Víctimas piden al fiscal de la CPI investigar a máximos responsables de violaciones de DDHH
«Le pedimos al fiscal Karim Khan que escuche a las verdaderas víctimas, y le envíe un mensaje a las tiranías en todo el mundo», aseveró Juan Pablo Pernalete padre
Un grupo de víctimas de graves violaciones de derechos humanos solicitaron este jueves 15 al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que se inicie la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y se investigue de forma particular a los máximos responsables de estos hechos.
En el foro «Las víctimas le hablan al fiscal de la CPI Karim Khan», organizado por el comisionado del gobierno interino Humberto Prado, la viuda del exconcejal Fernando Albán, Meudy Osío, aseveró que «es público, notorio y comunicacional que en Venezuela existe una violación sistemática de los derechos humanos, y el acceso a la justicia es nulo y todos estos casos lo pueden demostrar».
Por ello, pidió al fiscal Karim Khan -en nombre de todas las víctimas- que inicie la investigación del caso Venezuela I «y haya la justicia que todos merecen». La solicitud fue ratificada por David Vallenilla, padre de uno de los jóvenes asesinados en las protestas antigubernamentales de 2017.
Además, Vallenilla padre espera que el delito de homicidio (como se denomina en el Estatuto de Roma a las ejecuciones extrajudiciales) sea incluido en el informe del examen preliminar que realiza esa instancia de la Corte Penal Internacional.
Mientras que Waleswka Pérez, viuda del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, aseveró que tiene elementos suficientes para demostrar que el asesinato de su esposo constituye un crimen de lesa humanidad, debido a que sufrió detención arbitraria, desaparición forzada, torturas y la muerte.
«En Venezuela esto no se investiga ni van a condenar a los verdaderos responsables de este hecho, principalmente la cadena de mando. Yo tengo dos años exigiendo verdadera justicia en el caso de mi esposo. Como víctima seguiré alzando la voz para que esto no suceda más en mi país», sentenció Pérez.
Mientras que los padres de Juan Pablo Pernalete, otro de los jovenes asesinados durante las protestas antigubernamentales en 2017, aseguraron que diariamente se enfrentan «a un sistema viciado de justicia en Venezuela, donde favorecen a los victimarios más que a las víctimas, protegen a los asesinos desde las cadenas de mando, juegan a cansarnos, a agotarnos».
Elvira Pernalete afirmó que están de cara a un Estado desensibilizado frente a las víctimas, «que le fueron arrebatados sus seres queridos solamente por pensar diferente, por protestar, por exigir sus derechos».
«Le pedimos al fiscal Karim Khan que escuche a las verdaderas víctimas, y le envíe un mensaje a las tiranías en todo el mundo: Que el poder que ellos ostentan jamás estará por encima de la justicia, que no crean que la justicia no los alcanzará nunca», aseveró Juan Pablo Pernalete padre.
Torturar hasta matar
Waleswka Pérez de Arévalo, viuda del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, recordó durante el foro que su esposo fue asesinado por las torturas sufridas mientras se encontraba detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en junio de 2019. Su caso, además, se encuentra reflejado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, ordenada por el Consejo de DDHH de Naciones Unidas.
«Es uno de los casos más relevantes por la forma cruel, debido a que permaneció ocho días en las manos del régimen. Es importante destacar que todo esto sucedió mientras la Alta Comisionada Bachelet se encontraba de visita«, reiteró su viuda, quien relató las torturas sufridas por el militar durante el tiempo que estuvo detenido arbirtrariamente.
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También recordó la criminalización que sufrió Acosta Arévalo, pues fue señalado por ministros y altos funcionarios del régimen mientras estuvo detenido, «por lo que no queda duda que estaba en poder del Estado», pero a sus abogados y familiares se les negaba su paradero.
Pérez de Arévalo señaló que el juez militar, en lugar de abrir una investigación por torturas, decidió continuar con la audiencia de presentación de otros cinco militares que estaban detenidos. «No conformes con eso, secuestran el cuerpo de Rafael para esconder las evidencias de tortura. No aceptaron que sus familiares o abogados hicieran un examen de un médico forense independiente».
En el caso de Acosta Arévalo, hasta los momentos no se ha investigado a la cadena de mando responsable de su muerte, y solo se imputaron a dos funcionarios de la Dgcim con una calificación de delito que fue anulada el año pasado por el TSJ, lo que permitió que el Ministerio Público incluyera, esta vez sí, las torturas.
«En febrero de 2020 denuncié personalmente ante una comisión de la CIDH el caso de Rafael Acosta. Ese mismo año, Amnistía Internacional emitió un informe sobre su muerte obteniendo información sobre su expediente, donde sale a la luz pública que Rafael murió ante un juez», relató Pérez.
Morir por protestar
David Vallenilla, padre del joven asesinado por militares en 2017 frente a la base aérea de La Carlota, recordó que su hijo era un joven deportista y creativo, que decidió especializarse en enfermería. «Antes de recibir su título ya David José salvaba vidas (…) En todo momento, su pasión por el área de la salud fue lo que le impulsó a luchar».
Su padre señaló que su hijo fue «ejecutado» por un militar con un arma orgánica cargada con esferas metálicas, y no con los perdigones que establecen las normas internacionales. «Hay un imputado, que fue el que disparó, pero hay una responsabilidad más allá«.
