Vigencia y continuidad del Gobierno interino, por Gonzalo González
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El tema de la vigencia y continuidad del Gobierno interino está de nuevo sobre el tapete. El debate sobre tan importante asunto para los sectores democráticos debe estar presidido por la evaluación sincera y rigurosa sobre su desempeño, pero sobre todo por su utilidad como instancia en la lucha el cambio político; no debe estar condicionado por intereses particulares, sectoriales e individuales, prejuicios y rivalidades que tanto han afectado la cohesión de las fuerzas políticas democráticas, dañando su eficacia en la lucha contra el régimen. Además, debe evaluarse quién o quiénes son los beneficiarios netos e inmediatos de la desaparición del interinato.
Es conveniente recordar que el Gobierno Interino —cuya vigencia legal finalizaría cuando en el país se produjera la elección legal y legítima de un nuevo Gobierno— fue la respuesta política y legal acordada por la Asamblea Nacional electa en el 2015 (único poder nacional del Estado con legitimidad de origen) al acto de usurpación perpetrado con la írrita reelección presidencial de Maduro en el 2018.
En la evaluación de la gestión del interinato debe reconocerse sin ambages su fracaso en la consecución de su principal objetivo cual era «el cese de la usurpación» y otros objetivos aguas abajo, por decirlo de alguna manera.
Por otro lado, se cometieron errores de cálculo, acción, gestión y manejos inadecuados de algunos asuntos no convenientemente asumidos, resueltos y comunicados al país, que han tenido como consecuencia su pérdida de influencia, prestigio, apoyo y presencia tanto en el seno del movimiento democrático como de la sociedad.
No obstante lo anterior, no puede concluirse, sin faltar a la verdad, que todo han sido yerros o fracasos e irrelevante su existencia.
La instauración del Gobierno Interino visualizó de manera clara y contundente ante los venezolanos y el mundo la condición usurpadora, dictatorial, ilegal e ilegitima del régimen chavista, facilitó el conocimiento y comprensión de la situación política de Venezuela, contribuyó en buena medida al desconocimiento del régimen de parte de la comunidad internacional y al apoyo a la lucha por la reinstauración de la vigencia efectiva de la Constitución de 1999; ha servido para preservar activos de la república en el exterior que de otro modo hubiesen sido pasto seguro de la corrupción y financiado el aparato represivo y de control social.
Desde su instauración el interinato ha sido para el régimen una verdadera piedra en el zapato (aunque justicia es reconocerlo, cada vez más pequeña). Prueba del incordio que ha sido y continúa siendo para el chavismo es todo el esfuerzo invertido por este para desprestigiarlo y hacerlo desaparecer; el último y fallido esfuerzo en esa dirección fue la operación montada, en la reciente Asamblea de la OEA, para suspender la embajada del Gobierno Interino (quien ejerce la representación del Estado venezolano ante ese organismo panamericano) lo cual hubiese supuesto de hecho la pérdida del estatus de miembro efectivo de la organización.
El cese del Gobierno Interino por decisión de las fuerzas democráticas sin que forme parte de un acuerdo con el oficialismo que garantice, por ejemplo, la calidad democrática del venidero proceso electoral presidencial, beneficiaría en términos netos al régimen. Gana en lo político porque se acaba la piedra en el zapato y una dualidad que no por ser más simbólica que real deja de ser un testimonio importante para recordar la condición ilegitima del Gobierno Maduro. Disminuiría su aislamiento internacional. Ganaría también porque los activos de la república en el extranjero pasarían a manos de quienes están en Miraflores. Entre esos activos hay recursos financieros por un monto aproximado de cinco o seis mil millones de dólares y activos como Citgo que probablemente se perderían. Los activos financieros mencionados al contrario de lo que algunos ingenuos y otros no tanto piensan no serían invertidos en mejorar la calidad de vida de los venezolanos, sino a potenciar el continuismo y el control social que los mantiene en el poder.
Siendo claros los beneficios políticos, simbólicos, financieros para el régimen no son igual de claros y netos las ganancias de tal paso para la lucha por desplazar del poder a quienes hoy lo detentan.
El Interinato tiene todavía recorrido y capacidad para contribuir en la lucha por el cambio político siempre y cuando se hagan las reformulaciones y cambios necesarios en su integración, estructura y gestión.
De lo anterior se concluye que al igual que con las sanciones internacionales, un eventual desmantelamiento del Gobierno Interino solo procedería si se producen concesiones concretas, verificables hacia una transición a la democracia que comenzaría por un proceso electoral presidencial justo, libre y competitivo.
Gonzalo González es politólogo. Fue diputado al Congreso Nacional.
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