judicial que se expresa en el nombramiento y la remoción de jueces y magistrados del TSJ, así como la injerencia en decisiones judiciales».
La ONG Cofavic resaltó en su intervención que, desde 2014 a 2020, han documentado que en 96% de los casos estudiados de ejecuciones extrajudiciales los perpetradores no han sido judicializados. Además, 80% de las familias de las víctimas han recibido amenazas.
La política María Corina Machado, como vocera de United Nations Watch, aseguró que no hay ni habrá justicia «mientras el régimen criminal sigue en el poder», al tiempo que calificó de inadmisible que «engañosas negociaciones pretenden dañar» el examen que sigue la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país. Luego de su intervención, la presidenta del Consejo llamó a hacer uso de un «lenguaje apropiado».