Esa arma estaba preparada, aseveró Vallenilla, «y el general de ese entonces Arturo Guillén, se negó darle entrada al fiscal a la base militar para hacer las inspecciones en el caso de mi hijo bajo el argumento de que eran instrucciones del ministro Vladimir Padrino López».
Dijo que en el caso de su hijo se violaron todos los procedimientos, pues desde un principio se quisieron desviar las evidencias para ocultarlas. «Esas evidencias se entregaron al Ministerio Público. Yo mismo vi, se extrajeron del cuerpo de mi hijo cuatro esferas metálicas, que si en algún momento se llegan a desaparecer, yo las vi».
«Lo más importante en estos casos es que sean visibilizados, que sean denunciados todos estos casos», afirmó Vallenilla padre, al tiempo que indicó que en una reunión que sostuvo con el fiscal Tarek William Saab «él mismo me manifestó que había sido una ejecución extrajudicial, pero hasta ahora no hay responsabilidades directas, pretenden que solo el responsable fue el que disparó, pero la responsabilidad llega hasta Nicolás Maduro».
Mientras que los padres de Juan Pablo Pernalete aseguraron que su hijo era un deportista de alta competencia, rescatista de animales y defensor de derechos. Fue asesinado en abril de 2017 en Altamira (municipio Chacao) por funcionarios de la Guardia Nacional, que le dispararon una bomba lacrimógena directamente al pecho a corta distancia, violando todas las convenciones internacionales sobre uso de armas orgánicas y actuación en manifestaciones.
Elvira Pernalete señaló que hijo estaba ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación. «Juan Pablo no murió a consecuencia de una acción aislada de un Guardia Nacional, nuestro hijo fue víctima de una ejecución extrajudicial dentro del marco del Plan Zamora y el Plan Guaicaipuro, activados directamente por Nicolás Maduro».
Además, afirmó que Juan Pablo Pernalete fue «víctima del uso sistemático, generalizado y excesivo de la fuerza, utilizado por el régimen como herramienta para silenciar, sofocar y desalentar a todos los disidentes al régimen de Nicolás Maduro».
La madre de Pernalete también resaltó que el Estado venezolano buscó «su asesinato moral, inventando historias sobre él (…) Nos revictimizan constantemente. Hemos tenido 15 fiscales en la causa, incluso una se atrevió peyorativamente a tratar a nuestro hijo frente a nosotros como guarimbero. Ninguno de estos fiscales ha tratado de buscar una justicia real y efectiva para nuestro hijo».
Insistió, al igual que otras víctimas, en que se investigue la cadena de mando que ocasionó el asesinato de Juan Pablo Pernalete, y rechazó los cambios en las calificaciones de los delitos imputados a 12 guardias nacionales para restarles responsabilidad sobre esos hechos.
«Toda esta afectación psicológica y física se redujo a diplomas y títulos, lo que nos recuerda a jnuestro hijo. Para mí personalmente se redujo a cajas de medicinas, ansiolíticos, antidepresivos, para controlar lo que hemos pasado, para conciliar el sueño por las noches», afirmó Juan Pablo Pernalete padre, quién padece de cáncer.
Asesinato político
Meudy Osío de Albán, viuda del exconcejal Fernando Albán, señaló que su esposo usó la política como una forma de ayudar a las comunidades que representaba, además de poseer «fuertes creencias católicas», que también marcaron su dirigencia dentro del partido Primero Justicia.
Albán fue detenido en octubre de 2018 cuando regresaba al país procedente de Estados Unidos. Al igual que otros casos, fue detenido de forma arbitraria y desaparecido forzosamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El exconcejal fue trasladado a la sede del Sebin en Plaza Venezuela, especificamente al piso 10, donde se pudo comunicar con su familia 24 horas luego de su detención. Se le acusó del magnicio frustrado de Nicolás Maduro, y recibió presiones para inculpar a otros dirigentes políticos.
Tres días después de su detención, el fiscal Tarek William Saab informó en una rueda de prensa que Fernando Albán se había suicidado al lanzarse del piso 10 del Sebin, tras pedir el baño prestado. Su esposa resaltó que a partir de ese momento comenzaron las contradicciones de las autoridades venezolanas para sostener la versión del suicidio.
«Tanta fue la conmoción que el fiscal tuvo el tupé de amenazar con cárcel a todo el que dijera que su muerte no había sido un suicidio», dijo su esposa, quien detalló que además de detención arbitraria y desaparición forzada, Albán fue víctima de torturas y una ejecución extrajudicial.
Meudy de Albán dijo no tener claro, a casi tres años del suceso, la muerte del exconcejal. «En más de 50 oportunidades los abogados solicitaron obtener pruebas, documentos, el expediente y fueron negadas. Toda la información que tenemos ha sido por otras vías, por fotos, por testimonios, no tenemos nada oficialmente. Solo lo que ha habido es obstrucción. Ante nuestras solicitudes ha habido represalias«.
Aseguró que debido a la denegación de justicia en el país, decidieron acudir a instancias internacionales como la CIDH y Naciones Unidas. «Solo sabemos que mi esposo falleció. Estaba bajo custodia de la policía política del Estado y nadie nos ha dado respuesta de nada».
